{"id":8735,"date":"2022-11-06T21:44:24","date_gmt":"2022-11-06T19:44:24","guid":{"rendered":"https:\/\/www.radioklara.org\/radioklara\/?p=8735"},"modified":"2022-11-06T21:48:41","modified_gmt":"2022-11-06T19:48:41","slug":"ley-de-memoria-iniciativa-popular-para-no-perpetuar-la-infamia","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.radioklara.org\/radioklara\/ley-de-memoria-iniciativa-popular-para-no-perpetuar-la-infamia\/","title":{"rendered":"Ley de Memoria: Iniciativa Popular para no perpetuar la infamia"},"content":{"rendered":"

<<Quae non est plena veritas est plena falsitas non semiveritas \/ Lo que no es plena verdad es plena falsedad, no verdad a medias)<\/em><\/p>\n

(Principio jur\u00eddico)<\/em><\/strong><\/p>\n

El Vaiv\u00e9n de Rafael Cid<\/h4>\n
\"\"<\/a>
Rafael Cid<\/figcaption><\/figure>\n

\u00bfPuede una ley salida del sedicente gobierno m\u00e1s progresista desde la transici\u00f3n ser oficialmente celebrada poco menos que como un avance civilizatorio y percibida como un dechado de virtudes por amplios sectores de la izquierda y sin embargo consumar con su silencio la discriminaci\u00f3n m\u00e1s arbitraria, humillante e injusta contra las v\u00edctimas del franquismo m\u00e1s sanguinario? Esta tropel\u00eda se consiente y promueve en la recientemente sancionada Ley de Memoria Democr\u00e1tica. Y toma cuerpo en el ol\u00edmpico olvido y consecuente marginaci\u00f3n decretado a la hora de minusvalorar a los millares de hombres y mujeres que combatieron a la dictadura precisamente en el periodo m\u00e1s terrible y cruel de la larga postguerra.<\/p>\n

Observo contrariado e incr\u00e9dulo el pertinaz silencio y subsiguiente embalsamamiento en que se ha instalado el muy meritorio activismo memorialista en los \u00faltimos meses. Precisamente cuando, siendo consecuentes con lo que ha sido demandado durante a\u00f1os respecto a la indeclinable reparaci\u00f3n que se debe a las v\u00edctimas de la dictadura, ser\u00eda m\u00e1s necesario polinizar su activismo equitativo, humanista y libertario.<\/p>\n

Parece como si una vez aprobada en el Congreso y en el Senado (aqu\u00ed sin aceptar ninguna enmienda) la pretendida Ley de Memoria Democr\u00e1tica (LMD) y refrendada en el BOE para que surta efectos jur\u00eddicos ya no hubiera nada que hacer. Aceptarlo as\u00ed ser\u00eda reconocer que pecamos de incr\u00e9dulos al creer que ese d\u00e9ficit \u00e9tico y democr\u00e1tico iba a ser revertido y subsanado por la buena voluntad de la izquierda institucional representada por el Gobierno de PSOE y Unidas Podemos.<\/p>\n

Hoy ya sabemos que era una falsa percepci\u00f3n de la realidad. La brecha que existe entre lo que prometen las sedicentes fuerzas progresistas cuando est\u00e1n en la oposici\u00f3n y una vez alcanzan el poder estaba largamente acreditada en el tiempo y de nuevo no ha sido desmentida en la realidad de los hechos probados. L\u00e1stima que a esa claudicante pr\u00e1ctica, tan experimentada desde el \u00e1mbito de la sociedad civil en general y el \u00e1mbito libertario en particular, al parecer en esta ocasi\u00f3n se la ha ofrecido una ventana de oportunidad tambi\u00e9n estando en el Gobierno. Quiz\u00e1s pensando que, mal que bien,\u00a0 <<son unos de los nuestros>><\/em>.<\/p>\n

