El Vaivén de Rafael Cid

Las dos varas de medir con que el secretario general del PSOE afronta los casos que afectan a Tomás Gómez y al tándem formado por Manuel Chaves y Juan Antonio Griñán, distintos pero no distantes aunque si contradictorios, anuncian los estertores de un partido que prefiere sacrificar la coherencia ética para salvar a una casta cleptómana que se ha escudado tras sus siglas centenarias para propiciar ambiciones políticas incompatibles con una sociedad democrática. Un caciquismo que blindará aún más el tradicional oscurantismo de la clase política cuando delinque por encima de sus posibilidades.

Un catedrático de metafísica como Ángel Gabilondo parece el fichaje más idóneo para liderar la candidatura a la Comunidad de Madrid (CAM) por un partido que ha cambiado las primarias de aquella manera por una inventada “democracia interpretativa” a través “asambleas de tanteo” (no hay fechoría política sin atropello lingüístico). Porque solo alguien impuesto en las artes adivinatorias puede desentrañar lo que significa que la cúpula socialista sea quien releve la verdad política a sus militantes, sin tener en cuenta lo que deciden los militantes pero tras consultar a los militantes. El gobierno del pueblo, para el pueblo, sin el pueblo.

Elección por cooptación entre notables se llamaba antes a esta fórmula de nombramientos a dedo propia de los partidos comunistas y su centralismo democrático, que era una manera politicamente correcta de renombrar a la “democracia politburó”. Un apaño, al fin y al cabo, que casi siempre requiere contar con un líder más o menos carismático al que se le concede capacidad para lograr a nivel individual lo que para el colectivo se torna incierto. Esa es la opción que representa Gabilondo, piadoso del consenso y hábil dialéctico, como tiene acreditado en su amplia experiencia como catedrático, rector y ministro de Educación en el gobierno de la contrarreforma del artículo 135 de la C. E. de Rodríguez Zapatero.

Salvo en aquella estrafalaria experiencia electoral de la “operación reformista” (un submarino a nivel estatal de CiU pero sin CiU) ejecutada al principio de la transición, hay pocos precedentes de un proyecto político que pivote sobre un dirigente que ni es del partido en liza ni piensa serlo, como ha manifestado el designado por el pantocrátor de Ferraz. Por más que Gabilondo tiene demostrado que no hay problema metafísico que se le resista. En su atapa de máximo responsable de la Autónoma de Madrid (UAM) se las ingenió para que la Universidad impartiera una carrera que no existía en su oferta académica: el título de Periodismo de la UAM se otorga como franquicia de la Escuela de Periodismo del diario El País.

La disputa entre primarias y consulta que enfrenta a diferentes sectores socialistas, según arrimen el ascua a la sardina de los partidarios del defenestrado líder del PSM o confluyan con los avalistas de Gabilondo, tiene trascendencia más allá del ámbito partidista. Aparte de la excusa de la falta de tiempo, Ferraz rechaza otra celebración de primarias porque resulta arriesgado someter a votación entre la militancia la elección de un representante externalizado, ajeno a sus siglas. Incluso la vigente Constitución distingue entre sufragio activo (la capacidad de elegir en los comicios a cualquier residente, aunque no se sea español) y sufragio pasivo (ser elegido), opción reservada a los naturales del país, excepción abierta posteriormente para las municipales a los ciudadanos comunitarios tras la incorporación a la Unión Europea (UE).

Todo este galimatías tiene un mismo y zafio epicentro: el absoluto desprecio de la opinión pública. El partido-aparato lo es todo y los votantes una simple caja de resonancia. Se ha visto por activa y por pasiva en la asimetría de la purga a Tomas Gómez en el PSM y la imputación de Chaves y Griñán a cuenta del caso de los EREs por el Tribunal Supremo. Al margen de la infame desfachatez de decir una cosa y días después lo contrario por parte de Pedro Sánchez y Susana Díaz, como corresponde a todo liderazgo partidista que se precie, lo que verdaderamente indica el atavismo antidemocrático de las cúpulas políticas es la privatización que pretenden hacer del escaño de sus representantes.

El acta de diputado o senador es personal e intransferible. Y, aunque haya una imputación por medio, el partido carece de potestad para desposeerla. Por tanto, una cosa es que voluntariamente Gómez haya tomado la decisión de cederla y otra muy distinta afirmar a tontas y a locas que Grinán y Chaves deben seguir ese mismo camino de renuncia. Semejante actitud indica una concepción patrimonialista del parlamentarismo vernáculo. Lo que si pueden hacer los partidos es suspender de militancia a sus miembros bajo imputación judicial o similar, pero nunca pedir que devuelvan “lo que no es suyo”, porque conllevaría un expolio de la res pública. Esa postura, con sesgo feudal, es la que ha tomado el también imputado presidente de Melilla por el PP Juan José Imbroda, que ni piensa dimitir como senador, ni ha sido dado de baja en el partido y además se ofrece a repetir como candidato.

Al final una democracia mínimamente representativa (y no hablamos ya de la “utopía” de una democracia directa) radica en quién elige a los representes y para qué. Y ese es el axioma bifronte que continuamente vulnera la partidocracia al incumplir programas, promesas y suplantar el voto de los representados por el ordeno y mando de las cúpulas. Pierre Bourdieu analizó magistralmente esta casuística en un libro titulado Herederos, donde señalaba que los mecanismos de elección para el acceso a la educación superior están hechos para favorecer una discriminación que permita la reproducción del sistema. El secreto del statu quo, decía el sociólogo francés, anida en controlar “la elección de elegidos”.

Aunque aquí ya deberíamos estar curados de espanto. Todos los grandes hitos en que los españoles han cedido soberanía se han hecho al margen de las urnas, de la voluntad general. Sin consultar a la gente se consumó la aceptación de la monarquía como forma de Estado (1979); la entrada en la OTAN (1982); la adhesión a la Unión Europea (1986); la reforma del artículo 135 de la Constitución Española (2011) y la cesión del territorio nacional para Base Naval de Sistema de Escudos Antimisiles (2011). Y curiosamente casi siempre por iniciativa de la izquierda en el poder o con su complicidad manifiesta. Porque, el polémico referéndum “OTAN, de entrada NO”, para lo que en realidad sirvió fue para legitimar con el voto ciudadano una decisión unilateral y antidemocrática del último gobierno de la UCD de Leopoldo Calvo Sotelo.

(Nota. Por cierto, ¿qué argumento es ese de que los jueces deben callar en tiempo de elecciones para no interferir en las campañas de los partidos? Sin embargo, cuando se trata de lanzar a la calle a una familia desahuciada por los bankers no hay receso judicial que valga. Pues eso, el sistema-régimen: socializando pérdidas y privatizando ganancias).