El Vaivén de Rafael Cid
Si este fuera un país serio, en el momento en que escribo estas líneas, 20 de agosto, cuando de nuevo superamos a toda Europa en rebrotes por covid, el Gobierno y el Parlamento en pleno no seguirían de vacaciones porque la presión de la opinión pública lo impediría. Si este fuera un país serio, las instituciones habrían aprovechado la tregua de la desescalada para dotarnos de mecanismos legales no traumáticos con que paliar la segunda ola de la pandemia. Si este fuera un país serio, la delegación del Gobierno en Madrid habría controlado el aquelarre de miles de negacionistas jugando a la ruleta rusa con la salud de todos (en el 8-M se gritaba “mata más el machismo que el coronavirus”, y los zumbados del 18-A “el coronavirus no existe”). Si este fuera un país serio, nos habríamos adelantado a la petición de epidemiólogos y expertos en The Lancet y ya dispondríamos de una auditoría independiente para saber por qué España ostenta uno de los peores registros continentales sobre la gestión del coronavirus, a pesar de haber sufrido el confinamiento más draconiano. Si este fuera un país serio, el Gobierno tendría que explicar sí o sí a los ciudadanos por qué se gastó 5 millones de euros para regar de propaganda institucional prensa, radio, televisión y redes sociales con el eslogan ¡Salimos más fuertes! Pero no lo es. Seguimos jugando en la liga de la charanga y la pandereta. Falta sociedad civil y sobran vendedores de humo.
Por eso, cuerpo a tierra, y no perdamos más tiempo esperando milagros desde las alturas. Vayamos a lo concreto, directo y urgente. Actuemos allí donde cabe cambiar algo para que todo no siga siendo igual. Prueba y error, y no repetir las experiencias que han traído sufrimiento, infortunio y muerte. Sin una auténtica desmercantilización no hay verdadera reconstrucción de la Sanidad Pública. Y eso significa revertir, abrogar, derogar la Ley 15/97. Y no ese estéril brindis al sol de “se revisará la Ley 15/97”que consigna el programa de Gobierno PSOE-UP.
Si algo ha demostrado el azote de la pandemia al poner a prueba el sistema de salud pública vigente ha sido que, en situaciones excepcionales, es incapaz de proteger eficazmente a la gente, su contribuyente neto. Bien sea por una devaluación de los recursos humanos y materiales o por fallos en su diseño estratégico, la realidad es inapelable: hospitales, residencias y centros de salud han sucumbido ante la avalancha de infectados. Es preciso, pues, un cambio de rumbo radical y adoptar una política en el sector de la salud, ampliamente considerado, que permita salvar dignamente cualquier calamidad sobrevenida. Incluso, como ahora ha sucedido, cuando lo improbable se hace presente y el colapso no es una hipótesis de trabajo sino una certeza cruel.
Prevenir para mejor curar, en este ámbito más que en ningún otro, exige disponer de los medios necesarios, suficientes y precisos para atender a cientos de miles de pacientes arrojados a una situación de riesgo inminente para sus vidas. Sin llegar al extremo de tener que recurrir a la ruleta rusa del triage (esa especie de darwinismo social aplicado en la clínica de emergencia). De ahí, la necesidad de la anticipación precautoria y de la idoneidad de medios. En 2004, antes del gran hachazo de los recortes fruto de la Gran Recesión de 2008, el triage se hizo patente cuando un brutal atentado terrorista el 11.M lanzó en horas a cientos de víctimas sobre las ucis y salas de urgencias de los hospitales de Madrid. Una desgraciada experiencia que, visto desde el huracán del covid, no ha reportado las enseñanzas necesarias en la política sanitaria.
Por eso sorprende negativamente el silencio urdido desde todas la posiciones institucionales, sin distingo de signo político o ideológico, sobre lo que, al margen de otras consideraciones pertinentes, representa el foco irradiador de la crisis que luctuosamente padecemos: la ley 15/97, aprobada por el duopolio dinástico hegemónico PP-PSOE, que abrió la puerta a la gestión privada de la sanidad pública. Importar los códigos del modelo de mercado a la administración de la salud es un oxímoron desquiciado porque corona la rentabilidad del negocio como clave de bóveda. Una fórmula que se inspira en el “Informe Abril” de 1991, encargado por el gobierno de Felipe González en su deriva neoliberal a fin de poner las bases para “modernizar la sanidad”. Conceptos como autonomía financiera y presupuestaria, recomendados en el Informe, mostraban ya el sesgo del cambio de filosofía. Así, el paciente soberano pasaba a ser catalogado como cliente, usuario o consumidor bajo el prisma amenazante del ánimo de lucro en la prestación del servicio público.
