¿Qué hay de lo mío?

El Dedo en el Ojo de Félix García Moriyón

Félix García Moriyón
Félix García Moriyón

Al finalizar el proceso para elegir a quien va a presidir un departamento universitario, quienes apoyaron a la persona elegida tienden a aprovechar cualquier ocasión para acercarse a quien gobierna y plantearle esta pregunta sencilla, pero contundente: «¿Qué hay de lo mío». Supongo que esta costumbre, quizá una leyenda urbana más, se puede aplicar a todo órgano colegiado, desde juntas directivas de una coral hasta la presidencia de una comunidad de vecinos. Y también a las elecciones políticas.

Quienes acuden se presentan a unas elecciones para ser elegidos, presentan un programa o una versión resumida del mismo cuyo objetivo manifiesto es siempre la búsqueda del bien de todas las personas afectadas directamente por la elección. Faltaría más. No obstante, lograda la meta, parece que quienes han contribuido a que lleguen al cargo esas personas, piden que se atiendan en especial los intereses propios. Algunos de estos son puramente particulares (lo que no implica que estén contra el bien común); otros tienen que ver con su específica manera de entender las políticas concretas que se van a aplicar para lograr ese bien común.

Esta introducción ayuda a entender la novedosa situación que se está produciendo en España tras el proceso electoral. El bipartidismo tenía una ventaja, sobre todo cuando ganaban por mayoría absoluta un partido: apenas había discusión, al menos aparentemente. El partido ganador manifestaba un casi absoluto desprecio por los intereses de los perdedores, y repartía beneficios entre los suyos. Justificaba sus decisiones partidistas apelando a los votos —que con suerte representaban un 35% del total de los electores— o alegando el cumplimiento de su programa —que no dudaban en incumplir cuando les venía en gana. Y en público afirmaban gobernar para todos los ciudadanos, no solo para los suyos.

Esta ventaja del bipartidismo es solo aparente, pues en realidad el partido ganador se centraba en favorecer a los suyos. Es más, ni siquiera eso estaba claro, pues en el propio partido existían disensiones o enfrentamientos puramente personales: algunos miembros del propio partido veían que sus expectativas personales no habían sido satisfechas y preguntaban por lo suyo. Es posible que el tamayazo, sin excluir la participación espuria de gente del PP, tuviera algo que ver con el hecho de que Tamayo exigió lo suyo, no se atendió su petición y ejecutó una venganza destructiva: si yo no pillo, ninguno pilla.

Por otra parte, el bidapartidismo con mayoría absoluta solo se ha dado en tres legislaturas del PSOE y dos del PP. En el resto de las legislaturas, han gobernado con apoyo de otros grupos, sobre todo nacionalistas, lo que provocó variantes perversas de la reclamación que pueden suponer un precedente de lo que ocurre ahora. Algunos consideran que la dificultad de integrar a los partidos nacionalistas en un proyecto común con el resto de España procede de que se hicieron concesiones no justificadas para conseguir su voto y poder gobernar en minoría.

Esto es lo que puede pasar cuando se implanta el pluripartidismo, como es el caso actual de España. Tenemos una mayor fragmentación que refleja intereses concretos diferentes, en algunos casos más bien contrarios y en otros incluso contradictorios. Ejemplares son las victorias de Guanyem y Ahora Madrid, debido a que son los que quizá mejor encarnan el deseo de acabar no tanto con el bipartidismo, cuanto con la nefanda partitocracia en la que estábamos inmersos, profundamente dañada por una corrupción sistémica.

Ambas candidaturas no han conseguido mayoría absoluta, lo que implica que si llegan a ocupar la alcaldía, tendrán que llegar a acuerdos y en las conversaciones entrará en juego el « ¿Qué hay de lo mío?». Es más, no sólo deben llegar a acuerdos con otras organizaciones con presencia en los respectivos ayuntamientos, sino con las diversas tendencias que constituyen la agrupación ganadora. Han ido juntas a la elección pero eso indica solo un principio de acuerdo, sin garantizarlo completamente.

En una primera semana ya hemos ido viendo algunas de estas situaciones conflictivas. Un ejemplo claro es el de Esquerra Republicana, que pide a Guanyem que respalde la opción soberanista si quieren su apoyo. En este caso, nos movemos en el ámbito de intereses que constituyen la identidad del partido, por lo que podemos considerarlos legítimamente fundados. Esquerra afirma que el bien público de los catalanes está vinculado a lograr la independencia. Está claro que va a intentar conseguir que su posible apoyo suponga algún beneficio para «lo suyo».
Me interesa precisamente centrarme en este enfoque de los intereses específicos que se defienden. Prescindo de los intereses más impresentables, ligados a beneficios estrictamente personales, como lograr un puesto en el gobierno o un apoyo a proyectos particulares concretos. Esto parece absolutamente impensable pues ese ha sido el núcleo de la corrupción sistémica que todavía no hemos superado.

Todos los partidos dicen estar defendiendo el bien común, como ya he mencionado anteriormente, y difieren drásticamente en la manera de conseguirlo. Cierto es que podemos valorar, sobre todo observando quiénes salen beneficiados de determinadas decisiones políticas, si en efecto defienden el bien común o más el de un grupo concreto. Tras cuatro años de gobierno del PP queda claro que unos grupos muy concretos han salido beneficiados, mientras que otros han pagado la factura de la aparente solución de la crisis.

Ahora tenemos coaliciones llamadas progresistas, de izquierdas o regeneracionistas, pero ahí se acaba la unidad y a partir de ahí comienzan las diferencias y entramos en el ámbito de defender «lo mío», mi manera específica de diseñar políticas concretas que resuelvan los males. No será nada fácil dejar satisfechas a todas las partes implicadas y la posibilidad de una ruptura estará siempre presente. Y más difícil será tener en cuenta de algún modo al resto de los ciudadanos que no les han votado.

Quizá sea ese el reto más exigente: encontrar una manera de gobernar que aborde con paciencia y rigor el esfuerzo de diseñar políticas que, sin renunciar a principios fundamentales, integren y alcancen acuerdos aceptables para todo el mundo.

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