Arrepentimiento y propósito de la enmienda

Artículos Perecederos

Antonio Pérez Collado

De los lejanos y grises días de la escuela franquista nos han quedado más posos de los que creemos quienes nos formamos en aquellas austeras aulas, presididas por el crucifijo y los retratos de Franco y José Antonio. Junto a la lista de reyes godos, los ríos, cabos y golfos de la península o las vidas ejemplares de santos y conquistadores nos quedan -casi completos en la memoria- oraciones y mandamientos del catecismo católico, apostólico y romano.
En mi caso, recuerdo perfectamente que algunos de los requisitos imprescindibles para que los pecados fueran perdonados en la confesión eran el arrepentimiento y el propósito de la enmienda; dos exigencias que parecían lógicas, aunque no todo el mundo las cumplía. Si uno no se arrepentía ni renunciaba a seguir cometiendo esas supuestas maldades, no tenía sentido acudir al confesionario.

Hoy la escuela ha cambiado mucho -y bastante más que le falta todavía por mejorar- y las normas de la Iglesia ya no hay que sabérselas de memoria. Sin embargo, sí que existen unas valores éticos, unas normas de convivencia social que hemos de aprender y seguir en nuestra vida en común, con independencia de que vengan impuestas o no por las leyes emanadas del poder establecido. Son principios, comportamientos, sentimientos, etc. que están (o han de estar) asumidos por nuestra conciencia individual, por nuestra voluntad.

Y dentro de esa moral laica, reconocer que uno o una se ha equivocado, pedir perdón por los daños que se hayan podido causar y corregir o reparar la acción errónea es la postura más correcta y digna. Pero en el caso de la política española no parece que esa actitud esté muy generalizada; aquí lo normal es equivocarse y, en lugar de reconocerlo, esperar que la gente haya olvidado las metidas de pata o aquellas decisiones que han causado grandes males a la mayoría social.

En estos momentos tan duros que estamos viviendo como consecuencia de la pandemia del coronavirus, se están produciendo algunos llamativos cambios de posición por parte de responsables de importantes organizaciones políticas y sindicales, sin que previa -o simultáneamente- hayan tenido el detalle de asumir que, años atrás, fueron esos partidos y sindicatos los que acordaron y aplicaron las reformas laborales y recortes sociales que ahora todo el mundo considera el origen de la endeblez del sistema sanitario y del resto de los servicios públicos españoles.

Estaría muy bien -si fueran cambios sinceros y radicales- que PSOE, UGT y CC.OO. (de los partidos y sindicatos más conservadores no tengo ninguna duda de que actúan al dictado del capital) dieran un giro de 180º a su posición habitual y se pusieran al lado de la clase trabajadora para recuperar todos los derechos perdidos (o mejor dicho; arrebatados) desde los Pactos de la Moncloa a nuestros días. Pero para que ese nuevo rumbo no parezca una mera estrategia o lavado de imagen, a la espera de que amaine el temporal y las aguas vuelvan a su cauce, es previo y prioritario asumir que las reformas aplicadas en estos últimos cuarenta años sólo han beneficiado a la minoría más rica de la sociedad, al privatizar sectores públicos, deslocalizar empresas, abaratar salarios, flexibilizar jornadas y precarizar contratos de trabajo, liberalizar los despidos, introducir ETT y subcontratas, etc.

Decir ahora que hay mucha pobreza, que la mayoría del empleo es precario o que faltan profesionales en la sanidad o la enseñanza, sin tener la honradez de aceptar la responsabilidad en la adopción de esas medidas antisociales, parece una postura oportunista y poco creíble. Condenar las privatizaciones (o apuntárselas exclusivamente a la patronal y la derecha) cuando se han pactado por unanimidad (o casi) acuerdos para poner en manos privadas atención sanitaria, empresas públicas y muchos servicios sociales parece un intento de lavarse las manos sin querer explicarnos la reciente y poco gloriosa historia de la izquierda oficial, ni mucho menos arrepentirse de ella.

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