¿Giro a la izquierda o Segunda Transición?

El Vaivén de Rafael Cid

Rafael Cid

Un Gobierno de coalición en España es una auténtica novedad histórica. Pero si además se trata de la confluencia en el poder del PSOE y Unidas Podemos, dos fuerzas de izquierda, resulta algo único y trascendente, un hecho Insólito desde las postrimerías de la Segunda República. Siempre que aceptemos que el partido de Pedro Sánchez esté ubicado en ese registro ideológico, lo que supone mucho presumir. Otra cosa es concluir (a priori) que de ese ayuntamiento carnal salga un Ejecutivo <<rotundamente progresista>>, como promete el secretario general de la otrora fuerza socialdemócrata. Porque la reciente experiencia habida a pequeña escala para nada avala semejante supuesto.

Los partidos de izquierda así nominados ya ensayaron antes la cohabitación, y el resultado fue lamentable. Hubo y no fue nada en esa operación diseñada por Podemos e Izquierda Unida (IU) que sus respectivos portavoces, Pablo Iglesias y Alberto Garzón, celebraron como el <<pacto de los botellines>> (una modestia de clase que no les permitía un agasajo más rumboso). De aquel arrejuntamiento salió la coalición electoral Unidos Podemos (UP), formato que el escrutinio de las urnas dejaría malparado. UP se dejó cerca de un millón de votos respecto a la suma de lo obtenido en la anterior consulta por cada formación por separado. Eso en el orden endógeno.

Pero en el campo de la estricta gobernabilidad ambos partidos, cada uno a su bola, ya habían experimentado la fórmula con el PSOE en dos escenarios. Uno fue a nivel autonómico, y la experiencia es como para olvidarla piadosamente. IU entró en el gobierno socialista andaluz siendo presidenta Susana Díaz, la celebrada estadista que logró más avales que votos en las primerias a la secretaria general del PSOE. Allí los camaradas de Garzón llegaron a ostentar la vicepresidencia de la Junta, cargo que desempeñó el entonces responsable de la federación bética Diego Valderas. Fue durante la fase álgida del escándalo de los ERE, y esa alianza sirvió para maquillar a un socialismo rociero ya notoriamente desacreditado. Pero ni pagado ni agradecido. En cuanto IU dejó de ser útil para desviar atención sobre el colosal fraude, Valderas fue olímpicamente defenestrado. Sin nocturnidad pero con alevosía, manos inocentes hicieron llegar a los medios de comunicación un documento sobre la compra a precio de ganga de la vivienda de su vecino, desahuciado al no poder pagar la hipoteca tras quedar en paro. El mismo Valderas que había impulsado una Ley Antidesahucios para familias en situación de riesgo había militado en el campo de los despiadados caseros.

El segundo experimento afectó a Podemos y tuvo como pareja de hecho al PSOE de Castilla-La Mancha liderado por Emiliano García Page, el más españolista de cuantos barones pisan Ferraz. Con esos mimbres, y para evitar el descalabro a la hora de los presupuestos, se cocinó la entrada de Podemos en la Junta de Comunidades. Cupo la suerte a su hombre fuerte en la zona, José García Molina. De agosto del 2017 a julio del 2019, el secretario general de los morados en la región ostentó la vicepresidencia segunda en aquel Gobierno socialista. Protagonizando, no obstante, una esquizofrenia política similar a la de Valderas. Molina pasó de promocionar el <<Bonobus>> itinerante con que su organización denunciaba el latrocinio de los años de gobierno de José Bono en la autonomía, a ponerse a las órdenes de su directo sucesor, discípulo y albacea, García-Page. Con semejante hoja de servicios, a nadie extrañó que los dos García hicieran piña en la represión de los jóvenes autogestionarios de Fraguas. Los seis intrusos que habían osado reconstruir un pueblo de Guadalajara, abandonado y en ruinas desde medio siglo atrás, fueron condenados a año y medio de cárcel y multas de 16.380 a instancia de la demanda presentada por <<la propiedad>>. Es decir, la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha en coalición de izquierdas bien avenidas.

