El Vaivén de Rafael Cid

La banca es el problema y el gobierno su absolución. La deuda que nos hundió en la crisis que nos devuelve al feudalismo es privada (empresarial y financiera) pero los rescates se hacen con dinero de todos y a costa de inversiones públicas y sociales. Nuestros teóricos representantes castigan a las personas físicas y se cuadran militarmente ante las personas jurídicas. Está claro, como bien expresaron al alimón Felipe González y Rodrigo Rato, coleguitas en una reunión mundial de directivos de Repsol YPF, “no se puede sorber y soplar al mismo tiempo”.

Desde que empezó la pandemia de la crisis, provocada por la burbuja inmobiliaria financiera, hemos podido comprobar, por si alguien lo dudaba, que en España manda la gran banca y que los gobiernos que se turnan en el poder, ya sean del PSOE o del PP, la único que en realidad hacen es cumplir con la hoja de ruta oculta trazada por Botín y sus amigos. Con el gobierno socialista de Rodríguez Zapatero tuvimos “la mejor banca del mundo”, y todas las normas legales económico-empresariales aprobadas se hicieron a su dictado y “por nuestro propio bien”. Desde esa altruista convicción, el PSOE sacó el cheque bebé (para todos, en “igualdad de oportunidades”, ricos y pobres); subvencionó con dinero público la compra de vehículos de cualquier gama (ídem eadem idem), aprobó el Plan Ñ de (sub)desarrollo municipal (y ahora son los endeudados ayuntamientos los malos de la película), perpetró una pionera contrarreforma laboral para “crear empleo” (congelando pensiones, rebajando el salario a los funcionarios, fomentando los contratos temporales, endureciendo las condiciones para jubilación, etc. , etc. ) y reformó la legislación bancaría para “sanear el sector” (creó el FROB con recursos públicos, puso en marcha la liquidación exprés de las cajas de ahorro y su Obra Social y privatizó Bankia, la segunda entidad financiera semipública del país).

Todo para confort del gran sanedrín de la banca. Y luego, casi en el tiempo de descuento, los socialdemócratas nos metieron tres goles comprando al árbitro: dieron un golpe de mano constitucional para introducir en la “ley de leyes” el cerrojazo del equilibrio presupuestario, cedieron el territorio nacional para el despliegue del belicista Escudo de Misiles de EEUU e indultaron al consejero delegado del Banco de Santander, Alfredo Sáez, condenado en firme por el Tribunal Supremo. Todo ello sin que ni un sólo ministro renunciara (siempre dieron el preceptivo “enterado”) y, lo que es más increíble, con el apoyo cerrado de todos y cada uno de los miembros del Comité Federal y de los delegados del último Congreso del PSOE, aquel que culminó en un sonoro aplauso de complacencia cuando su líder Zapatero clamó ¡¡a consumir, a consumir!!)

Bipartidismo dinástico-mercantil

Cayó el POSE y vino el PP traído en volandas por el contravoto de los ciudadanos que aún confían en los milagros de las urnas sin democracia. Y todo sigue igual o peor. Aunque Mariano Rajoy lo tuvo más fácil, porque se encontró con los railes de la contrarreforma ya puestos, siguió el guion preestablecido: profundizó las políticas reaccionarias iniciadas por Ferraz, desmintió lo que acaba de prometer en su programa electoral (como Zapatero) y, de casta le viene al galgo, tomó como rehenes de sus planes de austeridad a la Educación y la Sanidad, cebándose así en los dos sectores que más favorecen la movilidad social. Todo con la excusa de la herencia recibida, que tiene algo de verdad (haber ocultado el PSOE el déficit del 2011 en 2,5 puntos significa 26.000 millones de euros más de deuda a compensar, por encima de cuatro billones de las antiguas pesetas) y bastante de teatro-aspaviento para consumo placebo. De esta forma, en sólo cinco meses de des-gobierno (porque se gobierna en nombre del pueblo para los ricos), el PP dejó chico a Zapatero y sus brotes verdes.

Lo demás, sin demasiadas sorpresas. Los sindicatos mayoritarios CCOO y UGT, ahora sí, sacaban tarjeta roja al gobierno de la derecha y se ponían al frente de la manifestación, haciendo un hueco junto a ellos, en primera fila de pancarta, a la recauchutada oposición socialista (¡¡ Valeriano Gómez, el ministro del paro de ZP, el valedor de la contrarreforma laboral que tasó la indemnización por causas objetivas en 20 días por año y autorizó el despido procedente incluso estando de baja por motivos de salud, entre los “nuevos indignados” ”!!). Por no hablar de la renacida Izquierda Unida en Andalucía, tocando moqueta con el PSA a cambio de volver a entronizar como presidente de la Junta a José Antonio Griñán, el míster X del escándalo de los EREs. La obsesión por llegar al poder del núcleo duro de IU representado por el PCE produce monstruos político-ideológicos. Ya en 2009, con el PSOE de Zapatero en su tortuosa segunda legislatura, la coalición de izquierdas aceptó hacer el juego a la presidente Esperanza Aguirre en Caja Madrid para arañar un puesto más en su Consejo de Dirección, convirtiéndose así en cómplice de la política depredadora de la actual Bankia nacionalizada.