Sea como fuere, todav\u00eda no est\u00e1 todo dicho. A\u00fan hoy, aqu\u00ed y ahora, es posible revertir esa injusta e infame discriminaci\u00f3n en el reparto de indemnizaciones econ\u00f3micas que la ley establece entre v\u00edctimas de primera\u00a0 y de segunda clase, seg\u00fan lo fueran despu\u00e9s o antes de la arbitraria criba de 1968. Aunque, en abierta y flagrante contradicci\u00f3n, la Ley de Memoria democr\u00e1tica, en su art\u00edculo 3, I, proclama los siguiente: <<A los efectos de esta ley se considera v\u00edctima a toda persona, con independencia de su nacionalidad, que haya sufrido, individual o colectivamente, da\u00f1o f\u00edsico, moral o psicol\u00f3gico, da\u00f1os patrimoniales, o menoscabo sustancial de sus derechos fundamentales, como consecuencia de acciones u omisiones que constituyan violaciones de las normas internacionales de derechos humanos y del derecho internacional humanitario durante el periodo que abarca el golpe de Estado de 18 de julio de 1936, la posterior Guerra y la Dictadura, incluyendo el transcurrido hasta la entrada en vigor de la Constituci\u00f3n espa\u00f1ola de 1978>><\/em>.<\/p>\n

Tan humillante segregaci\u00f3n no puede aceptarse por mucho que venga con el aval del Ejecutivo de coalici\u00f3n y de las fuerzas parlamentarias que lo han apoyado (desde la izquierda y asimilados, la LMD de <<punto final>><\/em> solo cont\u00f3 con el voto en contra de la CUP y la abstenci\u00f3n de ERC y el BNG). Hay que elegir otro escenario m\u00e1s favorable y cambiar el foco, llevando el debate m\u00e1s all\u00e1 del coto institucional. Existe un mecanismo jur\u00eddico y pol\u00edtico para que sea la propia ciudadana quien, mediante una acci\u00f3n organizada y con pleno conocimiento de causa, diga su \u00faltima palabra al respecto.<\/p>\n

Esa herramienta se llama Iniciativa Legislativa Popular (ILP), que junto con el Jurado es, con sus muchas limitaciones, el \u00fanico dispositivo de participaci\u00f3n directa que habilita la Constituci\u00f3n vigente. Est\u00e1 recogida en el art\u00edculo 87, punto 3, y precisa de 500.000 firmas para la presentaci\u00f3n de proposiciones de ley desde la base de la sociedad. Ciertamente la ILP no es vinculante y puede ser rechazada por el Parlamento. De hecho son muchas las emprendidas hasta la fecha y solo dos las que han sido tomadas en consideraci\u00f3n y convertidas en ley (la de Propiedad Horizontal y recientemente la del Mar Menor). Pero al no tener la Ley de Memoria Democr\u00e1tica reserva de ley org\u00e1nica este \u00f3rdago se puede plantear, y dudo mucho que si se hace a bocajarro de las elecciones auton\u00f3micas, municipales y generales del pr\u00f3ximo 2023, PSOE y UP persistan en su rechazo.\u00a0 Llegar\u00edan a las urnas estigmatizados socialmente y con costes de legitimidad inasumibles.<\/p>\n

Para contextualizar el problema conviene recordar que lo que ha hecho la Ley de Memoria Democr\u00e1tica (LMD) de 2022, al respecto de esa flagrante discriminaci\u00f3n econ\u00f3mica, ha sido mantener lo inicialmente previsto en la anterior y tan celebrada Ley de Memoria Hist\u00f3rica (LMH) de 2007. Aquella fue producto\u00a0 de un proyecto de ley (iniciativa legislativa del Gobierno) que ni siquiera fue sometido a dictamen del Consejo de Estado, lo que indica la intenci\u00f3n de tr\u00e1gala, dada la supuesta carga emocional <<antifranquista>><\/em> que conllevaba. Ese informe no era preceptivo, pero dada la trascendencia de la ley, hubiese sido conveniente para mayor cohesi\u00f3n social y ciudadana.<\/p>\n