La ley 15/97, ahora y a posteriori denostada con la boca grande por algunos actores sociales que en su día la celebraron como un avance, contribuyendo con ese aval a su normalización (Comisiones Obreras de Sanidad, por ejemplo, la vio con buenos ojos), sigue viva y coleando, a través del artículo 90 de la Ley General de Sanidad (“Las administraciones públicas sanitarias, en el ámbito de sus respectivas competencias, podrán establecer conciertos para la prestación de servicios sanitarios con medios ajenos a ellas”). Mientras se cruzan todo tipo de acusaciones pirotécnicas, a derecha e izquierda, sobre la responsabilidad de la masacre producida en las residencias de ancianos, o la calidad de los datos oficiales ofrecidos acerca del número víctimas y contagiados (colmo de trasparencia para el Gobierno y de oscurantismo para la oposición), o el alcance mórbido de los recortes (adelgazamiento de plantillas, devaluación salarial, limitación de inversiones en los hospitales, rebaja en las renovación de dotaciones, etc.), nadie ha movido un dedo para señalar en dirección a la derogación de la ley dimanante 15/97. Aun fuera en esa dimensión atrabiliaria que hace referencia a “los aspectos más lesivos”. Y ello cuando, debido a las especiales circunstancias que atravesamos, el gobierno de coalición de izquierda ha hecho un uso exagerado del Real Decreto Ley, en territorios que a veces nada tienen que ver con la problemática sanitaria, recurso que le faculta para actuar sin control parlamentario.
Corremos el peligro de que la trifulca partidaria y el guirigay mediático afín nos impidan ver el bosque. Existe la oportunidad histórica de poner en la diana del nunca más a la ley 15/97, y nada ni nadie debería agitar otras alternativas disolventes que no conlleven la estricta rectificación de esa norma. Alguien puede argumentar que, dado el tiempo transcurrido desde su implantación y con ello el núcleo de intereses que ha desarrollado, tal propósito tendría gran complejidad jurídica y un capítulo seguro de indemnizaciones a empresas y corporaciones afectadas. Cierto, pero ahora hay un cúmulo de razones de “fuerza mayor” que justificarían plenamente su reconversión allanando esa dificultad legal. Y en cuanto al coste, tenemos las millonarias partidas económicas que ha movilizado la Unión Europea (UE) para hacer frente a los problemas relacionados directa o indirectamente con la pandemia.
Urge derogar la Ley 15/97 antes de que los lobbies del complejo sanitario-farmacéutico-residencial desplieguen sus merecimientos y nos recuerden lo mucho y bueno de sus actos beneficencia y altruismo durante la crisis. Voluntad política es lo que falta, el resto es ruido al mejor postor. De momento, y que sepamos, los acuerdos sobre Reconstrucción en materia de Sanidad, recientemente aprobados en el Congreso por la mayoría de los grupos, nada dicen sobre revertir la fundante ley 15/97.
Quizá, porque una cosa es predicar y otra dar trigo. Tradúzcase: estar en el gobierno (tomar el poder) o en la oposición (aspirar a tenerlo). Es lo que acaba de pasar aquí con la problemática nuclear. Irónicamente, ha sido necesario que llegara un Gobierno de coalición de izquierda para que el ministerio de Transición Ecológica decidiera prorrogar la vida útil de las centrales de 40 a 50 años. Precisamente lo que pedía el Ejecutivo del Partido Popular, y el PSOE y Unidas Podemos en la oposición rechazaban con ardor guerrero y fanfarria militante. Claro que todo depende de quién hace qué y cómo se escribe la historia. Si nos informamos a través de los medios adictos al poder, se puede sorber y soplar al mismo tiempo. La noticia con que daba cuenta de la moratoria nuclear, en uno de esos canales de propaganda, era así de obscena y falaz: “Los socialistas acordaron con las eléctricas un calendario de cierre” (El País, 17/08/2020). Sí, calendario de cierre, pero perdonándoles la vida diez años más. Otra vez la patraña comunicativa y su vuelo gallináceo. Basta con llamar halitosis al mal aliento y alopecia a la calvicie. ¡Salimos más fuertes!, la última fake news de Moncloa (Ministerio de Sanidad/Gobierno de España). Con la que está cayendo, ¿no es este otro esperpéntico episodio terraplanista solo que perpetrado por la cadena de mando?
Nota. Este artículo se ha publicado en el número de Septiembre de Rojo y Negro
