Sánchez decreta el estado de excepción digital

Rafael Cid

El Vaivén de Rafael Cid

El debate televisivo del 4 de marzo ha consagrado el giro involutivo de Pedro Sánchez. Tanto por lo que perpetró la noche de autos como por lo que silenció, aun figurando en su procés mental. Sordo y mudo ante los persistentes requiebros de Unidas Podemos, era obvio que daba por zanjado cualquier mínimo acuerdo con Pablo Iglesias. Aunque fuera gratis et amore. Lo mismo, pero a la inversa, ocurrió con su inesperada sintonía <<rajoynista>> al promocionar la investidura a favor del partido más votado. Finalmente, el <<no, es no>> devenía en cañón giratorio. El artillero Sánchez ya no lo dirigía a los adversarios, como antaño, sino a su <<socio preferente>> de la víspera.

De esta guisa, los allí convocados para sopor de los televidentes y derroche de los 140 millones de euros que cuestan las elecciones del 10-N, ocuparon su tiempo en perorar de lo que menos interesa a los españoles: el caso catalán. Que tal es lo que declaraban con todas las letras los encuestados en el último barómetro del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) al situar este problema en el penúltimo lugar de sus preocupaciones. La agenda oculta <<tumultuaria>>, seguida con fruición por el nutrido elenco con la digna reserva de Pablo Iglesias, tenía programado convertir el publicitado conflicto en la madre de todas las batallas. Y ni Casado, ni Abascal, ni Rivera, ni Sánchez defraudaron lo más mínimo.

Pero el órdago lo estampó Sánchez cuando anunció urbi et orbi que instaría la reforma del Código Penal para tipificar como delito la convocatoria de un referéndum ilegal (en realidad la Constitución solo lo contempla como placebo). Si tenemos en cuenta que esto ya lo aprobó Aznar y que lo del <<partido más votado>> era el mantra del gallego irredento, cabe concluir que el líder socialista se había inspirado para su puesta en escena en las luminarias de Génova 13. Pero incluso se superó en la hazaña. Como cuando al apoyar el 155 sugirió que debía modificarse la normativa vigente para penalizar la rebelión sin necesidad de que concurra violencia. Porque, además, el presidente del Gobierno en funciones avanzó una ley mordaza al hoc para TV3, que no otra cosa supone proponer que los consejos de administración de los medios públicos deban ser ratificados por dos tercios de los parlamentos autónomos. Del no coger el teléfono a Torra a poner bozal a las emisoras no alineadas solo hay un trecho.

Sin embargo, la traca reaccionaria llegaría 24 horas después a través del Boletín Oficial del Estado. El martes 5 el BOE publicaba un Real Decreto de la Jefatura del Estado que en la práctica implica la posibilidad de que el Gobierno declare un estado de excepción digital sin necesidad de tutela judicial. Amparándose en la Estrategia de Seguridad Nacional 1008/2017 dispone que <<Entre los principales desafíos que las nuevas tecnologías plantean desde el punto de vista de la seguridad pública se encuentran las actividades de desinformación, las interferencias en los procesos de participación política de la ciudadanía y el espionaje>>.

De esta guisa, y tras la respuesta unánime del Supremo contra políticos electos por hacer efectivo precisamente el derecho a la participación política de sus representados en Catalunya el 1-O, Sánchez pasaba de criticar la judicialización del conflicto a su casi militarización. En su artículo seis, el flamante RD alumbrado tras concluir el debate, dispone: <<El Gobierno, con carácter excepcional y transitorio, podrá acordar la asunción por la Administración General del Estado de la gestión directa o la intervención de la redes y servicios de comunicaciones en determinados supuestos excepcionales que puedan afectar al orden público, la seguridad pública y la seguridad ciudadana>>.

Como en la China de los dos sistemas y en la Turquía de Erdogán. Si no es estado de excepción es una excepción de Estado. Digital por supuesto.

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