Carlos Taibo

Nada descubro cuando afirmo que estamos delante de una genuina estafa. En su versión más reciente, esa estafa se vincula estrechamente con la palabra deuda. Aunque nuestros gobernantes parecen empeñados en subrayar que arrastramos un grave problema de deuda contraída por las diferentes administraciones públicas, la realidad es muy diferente: hasta hace bien poco más de las cuatro quintas partes de la deuda española correspondía a agentes privados, entre los cuales despuntaban con claridad inmorales entidades financieras. Sólo una pequeña fracción de la deuda privada había sido contraída, entre tanto, por las unidades familiares.

En el meollo de la estafa mencionada despunta, claro, una circunstancia más: asistimos a un inmoral proceso de estatalización de la deuda privada que está en el origen de recortes y agresiones contra derechos. En virtud de la decisión asumida por los dos grandes partidos españoles, los desafueros cometidos por los responsables de bancos y cajas de ahorro los tenemos que pagar todas. No está de más que, en este terreno, recuerde lo que debiera ser evidente: mientras nuestros gobernantes acuden presurosos a salvar la cara a las instituciones financieras, no actúan de la misma manera con las familias. Ahí está, para demostrarlo, ese dato espeluznante que nos habla de nada menos que 350.000 desahucios.

Conviene agregar, con todo, un par de observaciones más. Si la primera subraya que nuestros gobernantes rechazan orgullosamente cualquier fórmula que implique una auditoría seria de la deuda, la segunda anota que en paralelo se niegan a aceptar lo que muchas entendemos que es la clave de la cuestión: la inexorable necesidad de distinguir entre deuda legítima –aquella que es razonable pagar– y deuda ilegítima –la que, al haber sido contraída en virtud de la especulación y del negocio más rastrero, hay motivos poderosos para rechazar–. Para cerrar el círculo, en fin, estamos obligados a certificar un dato sangrante que ilustra de manera fehaciente la condición de quienes nos gobiernan: no hay nadie en la cárcel, sea por efecto de la desregulación general acometida en el último decenio –si desaparecen las normas desaparecen también los delitos–, sea como consecuencia de la nula independencia del poder judicial.

De todo lo anterior hay que extraer lo que a mi entender es una conclusión obvia: sobran los motivos para rechazar el pago del grueso de la deuda y para hacer otro tanto con las faraónicas ayudas que las instancias que están en el origen de ésta –bancos y cajas de ahorro– siguen recibiendo. Como sobran las razones para dar réplica rotunda a las agresiones que el capital ha decidido sacar adelante al amparo de una nueva ola de la lucha de clases que nos retrotrae a etapas que muchos pensaban definitivamente arrinconadas por la historia.

Me importa subrayar, eso sí, y ahora cambio de tercio, que la negativa a sacarle las castañas a bancos y cajas de ahorro debe acompañarse de una actitud bien distinta en lo que respecta a otras deudas que, olvidadas, éstas sí, conviene pagar. La primera de esas deudas impagadas lo es con las mujeres. Víctimas de una atávica marginación, tanto en el orden material como en el simbólico, padecen a menudo una doble explotación: la que se verifica en el ámbito laboral convencional y la que se hace valer en el hogar de la mano de una economía de cuidados que recae de manera casi exclusiva sobre sus hombros. Nunca está de más recordar que el 70% de los pobres y el 80% de los analfabetos existentes en el planeta son mujeres.

La segunda de esas deudas que debemos asumir lo es con la mayoría de los habitantes de los países del Sur. En este caso lo que se impone es el recordatorio de las secuelas, dramáticas, de siglos de expolio de la riqueza humana y material que atesoran esos países. No vaya a ser que en el Norte opulento acabemos por reconstruir nuestros maravillosos Estados del bienestar a costa de ratificar atávicas relaciones de explotación y exclusión.
La tercera, y última, de las deudas que estamos obligados a considerar es la que tenemos con los integrantes de las generaciones venideras y, también, con las restantes especies que nos acompañan en el planeta Tierra. A unos y otras llevamos camino de entregar un planeta literalmente inhabitable, cautivados como estamos por los mitos del crecimiento, el consumo, la productividad y la competitividad.

Mientras rechazamos la deuda que nuestros gobernantes nos han endosado, hagamos por pagar estas tres onerosas deudas que cabo de mencionar.