Miguel Hernández

La búsqueda del cuerpo de Marta del Castillo costó 616 .319,27 euros. Se conoce la cifra exacta porque fue lo que el Ministerio Público solicitó a los imputados para que indemnizaran solidariamente al Ministerio del Interior por esas labores de búsqueda. Los inculpados fueron ofreciendo diferentes versiones de lo que habían hecho con el cadáver y se buscó en el vertedero que recibe la basura de la ciudad de Sevilla, en pozos, zanjas, campos, minas abandonadas, vagones de tren viejos, el río Guadalquivir, etc. A ningún malnacido se le ocurrió cuestionar que el dinero fuera un problema a la hora de encontrar a esta joven de 17 años. Y ello se hizo no por la esperanza de encontrarla con vida, sino para que los padres y resto de familiares y amigos pudieran realizar el proceso de duelo. Sin cuerpo solo hay un vacío, sin cuerpo es más difícil pasar página, superar el trauma. Los seres que querían a esa persona se quedan empantanados indefinidamente en esa nada. Secretamente albergan la esperanza de que un día aparezca viva, aunque saben que eso no es posible.

Algo parecido ha pasado con el caso del niño que se cayó a un poco en un pueblo de Málaga. Su rescate movilizó a policía, guardia civil, bomberos, protección civil, ingenieros, mineros, geólogos, una empresa especializada sueca, etc. Se removió un volumen de tierra equivalente a 34 piscinas olímpicas y se calcula que se el rescate costó unos 600.000 euros. Tras una caída de 70 metros, tras dos semanas sin comida ni agua, se sabía que no era posible que un niño de 2 años pudiera sobrevivir. Sin embargo, no se escatimaron medios para trabajar contra el reloj. Las razones eran las mismas que en el caso de Marta.

En el Estado español existen, según cifras oficiales, 114.226 personas desaparecidas, lo que le convierte en el segundo del mundo después de Camboya. Ni el gobierno actual ni ninguno de los anteriores desde la muerte del genocida ha hecho nada para buscar a estas personas, atender a las familias y garantizar la verdad, la justicia y la reparación. Los convenios internacionales en materia de derechos humanos suscritos por el Estado español obligan (no recomiendan) a buscar a toda persona de la que se sospecha que ha sufrido una desaparición forzosa. Cada día mueren descendientes de esos desaparecidos y ni el poder ejecutivo, ni el legislativo ni el judicial cumplen con sus obligaciones legales. Si alguien está haciendo algo suelen ser casi siempre organizaciones no gubernamentales, formadas básicamente por familiares de las víctimas y simpatizantes, que utilizan dinero propio. ¿Qué hubiera pasado si se les hubiera dicho a los padres de Marta o Julen que utilizaran su dinero para buscar a sus hijos? ¿Por qué esa doble vara de medir? Si alguna administración local concede una modesta subvención para que se pueda localizar y excavar una fosa común con el fin de recuperar unos cadáveres después de tantas décadas, surgen voces que lo consideran improcedente. Esto no pasa en otros lugares del mundo. ¿Cuál es la explicación? Muy sencillo. En el resto de países los dictadores fueron derrocados y se produjo un proceso de regeneración. Aquí el tirano murió en la cama y la supuesta “transición” no fue tal, sino un mero lavado de cara donde no se realizó ninguna depuración. De hecho, él sigue enterrado en un edificio público sostenido con dinero público y rodeado de la mayor fosa común de Europa. Y así seguimos unos y otros, los descendientes de los criminales con el poder y el dinero robados y los descendientes de las víctimas buscando a nuestros familiares.