En un lugar de la Mancha…Podemos y la casta

El Vaivén de Rafael Cid

Pocos territorios como Castilla La Mancha ejemplifican tan bien la situación de esquizofrenia en que se colocado Podemos a la hora de optar entre la cara A o la cara B de la casta. Las elecciones en aquella comunidad han arrojado un resultado que hace del partido de Pablo Iglesias la fuerza salomónica con solo 3 diputados, dado el duelo que suponen los 16 sacados por el PP y los 14 del PSOE, hasta ahora en la oposición en aquella región. De esta forma, el avatar de podemista oscila entre dejar que gobiernen los mismos que han aplicado los mayores recortes y ajustes de su historia o permitir que vuelvan al poder quienes empezaron a demoler el Estado de Bienestar con inversiones faraónicas en el aeropuerto de Ciudad Real, protagonizaron la primera quiebra de una Caja de Ahorros en España o privilegiaron los intereses de la industria del boom del ladrillo, ejemplificada en aquella tierra en la figura churrigueresca de El Pocero, el constructor favorito de José Bono y factótum de la fallida megaurbanización de Seseña.

Establecido el dilema, todo parecer indicar que la Segunda Transición 2.0 comenzará en ese lugar de La Mancha. Demasiadas coincidencias la patrocinan. De un lado los votantes, usados una vez más como escudos humanos del juego de tronos partidista, que difícilmente comprenderían que Podemos despreciara su bala de plata para “desalojar al PP de las instituciones”. Pero también porque entre el líder socialista Emiliano García-Page y la dirección autonómica de Podemos hay más que guiños. Varios miembros de la cúpula toledana de la formación morada fueron altos cargos durante la anterior legislatura (un ex jefe de gabinete de Ordenación del Territorio; una antigua adjunta al secretario general de presidencia de la Junta y un ex director de Vivienda y Patrimonio). Además, el pretendiente García-Page “compartió mesa y mantel” con Pablo Iglesias e Íñigo Errejón en la cena que les ofrecieron el mismo Bono y José Luis Rodríguez Zapatero en casa del primero. Por cierto, a día de hoy una minicumbre sin luz ni taquígrafos.

Por lo demás, la campaña electoral del 24M ha basculado entre dos retóricas equidistantes. La del centro derecha pepero que ha llamado a rebato a sus desafectos al conjuro de “!que viene los radicales¡”, y la puesta en práctica por IU y Podemos, el partido opado y el opante, bajo la taumatúrgica consigna de constituir “frentes populares”. Más allá de la natural fanfarria y adhesiones incondicionales, ambos modelos suponen en realidad un reconocimiento de debilidad. Convocan a los de afuera con soflamas para intentar aglutinar una mayoría que a todas luces se intuye insuficiente con los propios recursos.

Entre bastidores de esta trama bipolar se ubica el centro izquierda del declinante PSOE, que ha intentado mimetizarse como bisagra con la mirada puesta en los novatos que les gustaría “echar a la derecha de las instituciones” pero sin daños colaterales. Lo que sin ninguna duda le confirmaría a medio plazo en la condición de casa común de la izquierda que puede y no quiere y de la emergente que quiere y no puede. Que no es sino repetir la vieja jugada de cuando el felipismo se erigió en buque insignia del cambio para el PSP de Tierno Galván y el PCE de Santiago Carrillo, entre otras formaciones en busca de un autor.

Una fórmula a medio camino de la técnica del sacacorchos y la de los vasos comunicantes. Basta con tener la habilidad de mantener abiertos los canales de arriba-abajo y de mayor a menor, y hacer el filtro que más convenga políticamente, ejerciendo un riguroso control de los tiempos. Parece claro que si no existieran unas elecciones generales en el calendario vigente, ni Podemos ni Ciudadanos se harían los estrechos a la hora de dar su apoyo para formar gobiernos municipales o autonómicos. El ejercicio del poder es la razón de ser de todo partido político que se precie, porque lo que verdaderamente desgasta es no tenerlo (Andreotti dixit). Pero toda esta sopa de letras oculta un hecho obvio, y es que a pesar del batacazo el Partido Popular es el que ha ganado las elecciones. La prueba es que las diferentes siglas de la oposición tienen que coaligarse para poder “echarle de las instituciones”.

