El Vaivén de Rafael Cid

Sin argumentos que oponer, faltos de razones para justificar su traición, sin atisbo de dignidad y dejados de una mínima ética formal en que ampararse, el poder, acorralado por sus propias mentiras, ha vuelto a reaccionar de la única forma que sabe. La que históricamente le ha valido para dominar sobre los demás: usando la violencia de las instituciones. De esta manera ha hecho aún más grande el abismo que le separa de la sociedad a la que dice representar. Y más fuerte a quienes se le resisten cívica y democráticamente, anticipando el éxito y la grandeza moral de las movilizaciones del domingo 19-J.

Ni el Estado es la Sociedad, ni el Derecho la Justicia, ni el Parlamento la Democracia cuando el sistema funciona como un latifundio que los privilegiados utilizan para favorecer sus negocios frente al bien común y la Democracia Representativa aparece como el artefacto con que secuestran la voluntad general. Lo dijo Agustín de Hipona: un gobierno que no busca la justica es como una banda de criminales a gran escala.

Esto es en perspectiva lo que ocurre actualmente en España. La legalidad la tiene el gobierno, pero carece de legitimidad. La razón y la legitimidad están con la calle y la protesta. El gobierno malhechor, que ha permitido el expolio económico y social; nos ha metido en otra guerra atroz; ha provocado millones de parados al traspasar a los trabajadores la crisis que generó la banca; impide la anulación de las criminales sentencias del franquismo e impone el mayor recorte de derechos laborales y sociales desde la transición, se ha colocado fuera de la ley.

Mientras, los representados, ante la flagrante vulneración de los programas con que el PSOE concurrió a las elecciones del 2004, prometiendo pleno empleo, ampliación de libertades y consolidación de conquistas sociales, han roto el contrato que les amarraba a sus teóricos representantes y, en un ejercicio de firmeza democrática, han decidido asumir la responsabilidad política que los dirigentes tiraron por la borda.

Es la sociedad en marcha la que exige Justicia y Democracia porque no hay Derecho, elevando el principio de dignidad a la categoría de “acción política”, impidiendo a pecho descubierto los desahucios judiciales contra ciudadanos víctimas de la mayúscula estafa de las hipotecas, exigiendo la devolución de lo socialmente expropiado por los bancos y recuperando la soberanía popular usurpada con la violencia de las instituciones

Desde la masacre de los Abogados de Atocha al caso Scala, desde los atentados de Montejurra a los asesinatos masivos de Vitoria, el poder en España siempre ha recurrido a la estrategia de la tensión para recuperar el control social en momentos de crisis y ruptura. Ahora han vuelto a las andadas con el 15-M, ensayando el mismo programa represivo y cainita de toda la vida. Primero emplea a los medios de comunicación del régimen para frenar en contagio social con un minutado caníbal clásico: censura previa para ningunear el movimiento; revelación de presuntas diferencias internas; intentos de fabricar líderes y portavoces con quienes pastelear; rumores sobre altercados, violaciones y problemas de salud entre los acampados y, como postre, se arman tramas para enfrentar a los indignados con el entorno social de los comerciantes. Luego se utiliza el globo sonda del uso excesivo de la fuerza a manos policías demasiados celosos de su misión con la intención descarada de probar la consistencia de los apoyos con que cuentan los manifestantes. Y para concluir, se da vía libre a la actuación entre la multitud de provocadores, infiltrados, secretas y personajes que son jueves para criminalizarlos y crear el rechazo necesario en la opinión pública que sancione el uso indiscriminado y legítimo de la violencia. En Egipto soltaron a los delincuentes comunes de las cárceles para atacar a los acampados de la Plaza de Tahrir. Aquí aún no hemos llegado a eso.

Por cierto, y por si alguien lo ha olvidado. La única vez que un parlamento se vio no sólo asediado sino asaltado y secuestrado por una banda armada fue el Parlamento de la Nación y los terroristas que lo ejecutaron fueron instituciones del Estado tan celebradas como la Guardia Civil y el Ejército, siendo el Rey y Jefe del ese mismo Estado y de ese mismo Ejército golpista quien se dirigió tarde y mal a los ciudadanos calificando los hechos de “situación creada por los sucesos desarrollados en el Palacio del Congreso”. Aquello, dicen los gerentes del sistema, salvó la democracia. Los abucheos, empujones, caceroladas, acosamientos, agresiones y melonadas de cuatro exaltados –“sucesos desarrollados” bajo la sospecha de la inducción al delito por agentes del orden infiltrados- a unos representantes del pueblo que iban a aprobar recortes de derechos contra ese mismo pueblo, en un contexto de paro generalizado, son para esas mismas autoridades un “atentado contra la democracia”. Tomen nota los desmemoriados.