Las modificaciones que hace de las indemnizaciones por privaci\u00f3n de libertad durante el franquismo, en los supuestos de la Ley de Amnist\u00eda, son inferiores (art\u00edculo 7). Ya estaban contempladas indemnizaciones en una la Ley 4\/1990, de 29 de junio, de Presupuestos Generales del Estado para el a\u00f1o 1990,\u00a0 y las \u00fanicas novedades fueron:<\/p>\n

 <\/p>\n

-Que la privaci\u00f3n de libertad pod\u00eda haber sido, no solo en el \u00e1mbito civil (establecimientos penitenciarios) sino tambi\u00e9n en el militar (Batallones Disciplinarios).<\/p>\n

-Que la edad que ten\u00edan que tener los privados de libertad a 31 de diciembre de 1990 se reduc\u00eda de 65 a 60 a\u00f1os.<\/p>\n

-Y que, en el caso del beneficiario c\u00f3nyuge sup\u00e9rstite, ya no se exige que sea pensionista de viudedad por tal causa.<\/p>\n

 <\/p>\n

Es decir, es una modificaci\u00f3n menor de unas indemnizaciones preexistentes, en las que no se ha replanteado su configuraci\u00f3n, limit\u00e1ndose a un ajuste de detalle.<\/p>\n

En relaci\u00f3n con el art\u00edculo (10. Reconocimiento a favor de personas fallecidas en defensa de la democracia durante el per\u00edodo comprendido entre el 1 de enero de 1968 y 31 de diciembre de 1977), por lo intuido del debate en Comisi\u00f3n se trata de una mera traslaci\u00f3n al \u00e1mbito de la Memoria Hist\u00f3rica de las indemnizaciones previstas en el \u00e1mbito de las V\u00edctimas del Terrorismo por la Ley 32\/1999, de 8 de octubre, de Solidaridad con las V\u00edctimas del Terrorismo<\/p>\n

Ambas contemplan \u00fanicamente indemnizaciones a partir de 1 de enero de 1968 y la cuant\u00eda que se reconoce por fallecimiento es pr\u00e1cticamente id\u00e9ntica (138.232,78\u20ac para las v\u00edctimas del terrorismo y 135.000\u20ac en memoria hist\u00f3rica).<\/p>\n

Aunque en la votaci\u00f3n de la LMD se ha abstenido, en la comisi\u00f3n ERC rechaz\u00f3 dicha diferenciaci\u00f3n por fechas, tach\u00e1ndola incluso de ilegal a la par que ileg\u00edtimo (otra v\u00eda de posible derogaci\u00f3n a futuros): \u201cPedimos la supresi\u00f3n del art\u00edculo 10; es evidente que su contenido queda comprendido en el \u00e1mbito de aplicaci\u00f3n de la presente ley mediante otras enmiendas ya presentadas por Esquerra y consagra una verdadera injusticia al distinguir entre represaliados con anterioridad y represaliados con posterioridad a 1968. Querer establecer distintas categor\u00edas de represaliados es un comportamiento vergonzante y por supuesto es motivo de inconstitucionalidad de esta misma ley\u201d. Injusticia retrospectiva que desprecia el art\u00edculo 14 de la Constituci\u00f3n, donde se proclama: <<Los espa\u00f1oles son iguales ante la ley, sin que pueda prevalecer discriminaci\u00f3n alguna por raz\u00f3n de nacimiento, religi\u00f3n, opini\u00f3n o cualquier otra opini\u00f3n circunstancia personal o social>><\/em>. Este quebranto (por la v\u00eda de los hechos consumados: ni motivado ni fundado) no alter\u00f3 la posici\u00f3n de Unidas Podemos (UP), al apoyar la literalidad de toda la norma, a pesar de que en el programa de gobierno suscrito con el PSOE los morados se hab\u00edan comprometido a <<Desarrollar actuaciones de reconocimiento y reparaci\u00f3n de las v\u00edctimas de la Guerra Civil y de la Dictadura>><\/em> (Punto 5.4 de la Coalici\u00f3n Progresista). Reparaci\u00f3n s\u00ed, n\u00famerus claususno.<\/p>\n

