¿Del Estado de Alarma al Estado de Excepción? Pásalo

Rafael Cid
Rafael Cid

El Vaivén de Rafael Cid

Tenemos infelizmente constatado que desde el Gobierno socialista y con el acuerdo mayoritario de los grupos políticos con representación parlamentaria se han ejecutado en el último año una serie de contrarreformas profundamente lesivas para los derechos de los trabajadores y los sectores más débiles de la sociedad. Es una triste evidencia que quienes más sufren la crisis desencadenada por el sistema financiero en cohabitación con las grandes corporaciones inmobiliarias se han visto abocados a recortes económicos, laborales y sociales que tienen su reflejo más cruel en esos cerca de 5 millones de desempleados y en el amplio contingente de ciudadanos y familias que ya se asoman al umbral de la supervivencia.

Sin embargo, con ser grave esa situación sobrevenida por el designio de los mercados de capitales que manejan las multinacionales de la financiarización, hasta ahora no existía la percepción de un ataque directo a los derechos y libertades. La jibarización dolosa del magro Estado de Bienestar se mantenía al pairo de otras actuaciones que pudieran catalogarse como regresiones constitucionales. Pero ahora podríamos estar tentando esa pendiente.

Hace meses asistimos entre curiosos e incrédulos a la militarización del tráfico aéreo comercial para tumbar la huelga que los controladores habían anunciado en pleno periodo de vacaciones como medida de fuerza en el conflicto laboral desatado con su empleador, la Administración del Estado. Fue entonces la primera vez que, prácticamente desde el franquismo, vimos de nuevo al ejército desplegado en ámbitos de la sociedad civil en cumplimiento del Estado de Alarma decretado por el gobierno que preside Rodríguez Zapatero.

Y ahora vuelta a las andadas. La Junta Electoral de Madrid (JEM) acaba de solicitar a la Delegación del Gobierno en Madrid que impida las reuniones pacíficas que distintos grupos de ciudadanos vienen realizando en la céntrica Puerta del Sol de Madrid en demanda de una regeneración democrática. Peo está vez sin el espantapájaros exculpatorio de garantizar el correcto funcionamiento de un servicio estratégico y la libre circulación de las personas (por cierto ahora dinamitada en Schengen por los gobiernos de la Unión Europea). Hoy la justificación es ampara en una suerte de coacción preventiva invertida. El argumento de la JEM atiende a que “la petición de un voto responsable (…) puede afectar a la campaña electoral y a la libertad del derecho de los ciudadanos al ejercicio del voto” (sic). Se prohíbe, pues, el constitucional derecho de reunión para evitar que el ejercicio del igualmente fundamental derecho de expresión interfiera el “un voto responsable”. Es decir, se prohíbe “al dente” el artículo 16 (que garantiza la libertad ideológica), el 20 (el derecho a expresar y difundir libremente los pensamientos, ideas y opiniones) y el 21 (el derecho de reunión pacífica) para sofocar la deliberación sobre una democracia que el propio preámbulo de la Carta Magna desea “avanzada”

Seguramente esto no es un Estado de Excepción. Pero al menos contiene elementos de una excepción del Estado.

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