Ley de Desmemoria Histórica Democrática
La Veranda de Rafa Rius
Hay que tener cuidado con los adjetivos porque los adjetivos los carga el diablo. Primero fue la Ley de Memoria Histórica en 2007, ahora es la Ley de Memoria Democrática en 2021. Lo de histórica ya era una redundancia, casi un pleonasmo: toda memoria bucea en el pasado y por tanto está necesariamente referida a la historia; no hay ninguna memoria que no sea histórica. Por otra parte, resultaba un adjetivo ambiguo por demás: ¿de qué historia hablamos? ¿de la llegada del Cid a Valencia? ¿de la entrada de las tropas napoleónicas en la península? Si lo que pretendía era dar cuenta y reparar en lo posible los crímenes del franquismo debería haberse llamado así: Ley de Memoria de los Crímenes del Franquismo y dejarse de eufemismos y paños calientes. Ya que aquí no ha habido como en Alemania un juicio de Núremberg de memoria y condena de los crímenes nazis, al menos en lo que se refiere a las palabras, al nombrar la Ley deberían haber sido algo más valientes y claros y haber llamado a las cosas por su nombre.
Ahora, visto el escaso éxito de la primera, se sacan de la manga una Ley de Memoria Democrática que, según sus redactores, revisa y actualiza la Ley de 2007. Dice basarse en los cuatro principios fundamentales que establecen los organismos internacionales de derechos humanos: verdad, justicia, reparación y deber de memoria como obligación para no repetir los hechos. Unos principios que hasta ahora, la de 2007 ha incumplido de manera flagrante. En los 14 años que lleva vigente la anterior Ley, ni ha habido verdad, pues se ha seguido mintiendo impunemente sobre lo que sucedió, dando una visión edulcorada cuando no la versión oficial filofranquista e insultando la memoria de quienes sufrieron la masacre; ni ha habido justicia pues nada ha sido juzgado y las víctimas han tenido que ir hasta Argentina para intentar alguna reparación que, a pesar de ser crímenes de lesa humanidad que no prescriben, al llegar ha España han quedado en nada porque los altos tribunales protegen a los franquistas y a sus herederos; ni mucho menos ha habido la más mínima reparación salvo en pequeños casos aislados y los familiares de las víctimas, ni siquiera han conseguido en la gran mayoría de los casos que fueran enterradas decentemente; por todo lo cual, del deber de memoria, ni hablemos.
También en la actual Ley, el adjetivo democrática resulta redundante: ¿de qué otra forma podría ser sino democrática? ¿acaso dictatorial? (Tal vez se refiere a que tras la muerte del dictador y ya metidos en eso que se empeñan en llamar democracia, se siguieron cometiendo crímenes de Estado, pero, pensándolo bien, no creo que se refieran a eso) Lo que haría falta es que de una vez por todas y dejándose de adjetivos inútiles, fuera realmente una Ley efectiva.
Ahora, el ministro Bolaños, ha asegurado a los miles de personas que buscan los restos de sus familiares y antepasados que cuentan con el Gobierno para ayudarles en esa misión: «Será el Estado el que tendrá la responsabilidad de buscar a las personas desaparecidas, y se hará una planificación cuatrienal para ir avanzando de manera pausada, pero constante, en la recuperación de restos de personas que fueron represaliadas en su momento» (pasemos por alto el eufemismo represaliadas por no decir asesinadas, que es lo que realmente les ocurrió)
Y así mismo, con el fin de facilitar la localización e identificación de las víctimas, se prevé la creación de un banco nacional de ADN y la mejora del derecho de acceso a los archivos y fondos de consulta. Esperemos que al menos esos dos pequeños avances se cumplan.
Eso sí, se ha cuidado el aspecto simbólico: se plantea la creación de dos días de homenaje. La primera fecha, el 31 de octubre, será el Día de todas las víctimas de la guerra civil, – ojo, de todas, de los fascistas que apoyaron el golpe militar, también- del golpe de estado y de la dictadura. Y el 8 de mayo, Día de las Personas Exiliadas, se recordará a todas aquellas personas que tuvieron que abandonar España – esas si que fueron sólo de un bando, por razones obvias- . Dos fechas emotivas y justas que es de temer que en cuanto suba la coalición de derechas al poder, se apresurará a borrar del calendario.
Y, por si alguien se llamaba a engaño, la Ley deja claro que no se pasará del simbolismo: La reparación será histórica y moral, ya que no se contemplan ni la responsabilidad patrimonial del Estado ni indemnizaciones económicas. Sí se hará una auditoría y un inventario de la incautación de bienes que fueron expoliados por el régimen franquista por razones políticas, de conciencia e ideológicas. Un inventario: ( ¨Mire usté, para que lo sepa y se fastidie, esto es lo que le robaron a su familia”) y ahí acabará la cosa.
En definitiva, a pesar de sus tímidas intenciones, sigue siendo una Ley vergonzosa que, es de temer que siga siendo tan inútil como la anterior.
Com diguem en València: “De forment, ni un gra”.