El Vaivén de Rafael Cid

Seguramente aconsejado por sus expertos en plantilla, el gobierno de coalición decidió desde el primer momento que lo mejor para su zona de confort era militarizar la gestión del coronavirus. El <<siempre hemos actuado siguiendo el planteamiento de los asesores científicos>> ha sido la estrategia de las autoridades en sus comparecencias públicas. Obviamente, todos científicos y expertos en nómina del Ejecutivo, entre lo que sin ninguna duda habrá un bien dotado grupo complementario de profesionales del conductismo social y la comunicación de crisis (sociólogos, psicólogos, politólogos y demás ralea). Gente ducha en plantear tácticas disuasorias con las que Pedro Sánchez y los ministros al cargo puedan salir airosos en el trance de presentar la tragedia que nos asola por su cara menos tenebrosa y patética. En esos parámetros es donde aparece el modelo cívico-militar impuesto en la ruedas de prensa fake renombradas como Operación Balmis, y la prosopopeya castrense que utiliza del presidente cuando se pone ante las cámaras de televisión para recitar sus homilías.

El pasado domingo 12 de abril fue uno de esos días en que la abundancia de citas cuarteleras protagonizó su discurso de hocico a rabo. Seguramente, también por consejo del equipo técnico habitual, porque iba a anunciar la deshibernación parcial de la actividad económica (que no es sino un desconfinamiento de los productores esenciales) justo cuando la OMS acababa de advertir que <<eliminar el confinamiento deprisa puede producir un repunte mortal>>. No era moco de pavo. Claro que mantener el bloqueo empresarial prima facie podía granjearle la hostilidad letal de la patronal CEOE y de sus cofrades del PNV (patronal bis), cosa nada aconsejable para la estabilidad futura del Ejecutivo. A fin de cuentas tenía la certeza de que los sindicatos de su onda, CCOO y UGT, muy implicados por cierto en el <<negociado>> de ERTEs y EREs, no irían más allá del reproche plañidero en sus críticas (¡quién dijo huelga habiendo hospitales!). Por eso el presidente salió de maniobras a la marcial manera.

El <<todos somos soldados>> a que nos tiene dolosamente acostumbrados el Jefe del Estado Mayor en sus rutinarios partes tuvo su rúbrica pertinente en las continuas referencias a la <<guerra total>>, la <<postguerra>>, las <<armas>>, la <<batalla>>  y el <enemigo>> con que Sánchez sazonó su arenga. Ni Churchill ni Pericles, algún copia y pega de reseñas de hemeroteca de Kennedy, y el acostumbrado estilo casa-cuartel del macizo de la raza. Matar al bicho a cañonazos debió parecer a los sabios en nómina la mejor manera de presentar batalla al Covid-19 en el preciso momento en que España alcanzaba el doble liderato de ostentar el mayor número de muertos por millón de habitantes y otro tanto de sanitarios contagiados. Una de las características más abyectas de las guerras modernas es convertir en objetivo bélico a la población civil, pero hasta ahora nunca se había visto que eso fuera condición sine qua non para lidiar con una pandemia. España sigue siendo (in)diferente, aunque apenas invirtamos en innovación. Salvo que consideremos novedad y no tradición el cotidiano recital de contagiados y muertos (desescalada, pico de la epidemia, aplanamiento de la curva, etc.) contabilizados con el mismo descaro que cuando al referirse a las estadísticas del paro hablan de crecimiento negativo del empleo.

Pero como cada maestrillo tiene su librillo y Sánchez lleva siempre bajo el brazo su manual de resistencia, como Napoleón la batuta de general en su zurrón, compadecía un método en su impostura. Si el conflicto sanitario es una guerra, si lo civil-social se moviliza como militar, si todos los recursos tienen una logística administrado por la Operación Balmis, lo lógico era concluir que el máximo representante de la nación, el jefe del Gobierno, es de facto y a la vez, el caudillo que nos conducirá a la victoria final. Lo ha dicho sin tapujos ni adornos el ex magistrado del Tribunal Constitucional Manuel Aragón Reyes, en una tribuna de opinión que no tiene desperdicio publicada en el diario El País (y en contra de su línea editorial sanchopedrista) el pasado viernes 10 de abril.<<[El] inadecuado lenguaje del presidente del Gobierno en sus últimas comparecencias televisadas, utilizando un tuteo paternalista al dirigirse a los ciudadanos y proclamándose, literalmente, de manera poco conciliable con la realidad de nuestro sistema institucional, como <<el representante>> o <<el máximo representante>> de <<la nación en su conjunto>>, cuando resulta que a la nación la representan únicamente las Cortes Generales>>. Y para mayor abundancia: <<…la declaración del estado de alarma no permite, a su amparo, decretar, como se ha hecho, la suspensión generalizada del derecho de libertad de circulación y residencia de los españoles, medida que solo puede adoptarse en el estado de excepción, como determina el artículo 55.1 de la Constitución […] Ordenar una especie de arresto domiciliario de la inmensa mayoría de los españoles, que es lo que realmente se ha hecho, no es limitar el derecho, sino suspenderlo, y esa conclusión resulta difícilmente rebatible desde un entendimiento jurídico correcto […] en España, las situaciones de excepción no permiten el establecimiento, para intentar resolverlas, de una dictadura constitucional […] Parece mentira que haya que recordar a ciertos políticos algo tan elemental. España es, por fortuna, un Estado democrático que impone, en toda circunstancia, el control político del poder, y un Estado de derecho, que exige, sin excepción, su protección por jueces y tribunales independientes. Y también, ha de esperarse, su salvaguardia por la inmensa mayoría de ciudadanos, que, al socaire de una enorme tragedia sanitaria, no deben permitir que se debilite la democracia conseguida hace ya cuarenta años>>.

Todo esto lo sostiene un jurista de reconocido prestigio internacional, que encima nada tiene que ver con la caverna, pues fue elegido para el máximo organismo de garantías fundamentales por la cuota parlamentaria progresista. Mientras, seguramente aturdidos por el fragor guerrero que desprende el Gabinete de coalición de izquierdas, el silencio cómplice reina por doquier en el solar hispano. Ni el  Defensor del Pueblo, ni el Consejo de Estado, ni el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), ni la Fiscalía General del Estado que dirige la ex ministra de Justicia Dolores Delgado, hoy en ignorado paradero, tienen algo que decir al respecto. No saben ni contestan. Dando así por bueno, válido, bonito y barato que nos encontramos en una guerra contra la pandemia, y que como en las guerras todo está permitido. De ahí esa llamada a unos nuevos Pactos de La Moncloa que buscan socializar responsabilidades a través de un mando único sostenido de facto en una suerte de partido único, como corresponde a los tiempos de zozobra en que hiberna la democracia. Solo que si ayer <<la unión sagrada>> fue para transitar de la dictadura a la democracia antes de que existirá una constitución habilitante, hoy seria para rebobinar la historia yendo de la democracia a una dictadura constitucional, como advierte en solitario Aragón.

Y uno en su malicia no puede dejar de pensar en aquello de que en una guerra la primera víctima es la verdad, y que por este camino la izquierda en el poder está descubriendo, como ya hicieran los populistas de las  dos orillas, el valor político de un nuevo contrato social basado en las teorías de Carl Schmitt, el <<Hobbes del siglo XXI>>. El ideólogo del nazismo y padre del concepto elevado a categoría de principio político insoslayable <<soberano es quien decide en situaciones de excepción>>.