Estos sucedidos, narrados a la pata la llana, no buscan sentar cátedra ni predecir el futuro político. Se han expuesto en canal para mostrar que las infamias perpetradas desde el pedestal institucional nunca vienen solas. Arrastran lodos en forma de complicidades con los corruptos establecidos o sometimiento a los designios de poderosos y sus iniquidades. Que no otra cosa ejemplifica la reciente sentencia del caso de los ERE, el desfalco sistemático de 680 millones de euros desde la presidencia de la Junta de Andalucía a lo largo de una década en la segunda región con mayor índice de paro de Europa. Un saqueo de dinero público utilizando los fondos habilitados para ayudar a trabajadores golpeados por la crisis. Botín concienzudamente desviado para favorecer a la clientela del partido gobernante y cebar a sus sindicatos amigos, CCOO y UGT. Una red de favores mutuos mediante la cual la clase dirigente blindaba financieramente a su entorno ideológico, familiar, sindical y empresarial, mientras los agraciados correspondían votando a piñón fijo a favor de sus benefactores en todas las elecciones para que todo siguiera atado y bien atado. Puro Régimen del 78 en versión de los casi cuarenta años de monopolio socialista abajo de Despeñaperros. Un desfalco tan descarado y extravagante que el ex presidente Manuel Chaves, ahora condenado por prevaricación, tuvo el cuajo de nombrar en 2006 Hija Predilecta de Andalucía a la Duquesa de Alba, Grande de España. La mayor latifundista del viejo continente reconocida en su excelencia absentista por uno de los proveedores del saqueo de los ERE (una hidra de la que aún penden 146 piezas por juzgar). Y todo ello en vísperas del crac económico-social que se abatiría sobre la ciudadanía llevando a los indignados del 15-M a ocupar calles y plazas al grito de <<PSOE, PP, la misma mierda es>>.

Con esos antecedentes cabe dudar seriamente que de los diez puntos del Preacuerdo para un Gobierno de Coalición PSOE/U-P salga algo más que una reedición de aquel otro pacto entre rojos y azules (el PSOE felipista, el PCE carrillista y los herederos del franquismo) que selló el Régimen del 78. Aquella Transición entronizó en las instituciones nacientes a partidos y sindicatos que hasta entonces habían sido el nucleó activo de la oposición a la dictadura. El precio a pagar fue la renuncia a todo lo que oliera a ruptura democrática. De ahí que se aceptara una Ley de Amnistía que decretaba la impunidad para todo el entramado franquista; se abandonara el derecho de autodeterminación; se consintiera que el Jefe del Estado y de las Fuerzas Armadas fuera el Rey designado por el Caudillo; y se aprobaran Los Pactos de La Moncloa para asegurar el modelo económico capitalista a futuros de una Constitución que se aprobaría tras consumarse semejante trágala.

