Votarles el 20-N supone consumar un golpe de Estado

El Vaivén de Rafael Cid

Rafael Cid
Rafael Cid
“Deudas odiosas son aquellas contraídas contra los intereses de la población de un país y con completo conocimiento del acreedor” (Jeff King)
“Sólo son legítimas aquellas normas de acción que pudieran ser aceptadas por todos los posibles afectados por ellas como participantes en discurso racionales” (Jürgen Habermas).

Afirmar que con las elecciones del 20-N se intenta cambiar algo para que todo siga igual no simple retórica ni una metáfora, sino una descripción de la realidad. Basta recordar que los próximos comicios suponen una maniobra de recambio entre las dos opciones políticas oligárquicas que aprobaron la solución neoliberal de la crisis. Sale el partido socialista, iniciático a la hora de promover recortes sociales y laborales para cargar los costes del crac sobre las espaldas de los trabajadores. Y entrará el partido homólogo que desde la oposición táctica al gobierno, pero con su apoyo expreso o su abstención a la mayoría de las propuestas, ha afirmado las políticas reaccionarias de sus presuntos competidores en el poder. Es decir, se trata de un giro sobre sí mismo, de rotación sin traslación, no orbital. Nada que ver con un cambio real. Extremo éste condenado de antemano parlamentariamente debido al sistema electoral excluyente que impone barreras de entrada y hace casi imposible alterar el statu quo que define el sistema como de bipartidismo turnante en las instituciones. Cambiar algo para que todo siga igual, aunque la ilusión del hecho diferencial la fabriquen los medios de comunicación que anclan y completan el modelo dominante, suministrando al consumo popular una falsa percepción de la realidad.

Pero esa descripción que acabamos de hacer no sería distinta, aunque si más grave, que el periplo andado desde el final de la dictadura. De hecho, la “modélica transición” supone precisamente una ley del candado: la reserva del derecho de admisión. O sea, un formato de cambio político controlado que, bajo la apariencia de competencia democrática a manos de partidos ideológicamente antagónicos, cierra el camino a las instituciones a opciones políticas rupturistas para perpetuar el vademécum del franquismo que selló el consenso y que se concreta en una economía de mercado neoliberal, un jefe de Estado heredado de la dictadura, la monarquía como forma de Estado, la demonización del derecho a la autodeterminación de los pueblos y la configuración de las Fuerzas Armadas como el bastión de la nación al mando del monarca.

Con ese esquema de trabajo, ampliado y mejorado en cuanto a su eficacia argumental con la incorporación de agentes sociales como los sindicatos mayoritarios tras los preconstitucionales Pactos de La Moncloa de 1977, se ha trabajado durante los 30 años que van desde la aprobación de la Constitución en 1978 hasta el estallido de la crisis financiera de 2008, coincidiendo con la segunda legislatura del gobierno del PSOE presidido por José Luis Rodríguez Zapatero. El manido atado y bien atado del legado franquista ha funcionado -con sus broncas, escaramuzas, disidencias y simulacros- hasta que la importación de la crisis amenaza con implosionarlo todo, dejando al descubierto la profunda impostura sobre la que se había edificado el régimen tándem.

Una tramoya súbitamente revelada cuando los grupos dominantes que apadrinaron la transición como una nueva Jura de Santa Gadea se han visto obligados a exigir a los partidos hegemónicos que abandonaran las apariencias para sumar fuerzas y así tratar de evitar que la crisis consiguiera la ruptura sistémica que se conjuró con el rito de la transición. De ahí la voluntad cerrada del PSOE a la hora de legislar en bloque contra el Estado de Bienestar retirando derechos sociales históricos, y la posición de compañero de viaje del Partido Popular , que permitió vadear la zona de riesgo de la protesta al hacer caer todo el peso de las medidas impopulares en la supuesta izquierda en el poder. Lo que, con la asistencia de CCOO y UGT, suponía una garantía de desmovilización entre la ciudadanía, rectificando con éxito pasadas experiencias que demostraron la dificultad de emprender desde la derecha en el gobierno las reformas estructurales exigidas por los poderes fácticos. Poner el piloto a la izquierda para ir siempre a la derecha ha sido la fórmula triunfadora en la política del Reino de España.