En fin, de nuevo parece que se limitaron a copiar lo que hab\u00eda en otros \u00e1mbitos, en vez de dise\u00f1ar un esquema indemnizatorio nuevo, justo y cabal, que de verdad respondiese a la situaci\u00f3n en s\u00ed. Adem\u00e1s usaron 1968 como parteaguas de las compensaciones econ\u00f3micas para medir el alcance de las indemnizaciones porque fue a ra\u00edz de esa fecha cuando la insurgencia de ETA produjo v\u00edctimas. La il\u00f3gico y aberrante de esa dataci\u00f3n es que a las decenas de miles de v\u00edctimas de la dictadura en los a\u00f1os de plomo previos al 68 (los de mayor n\u00famero y los que sufrieron la represi\u00f3n m\u00e1s feroz) se las castiga con una indemnizaci\u00f3n trece veces inferior que a las posteriores. Adem\u00e1s, buscando deliberadamente una zona de opacidad frente a la obligada trasparencia que debe presidir la casu\u00edstica legislativa, la LMD carece del anexo de una Memoria del An\u00e1lisis de Impacto Normativo (MAIN), regulado en el Real Decreto 931\/2017 (derogatorio del RD 1083\/2009), al ser en el aspecto aqu\u00ed se\u00f1alado una trasposici\u00f3n de la LMH de 2007. En contrario habr\u00eda tenido que se\u00f1alar el evidente <<impacto negativo>><\/em> infringido en materia de igualdad de oportunidades.<\/p>\n

Importa sobremanera resaltar que la afrenta m\u00e1s lacerante que consuma la Ley de Memoria Democr\u00e1tica del <<sanchismo>><\/em>, a rebufo y como secuela (en esencia un corta y pega expandido) de la precedente Ley de Memoria Hist\u00f3rica del <<zapaterismo>><\/em>, no radica en su vertiente pecuniaria. Ese aspecto es solamente su vergonzosa e irresponsable taxonomizaci\u00f3n. Lo sustantivo, por el contrario, es de \u00edndole moral, y est\u00e1 en el bochornoso abandono de toda esa generaci\u00f3n de hombres y mujeres que desafi\u00f3 al franquismo m\u00e1s criminal sin reparar en las consecuencias. Precisamente por eso, perpetuar la sangrante exclusi\u00f3n significa bendecir una nueva ley de punto final. Es el definitivo olvido selectivo lo que reivindica la LMD del <<gobierno de la gente>><\/em>, no la memoria y el reconocimiento. En este supuesto podr\u00eda afirmarse, con el jurista Danilo Zolo, que en ese norma anida y prevalece una \u00abjusticia de los vencedores, que se aplica a los derrotados y oprimidos, con la connivencia de las instituciones internacionales, el silencio de gran parte de los juristas acad\u00e9micos y la complicidad de los medios de comunicaci\u00f3n>><\/em>.<\/p>\n

Una Iniciativa Legislativa Popular capaz requiere no solo del esfuerzo mancomunado de personas individuales, sino y sobre todo del compromiso de organizaciones y asociaciones que pongan sus recursos en red en favor de la causa a pie de calle (hogar, obra, taller, empresa, universidad, centros sociales). En concreto, CGT y CNT (en l\u00ednea con la interesante campa\u00f1a conjunta por Los 6 de Gij\u00f3n), que fueron los abanderados de esta denuncia, tienen ante s\u00ed una noble causa que reivindicar para remover el statu quo inserto en la LMD. Que si se hace proactivamente, con cabeza y sin sectarismo, puede acaparar la empat\u00eda de mucha gente que ha permanecido ausente del debate, distra\u00edda por la parafernalia de una ley que llaman <<democr\u00e1tica>><\/em> (y no lo es) y proceder del\u00a0 sedicente <<Gobierno m\u00e1s progresista desde la transici\u00f3n>><\/em>.<\/p>\n

 <\/p>\n

(Nota. Este texto es una versi\u00f3n actualizada del art\u00edculo publicado en el n\u00famero de Noviembre de Rojo y Negro)<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

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