El Vaivén de Rafael Cid
<<Si continuamos cediendo terreno a las pasiones destructivas, nuestra técnica creciente puede llevarnos a todos al desastre>>
Bertrand Russell (Sociedad humana, ética y política).
El cambio climático es una realidad inapelable y se hará más amenazante mientras el modelo de darwinismo económico prevalezca sobre los bienes comunes. O sea, que cada innovación científico-tecnológica debe sacrificar lo que considera competitivamente no rentable para que una nueva sostenibilidad se abra paso. Ola tras ola, la civilización capitalista ha ido devorando todo lo que le impedía crecer y desarrollarse sin trabas. Ocurre en el marco occidental con la ya casi superada etapa industrial por la cibernética, y ahora nos adentramos en la era de las energías renovables. Carrera medioambiental que sucederá a la fósil, caracterizada por configurar la mayor concentración empresarial de la historia. Incluso a coste homologar bajo su estatus placebo a la energía nuclear, aunque no existe solución para los residuos radiactivos que dejaremos como letal herencia de nuestro paso por el planeta tierra.
Seguramente no habría que descender más de dos escalones generacionales en nuestras biografías para toparnos con un antepasado (padres o abuelos) oriundo del mundo rural, el primer sector productivo que dominaba la economía española hace poco más de un siglo. Luego vino el trasvase poblacional del campo a la ciudad, la compulsiva industria pesada, el boom urbanístico, el turismo de masas y otras economías extractivas a escala que fueron esquilmando los últimos bastiones del medio natural (agrícola, ganadero, forestal y pesquero). Es cierto que. en el caso español, y debido a los intereses políticos dominantes durante la transición, esa mutación se hizo subvencionando a los sectores excedentarios. Los trabajadores de Altos Hornos de Vizcaya y Asturias, o los afectados por la reconversión industrial en astilleros como La Bazán en Galicia, alcanzaron a recibir jubilaciones decorosas gracias a la presión social de unos sindicatos que aún no estaban anillados al poder.
Hoy, sin embargo, la marginación forzada a que se ve sometido el mundo rural carece de esos amortiguadores sociales. La tradicional diáspora de ese múltiple y diverso universo laboral, alejado de los centros de influencia política (el campo no da votos), pone sordina a su problemática y somete a una espiral de silencio sus reclamaciones. Solo últimamente pudimos ver columnas de tractores desfilar por el centro de algunas capitales de provincia para denunciar su tradicional abandono. Aun así, medios políticos y mediáticos <<progresistas>> intentaron enturbiar su protesta insinuando que estaba inducida por la ultraderecha. Muchos de los que solían celebrar las marchas urbanas de los mineros con toda su épica de resistencia y compañerismo militante, daban la espalda a la tractorada con insolente prepotencia.
El último capítulo del expolio existencial a que se ve sometido el mundo rural se ha evidenciado este verano con el alud de incendios que ha asolado los bosques y montes de Galicia y Castilla y León, quemando casi 200.000 hectáreas con su efecto invernadero por la huella del carbono. Especialmente grave es el caso de Orense, dado la dispersión de la población y la tipología de la propiedad, en su mayor parte de titularidad privada (lo contrario que en León). Estamos hablando en Galicia de un total de 30.486 aldeas, de las cuales 3.081 no tienen más de un vecino, y de 3.772 parroquias (agrupación de aldeas) donde en 549 de ellas la mitad del censo es mayor de 65 años (en Orense hay más jubilados que asalariados). No es solo la España despoblada y envejecida la que arde. Es la España pobre, huérfana de los servicios más básicos, donde la condición de propietario rural es una mera ficción nominal (salvo en la ganadería), porque sus dueños carecen de los recursos económicos y vigor para cuidar sus campos. El teatro de operaciones de estos incendios representa un choque de mentalidades, de utilidades, de generaciones y hasta una lucha de clases. En contraste con este minifundismo de saldo, en las extensas explotaciones de viñedos, olivares, frutales, dehesas y hasta en las plantaciones de eucaliptos no suelen propagarse incendios tan devastadores. Quizás porque pertenecen a grandes sociedades que se ocupan de mantenerlas a pleno rendimiento.