Eso nos lleva también a la necesidad de reconocer que a menudo “las palabras de la tribu” inducen a espejismos. Ni el PP es la derecha troglodita ni el PSOE la izquierda socialdemócrata, y de momento la pelota nominalmente sigue estando en el tejado de las huestes de Mariano Rajoy. Por más fervor “antifascista” que propaguen algunos pulpitos mediáticos ahora convertido en panfletarios del cambio vaya usted a saber por qué. El veredicto electoral de los “impopulares” populares lo contabiliza a pelo el PP, sin consolidado que los complete con otros grupos, por más que apriorísticamente se descalifique a Ciudadanos como su “marca blanca”. De suyo, una escisión por la derecha extrema como Vox se ha quedado fuera del tablero político y a nadie en Génova 13 se le ocurriría pensar en apoyos de formaciones de la extrema derecha, como Falange (por cierto una vez más arrinconada en las urnas) para ganar masa crítica (un oxímoron que sigue gozando de predicamento).

Por contra, el PSOE y “los radicales” emergentes se necesitan, unos para tocar poder y otros para demostrar a sus seguidores que “algo si se puede”, poniendo en valor la escaleta de votos sacados en los recientes comicios. Lo que significa pactos de legislatura, apoyos puntuales o coaliciones de gobierno. Esto último es lo que ensayó con desastrosas consecuencias IU, el partido “corazón de la izquierda” que más ha defendido durante la campaña la idea de “echar al PP de las instituciones”. Aparte de sus ciscos internos, algo habrá tenido que ver en esa pírrica derrota el hecho de que la coalición obrara como compañero de viaje del PSOE en Andalucía y Asturias, y desmintiera ex ante tal eslogan identitario en Extremadura al favorecer con su abstención la investidura de Monago.

Pero las elecciones de la crisis han arrojado una novedad que preocupa a todos los grandes partidos sin distinción, y que además supone un incordio para los nuevos: las plataformas ciudadanas. Sobre todo temen a las que con el nombre Barcelona en Comú y Ahora Madrid están destinadas a gestionar los dos principales núcleos poblacionales del Estado. Dos ciudades emblemáticas que atesoran más influencia y presupuestos que algunas asambleas autonómicas. Por su estructura pluralista y movimientista; por su constitución de impronta horizontalista y por la iniciativa que en ellas ostentan sectores del activismo social, desde el tablero político se ve esa irrupción como una amenaza. En este sentido, parece significativo que Esperanza Aguirre, adalid del neoliberalismo rampante, haya sugerido in extremis ceder la alcaldía de la capital a su adversario socialista Antonio Miguel Carmona para cerrar el paso a Manuela Carmena. Y que el edil en funciones de Barcelona, el convergente Xavier Trías, proponga un tripartito (CiU-ERC-PSC) para hacer lo propio con la formación ganadora de Ada Colau.

Lo que más temen en el duopolio dinástico es que Ahora Madrid (y no el partido Podemos que despreció el municipalismo) y Barcelona en Comú lleven a la práctica en escala macro una forma decente de administrar la cosa pública. Es problemático que sin el abrasivo de los grandes medios de comunicación a su servicio y con los recursos de la corrupción en mínimos por el acoso judicial, las maquinarias de los partidos puedan seguir dominando la pista política. Y no digamos nada si encima se llegara a reformar la ley electoral; dejaran en barbecho las listas cerradas y bloqueadas; se generalizaran las primarias sin trucos, ni trampas, ni tope de avales excluyentes; y la trasparencia fuera una realidad contante y sonante. Entonces funcionaria el botón del pánico.

No deja de ser paradójico que la capacidad política de Podemos para anular la cara A de la casta sea a costa de relanzar su cara B, rectificando así el varapalo que los votantes han propinado en las urnas al bipartidismo.

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