La protesta juvenil del 24 de octubre revela un malestar que no puede reducirse al vandalismo. Detrás de algunas de sus expresiones aparecen la crisis educativa, la precariedad laboral y la pérdida de confianza en el futuro.
Rubén Morvolution — Trabajador industrial
El pasado 24 de octubre, una convocatoria juvenil difundida a través de las redes sociales reunió a un gran número de estudiantes, principalmente de instituto, en el centro de Barcelona. Bajo referencias como Instituts Indignats y Blocus, inspiradas en las movilizaciones estudiantiles francesas, la jornada terminó con enfrentamientos con la policía, incendios, destrozos y saqueos de comercios. La respuesta institucional no tardó en situar los acontecimientos en el terreno del orden público.
Los hechos no necesitan ser minimizados. Pero reducir lo sucedido a una gamberrada colectiva tampoco permite comprenderlo. Entre las imágenes de los disturbios han circulado entrevistas a participantes que expresan preocupaciones bastante más concretas que el simple deseo de provocar altercados. La presencia de chicas entre quienes participaron en los acontecimientos y entre las personas detenidas recuerda, además, que no estamos hablando de un fenómeno exclusivamente masculino.
Preguntadas por sus motivos, algunas de estas personas jóvenes denuncian el estado de las aulas, critican al profesorado y al Gobierno y hablan de la falta de futuro. Cuando una periodista les pregunta si están allí por la educación, responden afirmativamente. Una de las intervenciones resume la frustración con una frase especialmente significativa: para conseguir trabajo necesitas un título, pero después puedes acabar cobrando 1.500 euros. La conclusión es un rechazo airado al valor de esa titulación.
La cifra no es casual. Los 1.500 euros se han convertido en una referencia habitual al hablar de los salarios modestos en España. Un sueldo que puede parecer aceptable sobre el papel, pero que, una vez descontados el alquiler, los suministros, la alimentación y el transporte, difícilmente permite a muchas personas jóvenes emanciparse y construir una vida independiente. La cuestión no es únicamente cuánto se cobra, sino qué condiciones de vida permite sostener ese salario.
No estamos ante un análisis económico elaborado, pero tampoco ante palabras carentes de contenido social.
Una promesa que pierde credibilidad
Durante décadas, estudiar, obtener una titulación y acceder al empleo se presentó como el camino hacia una vida mejor. La educación debía permitir el ascenso social; el trabajo, proporcionar independencia económica; y el salario, abrir la puerta a una vivienda y cierta estabilidad.
Esa promesa nunca se cumplió por igual para toda la población, pero desempeñó un papel fundamental en la integración de amplios sectores de la clase trabajadora.
Lo que expresan estas voces juveniles es la pérdida de confianza en esa relación entre esfuerzo y recompensa. Se les exige prepararse, competir y acumular credenciales, mientras anticipan empleos precarios, salarios insuficientes y dificultades para emanciparse.
Los 1.500 euros mencionados en la entrevista no constituyen una predicción sobre el futuro de quienes protestan ni un cálculo preciso de sus necesidades. Expresan una percepción social reconocible: incluso cumpliendo las exigencias del sistema educativo y consiguiendo un empleo, puede resultar imposible alcanzar la autonomía material que se les había prometido.
Y quizá lo más significativo sea su edad. Buena parte de esta juventud todavía no ha tenido una experiencia laboral prolongada, pero ya imagina su futuro dentro del mundo del trabajo en términos de precariedad. La inseguridad no aparece únicamente después de incorporarse al empleo: comienza a formar parte de sus expectativas durante la adolescencia.
Una rabia que también contiene contradicciones
El malestar no se expresa necesariamente de manera coherente. Quienes denuncian las condiciones de la educación pública pueden dirigir también su enfado contra el profesorado, que padece problemas laborales y organizativos dentro del propio sistema educativo.
Esa contradicción merece ser comprendida, no utilizada para desacreditar a quienes protestan.
Desde la posición del alumnado, el profesorado puede representar la autoridad inmediata, las exigencias académicas y una institución que no responde a sus expectativas. Desde la posición de las trabajadoras y los trabajadores de la enseñanza, las deficiencias educativas pueden estar relacionadas con plantillas insuficientes, sobrecarga laboral y falta de recursos.
Son experiencias diferentes de una misma institución. Que existan intereses potencialmente compartidos no significa que quienes los padecen se reconozcan espontáneamente como aliados.
Tampoco debemos confundir las declaraciones de algunas personas participantes con las motivaciones de todas. La convocatoria circuló por redes sociales y en algunos grupos se difundieron llamamientos explícitos a cometer saqueos. Desconocemos quién impulsó realmente esas iniciativas y qué relación tenían con las reivindicaciones educativas. Comprender el trasfondo social de la protesta no obliga a presentar cada una de las acciones ocurridas como una reivindicación política.
Pero la existencia de saqueos tampoco borra las palabras de quienes expresaron un malestar educativo y laboral.
Entre el malestar social y la recomposición de clase
Los acontecimientos de Barcelona pueden leerse dentro de un contexto más amplio: movilizaciones estudiantiles, conflictos laborales, protestas por la vivienda y un cuestionamiento creciente de las expectativas de estabilidad que acompañaron a generaciones anteriores.
No significa que todos estos conflictos formen parte de un movimiento común. Mucho menos que la juventud movilizada constituya ya un sujeto político organizado.
La recomposición de clase exige algo más que compartir dificultades materiales o coincidir en una protesta. Requiere relaciones de solidaridad, reconocimiento de intereses comunes, capacidad de decisión colectiva y formas de organización que sobrevivan al acontecimiento puntual.
Precisamente ahí se encuentra una de las principales contradicciones del momento. Estudiantes que temen acabar en trabajos mal pagados, docentes que se movilizan por sus condiciones laborales y personas trabajadoras que no pueden acceder a una vivienda pueden estar experimentando distintas dimensiones de una misma crisis social, sin disponer todavía de espacios donde reconocerlas y afrontarlas conjuntamente.
La protesta de Barcelona no demuestra que esa recomposición esté produciéndose. Pero las declaraciones de algunas de las personas participantes sí permiten identificar un malestar que podría formar parte de sus condiciones de posibilidad.
Antes de condenar, comprender
Resulta fácil describir a esta juventud como una generación sin valores, manipulada por las redes sociales o atraída por la violencia. Mucho más difícil es escuchar lo que dice sobre la sociedad que le espera.
Escucharla no significa idealizarla. No sabemos qué piensa el conjunto de participantes, cuáles son sus trayectorias sociales ni qué continuidad tendrán sus protestas. Tampoco podemos convertir unas entrevistas breves en una explicación completa de los disturbios.
Sin embargo, hay una pregunta que merece más atención que cualquier etiqueta: ¿ qué ocurre cuando una parte de la juventud deja de creer, antes incluso de incorporarse al trabajo, que estudiar y esforzarse le permitirá vivir mejor?
La respuesta no está escrita de antemano. Esa frustración puede alimentar la resignación, el enfrentamiento indiscriminado, respuestas autoritarias o nuevas experiencias de organización colectiva.Lo que sería un error es pensar que basta con restablecer el orden en las calles para resolver las contradicciones que esta juventud está señalando.
Porque, detrás del ruido de los disturbios, hay una cuestión social que seguirá presente cuando desaparezcan las imágenes de los contenedores ardiendo: una juventud a la que se le exige prepararse para el futuro mientras duda, cada vez más, de que ese futuro le ofrezca una vida digna.
