<<Pueblo Potemkin: construcción cuyo único propósito es proporcionar una fachada externa a un país que le va mal, haciendo que la gente crea que al país le va mejor>>
(De la Wikipedia)
El Vaivén de Rafael Cid
En su obsesión por hacer oposición a la oposición antes que gobernar para todos los ciudadanos, durante el pasado agosto el Ejecutivo se encumbró hasta límites surrealistas. En vez de suspender sus vacaciones de inmediato y llamar a rebato convocando una reunión extraordinaria en Moncloa ante el alud de incendios que devoraban medio país, vimos al ministro Oscar Puente utilizar la tragedia para cargar contra sus adversarios políticos. El dirigente socialista, un cretino sin escrúpulos, ironizaba en las redes sociales sobre lo cerca que le quedaba el fuego de Zahara de los Atunes (Cádiz) a Alfonso Fernández Mañueco, presidente de Castilla y León. «Igual puede echarle una mano a Juanma [Moreno]», frivolizó en su mensaje ante la desgracia que se estaba cebando sobre todo en las autonomías del Partido Popular (PP). ¡Que se fastidie el sargento, que no como rancho!
Una afrenta semejante no se conocía desde aquel fatídico 30 de octubre de 2023, cuando la Dana ya se había cobrado 70 muertos en la Comunidad de Valencia y dos en el Letur de Castilla la Mancha, en que el gobierno progresista y sus aliados parlamentarios se negaron a suspender el pleno extraordinario del Congreso sin antes aprobar la reforma para renovar a su favor el Consejo de Administración de RTVE, como habían solicitado los representantes del PP (el Senado sí lo hizo). <<Los diputados no estamos para ir a achicar agua a Valencia>>, espetó entonces la portavoz de Sumar Aina Vidal según contó El Mundo. La fábrica de contenidos en que se ha convertido en Gobierno de coalición de izquierdas tenía este tórrido verano enfocada toda su pirotecnia en denunciar y sobredimensionar las melonadas xenófobas de Vox en las localidades murcianas Torre Pacheco y Jumilla. En una especie de alocada paráfrasis, los abanderados de << España va como un cohete>> trababan de establecer un cierto aire de familia entre estos delirios islamófobos y el lanzallamas de aquellos territorios que permitiera alimentar la cruzada <<PP y Vox son igual>>.
Entre broncas y dislates, la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) promovida por más de 900 organizaciones sociales para regularizar a medio millón de migrantes sigue bloqueada por Moncloa un año después de haber sido tomada en consideración por la Cámara Baja por todos los grupos parlamentarios excepto el de Abascal. Podría interpretarse esta parón como que quienes agitan la tesis de la fachosfera no desean que se visualice el voto de castigo del PP a Vox en la ratificación de esa ILP. Una clase política, del signo ideológico que sea, que utiliza partidistamente los desastres naturales y similares (incendios, inundaciones, atentados terroristas: como en la guerra, aquí también la primera víctima es la verdad)) está enferma y deshumaniza la democracia de valores porque no conoce límites a su ambición. Muta el <<espíritu>> solidario y cooperativo que debe imperar en una comunidad por la <<lógica>> empresarial de la competencia descarnada y el máximo beneficio sectario caiga quien caiga. Inocula el darwinismo social.
