El dudoso encanto de lo privado

En nuestro país y prácticamente en todo el mundo capitalista (ya que pocos rincones quedan donde el capitalismo, con uno u otro toque local, no dirija el destino de los pueblos) se vienen intensificando estas campañas en contra de lo público y a favor de la gestión privada de centros de enseñanza, hospitales, residencias de mayores, instalaciones recreativas, limpieza viaria y recogida de basuras, aguas potables, transporte, correos y cualquier actividad suficientemente atractiva para los inversores. No parece ajena a esos planes privatizadores la creciente proliferación en la televisión de anuncios de seguros sanitarios.

El deterioro del sistema público de sanidad hace tiempo que se venía detectando, pero ha sido tras la pandemia del Covid cuando el problema se ha agudizado y las quejas de los usuarios han saltado de las colas de centros de salud y hospitales a las calles de numerosas ciudades. Particularmente cargado de movilizaciones ha sido el mes de febrero, con manifestaciones multitudinarias en Madrid, Galicia y otros territorios. También varios colectivos del personal sanitario han tenido que ponerse en huelga para denunciar la falta de medios y de profesionales en todo el sistema de salud, pero principalmente en la atención primaria.

Porque hay que decir que aunque determinados medios de comunicación y algún partido político carguen las tintas de sus denuncias casi exclusivamente sobre los responsable autonómicos de las comunidades gobernadas por el PP (muy especialmente sobre el ejecutivo encabezado por Díaz Ayuso en Madrid) lo cierto que que la ofensiva no es nueva ni sus impulsores son todos de derechas. O sí, si nos fijamos más en sus decisiones que en sus siglas.

Sin quitar ni una coma a todas las críticas que se han hecho a la nefasta gestión de la sanidad pública por los gobiernos del Partido Popular, hay que añadir que otros partidos (casi todos, por desgracia) también han dado pasos hacia la privatización. Bien es cierto que son pasos más medidos y silenciosos que los del PP, pero van en la misma dirección.

Porque hablando de comunidades donde no manda la pérfida derechona, leemos que en Valencia se construirán seis nuevos hospitales privados en los próximos años, mientras las listas de espera para consultas e intervenciones quirúrgicas se alargan cada día más y en los hospitales faltan camas y personal, lo que indigna a los profesionales que también preparan su huelga. Poco mejor se puede hablar de Aragón, también gobernado por los supuestos socialistas.

Cataluña y el País Vasco, con gobiernos algo más escorados al centro del tablero político y niveles de eficiencia sanitaria pública superiores al resto de comunidades, en estos momentos tampoco son ajenos al vendaval privatizador. En Cataluña -donde una de cada cuatro familias ya tiene un seguro sanitario privado- hospitales emblemáticos como el Clínic o el Sant Pau podrían acabar con una gestión privada y la atención primaria y hospitalaria adolece de las mismas carencias que en el resto de autonomías. En cuanto a Euskadi -que está autorizando a médicos y directivos de hospitales públicos a compaginar sus funciones con otras en el sector privado- hay que recordar que ha sido el primer ámbito territorial en implantar un sistema mixto de pensiones, donde hay un plan privado que se nutre de aportaciones del trabajador y el empresario, siendo su gestión ajena al sistema público de pensiones.

Como puede haber gente que diga que lo peor es lo del PP (que no deja de ser verdad) y que la izquierda se está preocupando mucho más de proteger lo público, resultará bastante aclarador recordar aquí que gobernando José María Aznar, pero con los votos de PP, PSOE, PNV, CiU y CC, se aprobó la Ley 15/1997, de 25 de abril, sobre habilitación de nuevas formas de gestión del Sistema Nacional de Salud, que abría la posibilidad de convenios con empresas privadas para prestación de asistencia sanitaria. Y bien que las abrió: hospitales privados como el de Alzira o los varios de Madrid, contratación con empresas externas de la prestación de servicios y realización de pruebas e intervenciones quirúrgicas por cuenta de hospitales públicos, entrada masiva de subcontratas en los centros públicos, etc.

Ni que decir tiene que la asistencia prestada por todos estos colaboradores privados ni ha sido mejor ni más barata; incluso en algunos casos (como el del hospital de Alzira) fue tan negativa la experiencia privatizadora que el centro tuvo que pasar a ser gestionado por el Servei Valencià de Salut.

En definitiva, la enseñanza que podemos sacar de este proceso es que debemos intensificar la defensa de una sanidad pública, universal y de calidad. De igual forma podemos ver muy claro que esa lucha por lo público es más eficaz si se organiza desde abajo por los sectores más implicados (plantillas, usuarios, barrios, etc.) sin entrar en las batallas electorales de los partidos.