Cuarenta y pico años más tarde la historia suena conocida. Como entonces estamos ante una quiebra de legitimidad del sistema y en un entorno económico adverso que amenaza repetir la Gran Recesión del 2008 (en la década de los años setenta la diana estuvo en la crisis del petróleo) .Con ese panorama resultaría casi una heroicidad que partidos con semejantes trayectorias de avidez por llegar al Gobierno a cualquier precio fueran a protagonizar el auténtico cambio que sus antepasados frustraron. Estando además, como de hecho están, comprometidos por el principio de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera que desarrolla la reforma del artículo 135 de la Constitución, precisamente cuando el paro estructural, la precariedad laboral, la polarización de la desigualdad social, la emergencia climática y la financiarización de la economía hacen de la política convencional una ruleta rusa. En este marco de incertidumbre, la previa renuncia a la parte más incisiva de su programa Unidas Podemos (los de Iglesias, “el Jeremy Corbyn español”, enmudecieron tras la sentencia de los ERE; han apoyado los presupuestos neoliberales del PNV en Euskadi en plena sentencia del “caso de Miguel”, la mayor trama de corrupción política del nacionalismo vasco, y haciendo méritos se abstuvieron en la votación de la “Ley Mordaza Digital”) no parece augurar nada bueno. Sobre todo porque los poderes fácticos saben que en tiempos de grave mudanza la mejor para evitar que se desborde la protesta social es que las contrarreformas a machete las haga la izquierda en el Poder, como ocurrió entonces. La derecha solo funciona en épocas de prosperidad, porque cuando viene mal dadas su beligerancia desde el Gobierno suele incendiar las calles. Incluso se puede buscar un paralelismo, nolens volens, entre la Primera y la Segunda Transición en el apaciguamiento de los offsides, el PCE de antaño y ERC de hogaño. Transando su legalización por comulgar con la monarquía, en el caso de los comunistas, y el apoyo al Gobierno de Coalición PSOE-UP a cambio de favores penitenciarios y concesiones políticas, en el de los republicanos. Un caso claro de que camino más coto no siempre es la línea recta.

Y para rematar este recorrido sobre la urdimbre que abre la Segunda Transición en barbecho, volvamos al agujero negro de los ERE como paradigma de la alta criminalidad del Estado cuando es tutelado por una casta política en exclusiva. Partiendo de la presunción de inocencia que cabe atribuir a todo fallo judicial pendiente de casación, y sabiendo que la sala de apelación del Tribunal Supremo que entiende los casos de alta corrupción política suele operar como una instancia de blanqueo penal (los presidentes del TS son nombrados por el Consejo General del Poder Judicial, que a su vez se constituye al dictado de los partidos políticos hegemónicos), tres apuntes marginales perfilan el carácter venal del latrocinio emanado desde los gobiernos andaluces durante una década. Son estos:

-La propia Junta de Andalucía devastada tendrá que pagar las minutas de los abogados de casi todos los procesados por los ERE (condenados y absueltos). Una cifra que se estima entre 3 y 5 millones de euros, dado lo complicado del sumario, los años de instrucción y la categoría profesional de algunos de los letrados contratados. El ex presidente José Antonio Griñán, condenado a 6 años de prisión y 15 de inhabilitación, tuvo como defensor a José María Mohedano, pata negra del socialismo forense y socio estratégico del despacho de Gerardo Viada, jefe de la asesoría jurídica del diario El País (los VIPS no se suelen dar puntadas sin hilo).

-La dirección de UGT, que junto con la de CCOO fue cómplice y beneficiaria de los falsos Expedientes de Regulación de Empleo (ERE), ha denunciado por <<revelación de secretos>> a Roberto Macías, el ex administrativo de la federación andaluza que facilitó a la policía judicial una copia masiva de ficheros con la presunta financiación ilegal del sindicato. La central solicita 4 años de cárcel y una indemnización de 60.000 euros para el hombre que al destapar la trama originó la imputación de Manuel Pastrana y Francisco Fernández Sevilla, los dos máximos responsables de UGT-A entre 1998 y2013. Mientras este acoso se producía, los máximos representantes de CCOO y UGT se daban un festín de autobombo al protagonizar un spot televisivo exhibido por toda la red para proclamar: <<¡¡¡Nosotros creemos en la Formación Profesional!!!>>.

-Y una última perla, digna de la mejor película de Torrente. La sentencia del caso ERE ha revelado que partidas millonarias destinadas a socorrer a empresas en dificultades ubicadas en la sierra norte sevillana terminaron financiando a un partido de extrema derecha. El así agraciado fue el grupo ultra Alternativa Española (AES), fundado por el yerno del líder histórico de Fuerza Nueva, Blas Piñar. AES recibió una importante transfusión económica procedente de los ERE para sufragar los fastos de su presentación en Madrid en 2004, al año de su fundación. La receptación fue facilitada por un concejal de El Pedroso, el que pueblo del que había sido alcalde el director general de Empleo de la Junta andaluza, Francisco Javier Guerrero, cuyas sociedades percibieron la friolera de 34 millones de euros del <<fondo de reptiles>>, aunque algunas mercantiles eran virtuales, no tenían actividad ni plantilla.