Es la cuestión que está detrás del dicho <<el ojo del amo al caballo>>, y que ha sido la base del modelo de libre mercado desde que Adam Smith advirtiera: <<No es por la benevolencia del carnicero, del cervecero o del panadero por lo que contamos con alimentos, sino por sus propios intereses>>. Y que en tiempos recientes el economista Garret Hardin extendió hasta el ámbito de lo público en su libro La tragedia de los bienes comunes, afirmando que solo en aquellos bienes que cuentan con responsables a su cargo (ya sea un particular o el Estado) se puede garantizar su permanencia operativa. Un esquema académico que parecería explicar la feroz incidencia de estos incendios tanto en los terrenos comunitarios de Castilla y León como en la Galicia del minifundismo rural. Sin embargo, no toda la llamada <<ciencia lúgubre>> es unánime al respecto. A contracorriente, Elinor Ostrom, Premio Nobel de Economía 2009, sostiene en La gestión de los bienes comunes que los recursos públicos mejor atendidos y más ecológicamente explotados son aquellos en los que se implica toda la comunidad (pone el ejemplo histórico de El tribunal de las aguas de Valencia).
Vista esta casuística en perspectiva, podría decirse que en los incendios del pasado agosto concurren dos factores. De una parte, el abandono de unos espacios rurales por unos propietarios que carecen de recursos para atenderlos adecuadamente. Y por otra, la problemática de unas comunidades autónomas que, si bien son las competentes para la gestión forestal preventiva, tampoco disponen de los medios necesarios para cumplir eficientemente su función. La tormenta perfecta cuando por la meteorología adversa, los rayos o la imprudencia humana se queman los bosques en muchas zonas y regiones a la vez. El dueño de los campos ni puede ni quiere atenderlos por ser tierra baldía desde el punto de vista económico, y las administraciones concernidas no siempre están a la altura. Esta concurrencia de debilidades hace quimérica una política proactiva de incentivos para revalorizar el entorno rural (el 55% del territorio es superficie forestal: 28 millones de hectáreas) y de facto inhibir los incendios.
Así las cosas, nos topamos con la Ley de Montes y la prohibición de 30 años sin recalificar terrenos incendiados para desincentivar la piromanía instrumental, salvo <<razonas imperiosas de interés público>>. Pero cuando se promulgo la norma en 2005 el legislador tenía en mente al desarrollismo urbanístico rampante, nada que ver con los tiempos actuales en que los parques eólicos son el oscuro objeto de deseo de las multinacionales energéticas. Y aquí puede haber una línea de escape para prohibición, debido a esa concurrencia de debilidades entre propietarios fallidos y corporaciones públicas desbordadas. ¿Sucederán los enjambres eólicos a aspaventosos a los campos calcinados? Los incendios en esas montañas de castaños y carballos comenzaron el mismo primero de agosto que se conocía el fallo del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) avalando la tramitación de 70 proyectos eólicos paralizados por litigios sobre evaluación ambiental instados por colectivos ecologistas y vecinales. Un balón de oxígeno para la patronal del sector que desbloquea inversiones de más de 3.000 millones y viene a sumarse al de 2023, con la eliminación de la obligación de Declaración de Impacto Ambiental (DIA) para parques de más de 50 Megavatios aprobada por el Gobierno.
Las dos autonomías con más hectáreas quemadas durante este verano son los territorios más codiciados por las eólicas. <<Galicia es la comunidad con mayor densidad de parques eólicos por kilómetro cuadrado>>, mientras <<Castilla y León lidera el ranking de potencia eólica instalada y tamaño en España>> (La Voz de Galicia, 10 de agosto de 2025). Cuando el economista austriaco Joseph Schumpeter definió el capitalismo como una suerte de <<destrucción creativa>> estaba lejos de sugerir que tras una catástrofe (un gran incendio, la destrucción de Gaza o la de Ucrania) el negocio estuviera centrado en la reconstrucción. Visto así, todo problema entraña una oportunidad, puro principio de Arquímedes. Restar recursos en equipos y personal para la prevención de los incendios, implica la ingente militarización de las labores de extinción. El Centre Delas per la Pau cifró en 1.600 millones el presupuesto total de la UME y en cerca de 4.000 sus integrantes, <<presupuesto –sostiene el CDPLP- que sin duda sería mejor aprovechado si se dedicara exclusivamente a protección civil>>. De hecho, el personal de la UME, que no está sobre el terreno y es fijo-indefinido, solo interviene a demanda para sofocar incendios, al contrario que las brigadas forestales, cuyo cometido es la prevención in situ, que tienen contratos temporales-estacionales (entre 2023 y 2024 se <<perdieron>> 2.617 profesionales, según eurostat. La cebada al rabo. Como escribió Antonio Machado, <<bueno es saber que los vasos nos sirven para beber, lo malo es que no sabemos para qué sirve la sed>>.
O surge un nuevo 15-M para el reencuentro entre el mundo rural y el urbano o habrá que resignarse a decir adiós a todo eso.
(Nota. Este artículo se ha publicado en el número de octubre de Rojo y Negro)