De esta forma hemos llegado al momento de la verdad. Cuando gracias a la acción combinada y alevosa del bipartidismo reinante PSOE-PP se ha producido algo que bajo pautas estrictamente democráticas puede considerarse como un golpe de Estado: la subversión ilegítima del marco básico institucional en aspectos clave como el modelo económico y la seguridad. Nos estamos refiriendo al hecho de elevar el límite de techo de gasto público a la constitución y a la decisión, igualmente compartida por las cúpulas del PSOE y del PP, de hacer de la base militar de Rota el centro neurálgico en el mediterráneo del proyecto Escudo de Misiles de Estados Unidos. Sin consultar la opinión de los ciudadanos. Y en el último caso estando las cámaras disueltas y alterando el espíritu de los pactos con la administración norteamericana sobre defensa conjunta, sellados por Franco en 1953 y renovados por Felipe González en 1988.

Se trata de dos medidas impuestas despóticamente, legales pero no legítimas, cuya derogación debe figurar desde ya en cualquier programa mínimo que pretenda un real cambio político en el país. De ahí que votar el 20-N al PP o al PSOE, y a sus aliados parlamentarios en el proceso de desmontaje del Estado de Bienestar y de recorte de derechos, signifique en la práctica ratificar estas fechorías y hacer más difícil su erradicación. Votar el 20-N sin tener en cuenta esas circunstancias representa validar los mecanismos arbitrarios de gobierno, y dejar el camino sembrado para nuevos ataques sociales, en lo sucesivo con el PPP en el poder y el PSOE jugando a la contra para reubicarse en el imaginario colectivo.

Ya no hay atajos, ni parches, ni alternativas dentro del sistema. Sólo queda decir adiós a todo eso y crear la masa crítica para hacerlo posible. Es una herencia odiosa que no nos compromete porque ha sido impuesta contra la voluntad y los intereses de la mayoría de la población por unos representantes que usaron esa delegación de manera perversa, contra natura. Además, ya sabemos lo que al final de la escapada nos espera con el trágala de herencias odiosas. Asumimos en su día los Acuerdos de las Bases del franquismo, el legado de la transición sin ruptura con la dictadura, el fiasco de la mentida entrada en la OTAN sin teórica incorporación a la estructura militar y hasta Zapatero se ha despedido haciendo suyas las señas de identidad del peor aznarismo, representado por el equilibrio presupuestario de las cuentas públicas y la sumisión a la política exterior y de defensa de la Casa Blanca. Herencia sobre herencia hemos sido devorados por los distintos gobiernos que desde la transición han sido para así cebar a los poderosos que nos dominan. Un proceso de servidumbre voluntaria que tiene como último episodio la brutal transferencia de renta de los trabajadores y pensionistas al mundo de los grandes negocios destruyendo empleo y el tejido productivo, y limitando las inversiones sociales para socializar la deuda que la codicia de las corporaciones del sistema financiero ha generado con el complot del Estado.

Nunca más. Nunca máis. El gobierno negó la crisis. Accedió al poder ofreciendo pleno empleo. Garantizó la solvencia del sistema financiero. Y negó cualquier atisbo de recortes sociales o contrarreformas laborales en el programa electoral por el que fue votado. Por lo tanto, las acciones realizadas castigando los intereses populares para salvar a los mercados parten de un principio de mala fe y no pueden ser exigibles ni imputables a los contribuyentes, que en realidad son los primeros damnificados. Esa herencia odiosa que ha provocado 5 millones de parados, regresión de derechos sociales y constitucionalizado la autarquía en las inversiones públicas (aunque partidas como Defensa acumulan pagos pendientes de casi 27.000 millones de euros) sólo es exigible a ellos mismos. Es una deuda personal, del régimen.

Hay precedentes en el derecho internacional. Esa ha sido históricamente la fórmula jurídica esgrimida por Estados Unidos para rechazar deudas contraídas por gobiernos indignos en países bajo su tutela, caso de Cuba y Filipinas, tras la derrota de España en 1898, y en 2003 respecto a los compromisos financieros del Irak de Sadam Hussein. Pero ¿dónde está escrito que un pueblo no pueda rebelarse contra el expolio de su propio gobierno aunque tenga el aval de las urnas y se haga por la vía legal? La barbarie económica fue desterrada en el siglo V a de C por Solón al prohibir la esclavitud por deudas.

¡Nosotros somos el pueblo!
¡No nos representan!
¡Democracia Real Ya!

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