Así se escribe la historia. La izquierda del PSOE privatizando Bankia y liquidando la red de cajas de ahorro, y la derecha del PP nacionalizándola (con el dinero de todos nosotros) y continuando la reforma del sistema financiero privado según la doctrina Botín. Porque si la nacionalización preventiva de Bankia es un robo de Estado y un esperpento en el que han caído muchas fuerzas de la izquierda nominal, las medidas complementarias emanadas del pasado Consejo de Ministros previo al #12M15M representan su puñalada trapera. Lo que algún diario que se pretende referente del progresismo juzgaba el sábado 12 de mayo como una afrenta a los Botín boys (“La purga del ladrillo castiga a la banca”), es en realidad una sarracina para la sociedad y la confirmación del secuestro de nuestra democracia bipartidista y dinástica por la cleptocracia rampante.

Atraco de Estado, la letra pequeña

Lejos de obligar a la banca a sacar de una vez por todas sus activos inmobiliarios al mercado a precios actuales, en un ejercicio de trasparencia indispensable para re-iniciar el sistema de crédito a la sociedad, el gobierno del Partido Popular ha tirado por la calle de enmedio y, como antes hiciera el PSOE, ha puesto el ventilador en la dirección habitual para privatizar los beneficios y socializar las pérdidas. Las medidas aprobadas por el Ejecutivo, con significativa fecha de caducidad a 31 de diciembre del año en curso, suponen, más allá de la parafernalia oficial y del bamboleo servil de los medios de manipulación de masas, lo siguiente:

-Se subvenciona al 50% la venta de viviendas. Es decir se facilita con descalabro de los ingresos de Hacienda la salida al mercado de los paquetes tóxicos en poder de la banca sin obligarla a emitirlos a precios de mercado. Nada de deducción fiscal por compra de casas para el adquirente, lo que demuestra que la operación tiene trampa y está diseñada a fin de que bolsas de dinero de dudosa procedencia, surgidas de la amnistía fiscal prevista ¡(ay esa curiosa reforma del código penal de autor!) se hagan con el filón inmobiliario en espera de tiempos mejores. Otra “nacionalización” tipo Bankia.

-Se permite a los bancos sacar de sus balances los activos basura y depositarlos en sociedades ad hoc, con lo que se intenta lavar la cara del sector ante las instituciones reguladoras internacionales que llevan tiempo alertando de que supuesta “mejor banca del mundo” es en realidad un nido de víboras. Recordemos que aún con esos muertos en sus fondos de armario, la banca nacional (que no nacionalizada) superó con holgura todos los test de estrés, y que el Banco de España, juro y perjuró sobre su magnífica salud (MAFO, ex editorialista económico de El País, dixit).

-Se abre la posibilidad a la emisión de nuevas ayudas públicas a través del FROB creado por el gobierno Zapatero (¡cómo se va a oponer el PSOE a ello!), lo que indica que la brusca elevación de las provisiones para garantizar el ladrillo oculto en sus cuentas prevé la quiebra de nuevas entidades tipo Bankia que no puedan afrontarlas, dando lugar en conclusión a una mayor concentración bancaria y convirtiendo la supuesta competencia de libre mercado en un chiste. Sin contar el daño colateral que significará la nueva ola de despidos en el sector.
Todo lo cual sin mover un dedo en favor de la dación en pago (Bankia, por ejemplo, ejecuta el 80% de los desahucios de Madrid)) para aliviar el problema social creado por la especulación hipotecaria, y aunque es público y notorio que la mayor parte de la deuda que constituye la espada de Damocles de nuestra economía ha sido creada por el sector empresarial-financiero (en el caso inmobiliario, el crédito a promotores y constructoras constituye la parte del león). A ese robo lo llaman nacionalización. ¿Y las responsabilidades para cuándo? Porque si el tsunami de la prima de riesgo amenaza con llevarnos a todos por delante, está claro que no es por culpa de los trabajadores, sino por el continuo desprestigio de lo que los cursis de la corte llaman “la marca España”, o sea, por el trinque y la corrupción de las instituciones que los gobiernos de toda laya vienen amortizando empujando a millones de ciudadanos al paro y a la miseria.

Un poco de dignidad, señores del rigodón, artistas de la desfachatez. Si la pérfida Argentina “nacionaliza” una empresa estratégica con beneficios, PP, PSOE y los sindicatos del régimen CCOO y UGT lo califican de “confiscación”. Pero cuando se sufraga con dinero público un negocio privado quebrado, como BFA-Bankia; lo llaman “nacionalización”. A menudo los gobiernos clientes de los mercados se desviven por las personas jurídicas maltratando a las personas físicas, las reales, no las de tipo mercantil. No somos mercancía en manos de políticos y banqueros.

No nos representan.