Incongruencias de la escuela Potemkin de la contraprogramación han proliferado a troche y moche en este cálido, largo y dramático estío. También en agosto, el viernes 8, Bruselas aprobaba el Reglamento Europeo sobre la Libertad de los Medios. Una norma que busca facilitar y blindar las tareas informativas de profesionales y empresas periodísticas frente a los poderes, públicos y privados. Directiva comunitaria de difícil conjugación, sin embargo, con la política panóptica del Gobierno en el sector comunicativo, empeñado en ver en toda crítica a su gestión una conspiración terraplanista de seudomedios, bulos y recortes de prensa (el famoso golpe mediático y judicial suscrito en un manifiesto por decenas de periodistas, activistas culturales y juristas). Fabulación que el bloque institucional quiso zanjar con el impresentable ukase del 30-O para controlar RTVE (cada vez más en la estela de un NO-DO sanchista) sin necesidad de mayoría cualificada (dos tercios) en los órganos rectores, como venía siendo habitual. De aquellos vientos vinieron luego los lodos de La Familia de la Tele, La Revuelta y esas tertulias sincronizadas con los hooligans de cabecera para intentar vadear el temporal. Todo ello sin que desde el ente público surgiera ninguna protesta parecida a aquellos <<viernes de negro>> de los tiempos de M. Rajoy. Muy al contrario, se conformó un Consejo de Administración compuesto por 15 representantes políticos con una retribución de 125.000 euros al año por vocal, donde el partido ganador de las elecciones quedaba en minoría.
Pero como no escampaba y la formula mamachicho se gripaba, el idus de Potemkin volvió a la carga y donde Bruselas decía Diego el Gobierno tradujo Digo. Aprovechando una modificación de la Ley de Secretos Oficiales, el ministro Bolaños, titular de Presidencia y Justicia (casi un oxímoron) introdujo una disposición que inoculaba la censura de parte en el Reglamento sobre la Libertad de Medios aprobado por la eurocámara. Hasta con 2,5 millones de euros podían ser multados los periodistas que osaran publicar trabajos que Moncloa considerara proscritos. De esta manera, y de llegar a aprobarse en el parlamento, nunca podrán conocerse revelaciones como Los Papeles del Pentágono o saber qué hubo detrás del espionaje a los teléfonos móviles del presidente Sánchez y parte de sus ministros con el dispositivo Pegasus, o porqué de buenas a primeras España entregó la soberanía del Sáhara Occidental, en contra de las resoluciones de la ONU, a su histórico adversario el reino de Marruecos. Salvo que los profanadores se arriesguen a terminar como Julián Assange o Edward Snowden. Todo ello mientras el Grupo de Estados Contra la Corrupción (GRECO) del Consejo de Europa denunciaba que el Gobierno de coalición de izquierdas progresista no había cumplido ninguna de las 19 estipulaciones para luchar contra esa lacra, tal como viene solicitando desde 2019 (el tema de los aforamientos o las puertas giratorias, entre otras).
Otro escenario Potemkin lo protagonizó hace unas semanas la ministra Yolanda Díaz a raíz de la reciente ampliación de las bajas parentales retribuidas. Medida fija-discontinua presentada como una hazaña heroica por la vicepresidenta segunda, aunque en realidad encubría una dejación de funciones frente a los reiterados requerimientos de la Comisión Europea (CE) al respecto. La tramoya del botafumeiro de la titular de Trabajo ocultaba que días antes de aprobarse la licencia por el Consejo de Ministros el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) había impuesto a España una multa de 6,8 millones de euros por no haber incorporado esa mejora en nuestro ordenamiento, a pesar de habérnoslo requerido desde abril de 2024. Como entre gallegos anda el juego, miss Y. Díaz también ha hecho un arte del sorber y soplar al mismo tiempo.