La sentencia de los ERE (por unanimidad de todos los miembros del tribunal) del 19 de noviembre de 2019 contra líderes del PSOE andaluz es del mismo calibre que la del 17 de mayo del 2018 contra dirigentes del PP nacional. Con una diferencia fundamental. La condena al Partido Popular (con el voto discrepante de un magistrado) sirvió para aprobar una moción de censura que desalojó a Mariano Rajoy de La Moncloa. La que afecta al partido socialista, por el contrario, ha ayudado a la constitución del primer Gobierno <<rotundamente progresista>> (Sánchez dixit). Así, de cumplirse los mejores y los peores pronósticos, esta Segunda Transición nacería con la misma deuda moral y democrática que la hizo la Primera Transición, la del Régimen del 78 en fase de atropellada remodelación. El mensaje de claudicación, cuarenta y a cuatro años y tres generaciones mediante, sería el mismo: ¡Perded toda esperanza los que entráis!; no hay alternativa al statu quo.

(Al cerrar esta edición, PSOE y Unidas Podemos han hecho público su programa para un gobierno de «Coalición Progresista». Se trata de un texto ambicioso que de cumplirse, y no quedar otra vez en letra muerta, significaría una mejora significativa en todos los órdenes sociales, dando un giro a la izquierda a la política española).

Nota. Este artículo se ha publicado en el número de Enero de Rojo y Negro

Un comentario en “¿Giro a la izquierda o Segunda Transición?

  • el 12 enero 2020 a las 21:34
    Permalink

    El cagallero de la Tenaza

    Si, Todo eso estaría bien si estos «Yoyas» de discursos imposibles no se hubiesen adjudicado como primera medida económica, unos emolumentos personales para las cuatro vice-presidencias, un monto de 1.620.000€ que, repartido salen a cuatrocientos cinco mil aurelios anuales por barba.
    Estaría bien y no sería nada del otro jueves que la clase obrera, (esa que algunos sectores de la «izquierda» extravagante dice que no existe) se le acercara en sus sueldos a dichos emolumentos de esos profesionales de la política y que nos expliquen los «expertos de la cosa,» por qué el sistema no puede soportar esa aproximación a la equidad. El reparto de la riqueza se entiende que debe de ser siempre al alza y nunca a la baja, no vaya a ser que la cerril derecha tenga razón en eso de cubanizar o aproximar la economía del país al kaos económico de Venezuela. Es decir: hay que repartir la riqueza que el país produce, repartir la pobreza, sobre todo excluyendo de esta a la clase dirigente o la sociedad política, divorciada esta de la sociedad civil por derecho divino no es de recibo y valga como un botón de muestra la sociedad civil en Francia, que ha hecho doblar la rodilla al gobierno Macrón y ha dejado entrever bien a las claras que sí se puede si se tiene el ánimo de hacer uso de las herramientas de la huelga indefinida (no como aquí, que se hace un paro de diez menutos y nos quieren hacer creer estos sindicatillos de pega que es una huelga general. Miauuu…)

    Insisto; el problema español y el de su sociedad civil no es otro que el de figurar de comparsa siempre al servicio de la sociedad política, sin capacidad de iniciativa o maniobra. De ello se colige que las cartas esta repartidas y marcadas a priori. Pero claro, si la que gobernase fuera la derecha sería muchismo pior, ya que esta por su cerril naturaleza en todavía no ha aprendido a comer con cuchillo, cuchara y tenedor…

    Emili Justicia

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