No es el ajuste, es el programa

Félix García Moriyón

Félix García Moriyón
Félix García Moriyón

Soliviantado anda el mundo educativo, de forma especial en la Comunidad de Madrid. De sobra son conocidas las causas que han lanzado al profesorado a una de las más fuertes movilizaciones que se recuerdan. Casi habría que remontarse a la gran huelga de 1988. La agitación empezó ya en Julio con una caliente asamblea, algo inusual por ser el mes que el profesorado debe dedicar a la actualización en cursos de verano y al estudio o a la lectura, ya fuera de los centros (eso también forma parte de nuestro horario de trabajo, aunque algunos lo olvidan). Y volvió con mucha fuerza a finales de Agosto con otra multitudinaria asamblea, desbordando con mucho a los sindicatos mayoritarios. De hecho estos van un poco a remolque de lo que plantan las asambleas algo informales de profesores. Ellos preferirían algo más tranquilo, como era su práctica habitual, pero se han visto obligados a secundar una huelga de tres días a la semana que se plantea con carácter indefinido, siendo la CGT el sindicato que primero solicitó la convocatoria oficial de esta huelga.

La gota que desbordó el vaso de la paciencia del profesorado fue, sin duda, el ERE encubierto realizado por el gobierno de la Comunidad: en torno a 2.000 (no hay gran acuerdo en la cifra, pero es no afecta al planteamiento del conflicto el que sean mil más o menos) interinos se iban a la calle porque no se iban a renovar sus contratos en septiembre. Consecuencia inmediata: el horario lectivo del profesorado de secundaria aumentaba algo más del 10% (ya había aumentado algo más el curso anterior), se reducción grupos y se quitaban desdobles y otros servicios educativos.

«Ajustes imprescindibles, provocados por la crisis», dicen Esperanza Aguirre y Lucía Figar. «Ataque en toda regla al sistema público y a la calidad de la enseñanza», responden los sindicatos y movimientos asamblearios. Y también: incremento del paro, disminución del salario y aumento del horario laboral. Es decir, más paro y más trabajo por menos salario. Esto último en flagrante contradicción con lo que es la reivindicación fundamental de los trabajadores, como bien señalar Marx: «Menos trabajo y más salario». Y sin duda los dos lados enfrentados tienen parte de la razón, sobre todo los segundos, claro.

Ahora bien, conviene darse cuenta del calado de este enfrentamiento. Esperanza Aguirre, con su fino olfato político y con su habitual desparpajo para defender a las claras su modelo, ha vuelto a acertar con una de sus frases desafortunadas: «Es una huelga política». Tiene toda la razón, pues no estamos hablando de unos ajustes imprescindibles en tiempos de vacas flacas, sino de aprovechar la crisis para llevar adelante su programa político de máximo, el programa que comparte todo el PP (y en parte también el PSOE), pero que sólo Esperanza Aguirre y algunos radicales en las tertulias de Telemadrid o Intereconomía defienden: la aplicación rigurosa de la propuesta política de los neoliberales puros.

El fondo de la propuesta es relativamente sencillo: es imprescindible ir desmontando poco a poco la gestión pública del estado del bienestar. Esto significa que hay que pasar el mayor número de actividades presentes en el sector público a la empresa privada. Esa medida, según dicen ellos, no va a atentar contra los servicios públicos básicos, como la sanidad o la enseñanza, pero sí va poner su gestión en manos privadas. El adelgazamiento del sector público significa, utilizando una frase de Rosell, el presidente de la patronal en plena sintonía con Aguirre y sus seguidores (todo el PP), deshacerse de muchos trabajadores públicos, pues entre estos «sobra grasa y falta músculo».

Hace unos años Aguirre dio una definición muy clara del sector público, precisamente al hilo de sus propuestas para sanidad y educación: público es lo que le sale gratis al ciudadano. Si la Comunidad de Madrid subcontrata servicios educativos (enseñanza concertada), a ella le cuesto menos dinero (lo que le permite reducir impuestos) y al ciudadano le sale casi igual de gratis (siempre hay unos pequeños pagos añadidos, pero eso son variables insignificantes de lo que podemos llamar copago, que las familias están bien dispuestas a pagar). Al final, el Estado y sus organismos se van reduciendo hasta llegar al Estado mínimo, sueño de cualquier neoliberal (como los del Tea Party). Quizá lo público se quede en gestionar la policía (aunque se puede subcontratar la seguridad a empresas privadas), la justicia (susceptible también de ser privatizada, suprimiendo, por ejemplo, los abogados de oficio) y el ejército (que queda fuere de las competencias de las comunidades autónomas. Y desde luego su Telemadrid, una televisión absolutamente partidista y sectaria, no se privatiza por muchas pérdidas que dé.

Por si quedara alguna duda del programa político, al mismo tiempo que hace una liposucción radical en la escuela pública (suprime «grasa» sobrante, los interinos), concede a quienes llevan a sus hijos a centros privados puros (a los que solo acceden los hijos de la élite social y económica) reducciones fiscales por el pago de las cuotas escolares y cede terrenos a entidades privadas para construir colegios. No alarmarse del todo: conviene dejar centros de titularidad estatal; unos para poder atender a las clases más desfavorecidas, otros para mostrar que la generosa administración también crea plazas de excelencia. Pero estamos ante una pura opción subsidiaria y asistencial. O ante pura propaganda, como los centros bilingües.

Si nos centramos en la educación, el programa neoliberal se radicaliza y una vez más Esperanza Aguirre se va de la lengua: no conviene que todos los niveles del sistema educativo sean gratuitos. Sólo la educación básica obligatoria. Faltaba más. Ya dijo algo parecido hace años: los inmigrantes no vienen a estudiar, por lo que no tenemos que garantizarles ninguna plaza educativa. Mucho menos superado el nivel básico, que es el que basta para dedicarse a los puestos de trabajo que les corresponde, casi todos ellos de baja cualificación.

Pues eso. Estamos ante una huelga política en el sentido más radical y genuino de la palabra. Esperanza Aguirre, y los que la han seguido en Castilla La Mancha y Galicia, ponen en marcha su programa radical, aprovechando la excusa de la recesión (que sin duda sus propuestas económicas contribuyeron a crear). Si no les frenamos ahora, podemos imaginar lo que ocurrirá en toda España cuando, como parece previsible, el PP ganes las elecciones.

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