Mientras gobierno y oposición discuten si son galgos o podencos, echándose en cara las cenizas de los incendios con el infantil <<y tu más>>, Vox suma y sigue impasible el ademán. Un titular de El País del 10 de agosto encendía las alarmas. <<Abascal gana entre obreros y parados y se acerca al umbral de Le Pen>>, denunciaba el diario prosanchista en una información que destripaba el Barómetro del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) de julio. Autopsia estadística que venía a poner de relieve el creciente protagonismo del grupo ultra entre aquellos sectores ciudadanos que tradicionalmente han sido votante de la izquierda socialista y comunista. Un vuelco sin paliativos, en la línea de lo que viene sucediendo en otros países de nuestro entorno, al dejar al populismo de extrema derecha la ventana de oportunidad antisistema (del Gobierno central, donde dominan las izquierdas de PSOE y Sumar, y del autonómico, con mayoría conservadora del PP). El sondeo del instituto público señalaba que en estos momentos Vox constituye, a bastante distancia del PSOE y del PP y abismalmente de Sumar, la primera opción electoral para la población más vulnerable y los colectivos más precarios: la escala laboral más baja; oficiales, operarios y artesanos; operadores de máquinas y ensamblares; el sector agroganadero; el sector servicios y los parados (aquí por goleada: un 23,2% de apoyo frente al 14,4% del PSOE). Globalmente, los de Abascal obtienen el respaldo de un 24,6% de la clase baja/pobre, frente al 13,8% del PSOE, el 8,7% del PP y el 4,7/% de Sumar. Lo dice ahora el chef Tezanos después de que lo hubiera anunciado su socio El País en el último sondeo del instituto 40dB: Vox es hoy el partido preferido en la cohorte de edades de 18 a 44 años (juventud sin futuro: sin casa, sin curro, sin poder emanciparse, etc.).
En 2011, espoleada por la crisis financiera del 2008, la gente se echó a la calle al grito <<PSOE, PP, la misma mierda es>> en repudio a un bipartidismo hegemónico que había mostrado una incapacidad dolosa para proteger a la población más afectada. Entonces la protesta, que se encarnó en ese movimiento sin adjetivos que fue el 15-M, estuvo dinamizada por colectivos pro vivienda digna como la Plataforma Antidesahucios (PAH) y grupos organizados de jóvenes marginados por el sistema (inactivos, parados y trabajadores precarios). Este 2025, después de recibir el testigo un gobierno de coalición de izquierdas y tras la pandemia del COVID, esa problemática sigue presente. Han pasado catorce años y, aunque los protagonistas tienen una ADN ideológico distinto, esas lacras permanecen. Somos el país de la Unión Europea (UE) con mayor tasa de paro juvenil y el acceso a la vivienda sigue siendo una entelequia (antes el problema estaba en pagar la hipoteca de la casa; hoy en lograr al menos un alquiler asequible). Y lo que casi es peor, la sociedad civil que capitalizó aquella orgullosa disidencia popular no está ni se la espera por haberse encadenado a un presunto progresismo institucional cercado por la corrupción. Una herencia trufada de frustración por las muchas expectativas fallidas y negadas que da combustible al populismo extremista y explicaría en buena medida el sostenido repunte de Vox.
Iluminado por el fuego, Potemkin avanza a golpe de relato. Y luego, para atizar las brasas en la dirección interesada, siempre están los medios de comunicación afines. Vaya un ejemplo al dente. El 21 de agosto, El País abría su primera con esta noticia: <<La Fiscalía investiga la falta de planes de prevención en la peor oleada de incendios en 30 años>>. Sin más contexto ni añadidos. Extremos explícitos en el subtítulo escondido en páginas interiores: <<Desde 2022 las comunidades han de elaborar los suyos, aunque el Gobierno no ha aprobado aún los criterios para que lo hagan>>. El Libro de Estilo sometido al suicida <<nunca dejes que la realidad te estropee una buena historia>>.
En este mundo traidor, como decía la poetisa Gloria Fuertes, <<todo vale, todo se aprovecha, de un cuerno se hace una percha>>. Si al comienzo de la pira incendiaria era el ministro Puente quien barría para casa a costa de la tragedia, cuando iban calcinadas más de 400.000 la vicepresidenta del Gobierno, la gallega Yolanda Díaz, elevaba la apuesta encabezando una manifestación en Vigo junto al alcalde socialista de la ciudad para criminalizar la política forestal de la Xunta. El Gobierno, ex ante y ex post, haciendo oposición a la oposición caiga quien caiga. Iluminado por el fuego.
De victoria en victoria hasta el epitafio final. Los actos tienen consecuencias.
(Nota. Este artículo es una versión ampliada del publicado en el número de septiembre de Rojo y Negro)
