El Vaivén de Rafael Cid
Crimen sin castigo. El mismo día, pero solo con unas horas de inocente diferencia (o indiferencia), en que el Ayuntamiento de Madrid aprobaba el macroproyecto Castellana Distrito Norte, la Audiencia Nacional entraba en escena. El juez José de la Mata imputaba al BBVA por revelación de secretos, cohecho y corrupción en el “caso Villarejo” y la fiscalía quitaba la fianza de 500.000 euros a Antonio Béjar, ex presidente de la empresa líder de la Operación Chamartín, filial de la financiera investigada. Cosas del azar y la necesidad. Tras 27 años vegetando, la mayor inversión inmobiliaria-urbanística de Europa sobre suelo público despega con la bendición de todos los partidos políticos del consistorio (PP, PSOE, Ciudadanos, Más Madrid y Vox). Los del “trifachito” y los de la “banda”, amigos para siempre.
Eduardo Mangada, autor junto Eduardo Leira (marido de Manuela Carmena) del primer Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de la democracia, es uno de los críticos más solventes de la Operación Chamartín.“De los mayores escándalos del urbanismo europeos: la entrega de 3 millones de metros cuadrados de suelo público a un banco para que dé cabida en él a su negocios financieros durante dos décadas”, ha declarado recientemente en una entrevista. Por su lado, Leira irrumpía públicamente contra los opositores en una carta abierta en eldiario.es despectivamente titulada “Derrota como objetivo, Chamartín como espantajo”. El proyecto ahora santificado por el pentapartito sobrevenido es calcado al que legó Carmena antes de perder la alcaldía a manos de la derecha con el visto bueno preceptivo del ministro de Fomento de José Luis Ábalos.
Reproduzco a continuación parte de lo que publiqué el 31 de enero pasado (“El 11-M de la Operación Chamartín”) en distintos medios digitales:
“Privatizar las instalaciones del recinto ferroviario de Chamartín, prolongando 3,7 kilómetros el Paseo de la Castellana hasta enlazar la M-40, con dotaciones y edificaciones que convirtieran la zona en un pequeño Manhattan (17.000 pisos y rascacielos de hasta de 320 metros de altura), estaba en el espíritu de lo que fue catalogado como el desarrollo urbanístico más ambicioso de Europa. Un bombón para el banco elegido como socio de las administraciones afectadas, que cuantificaron la inversión prevista en más de 11.000 millones de euros. Un eufórico Francisco González, patrón del BBVA, declararía “no hay proyecto de este nivel en todo el mundo”. Señalando a renglón seguido la íntima razón del compromiso de la entidad financiera con tamaño reto: “no sé si va a ser rentable para el banco, pero sí para Madrid”. Un plano secuencia hilvanado a lo largo de 25 años que sigue manteniendo las esencias que justificaron esa gran alianza mercantil público-privada que debe materializarse con la aprobación de los trámites (edificabilidad, capacidad de urbanización del suelo, etc.) necesarios por el Ayuntamiento y el Gobierno de la Comunidad. En ese historial hay una fecha crucial: el 11 de marzo de 2004. El 11-M era el día en que el Ejecutivo municipal de Alberto Ruíz-Gallardón pensaba dar luz verde al Plan Parcial del proyecto. Pero la noticia de los atentados lo impidió. Tres días después, tras la llegada de Zapatero a Moncloa, el nuevo equipo gubernamental solicitó una moratoria, y a partir de ahí el diseño de Distrito Castellana Norte sufrió una brusca modificación. Un vuelco, a peor para los intereses de todos los madrileños. Según ha revelado en una reciente exclusiva eldiario.es (Las claves de la Operación Chamartín), en la etapa del nuevo titular de Fomento, José Blanco, se alteraron a favor del BBVA las condiciones antes establecidas. Mientras las clausulas pactadas con su antecesor del PP, Francisco Álvarez Cascos, preveían un beneficio para el Estado del 26% y que las indemnizaciones a los antiguos propietarios correrían a cargo de la constructora, el retocado “contrato socialista” fijaba en cero por cien los beneficios y repercutía las indemnizaciones sobre el Estado. También admitía la posibilidad de quitar la prohibición de reventa que pendía sobre la firma adjudicataria. Unas condiciones que se han mantenido inalterables hasta la actualidad. Con Manuela Carmena en el Ayuntamiento y José Luis Ábalos en Fomento lo único que ha cambiado es la superficie objeto de venta, que se ha reducido a 1,2 millones de metros cuadrados, pero donde antes se hablaba solo de “posibilidad de revender” aquí se dice literalmente “vía libre a revender. El último contrato vigente tasaba el metro cuadrado en 769 euros, “la mitad del precio de mercado”, según diario.es. Por medio quedan circunstancias sobrevenidas, como la anulación por el Tribunal Supremo en junio de 2013 de la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid vetando la Operación Chamartín por vulnerar la Ley del Suelo (en el burofax remitido por Villarejo a Pedro Sánchez se citada un archivo denominado “Control de Togas”). O la renuncia por parte de Adif y Renfe a los 900 millones de euros que debería pagar la promotora por haber incumplido los plazos fijados para ejecutar la compraventa de los terrenos (prodigalidad que choca con el mal estado de las infraestructuras por falta de inversión, como demuestran las averías que se producen habitualmente en la línea extremeña). El gobierno municipal de Manuela Carmena dio por bueno el Plan Parcial en una reunión celebrada el último 28 de diciembre, a pesar de contar con la oposición de una parte de sus concejales y el rechazo de numerosas asociaciones y colectivos profesionales y vecinales que han presentado más de 3.500 alegaciones”.
Visto lo actuado judicialmente, solo queda por saber en qué lugar, en qué legajo, en qué pieza del sumario “Villarejo-BBVA” aparece la trama para posicionar la Operación Chamartín en la dirección ganadora.
