Antonio Pérez Collado
Durante los últimos años se ha escrito y hablado mucho sobre la España vacía (o vaciada, según aclaran otras voces) y las graves consecuencias que el abandono de las zonas del interior representa para la conservación de espacios naturales, labores tradicionales del campo y la misma vida de las pocas personas que van quedando en esos pueblos sin presente ni futuro.
Lo que no se ha hecho es tomar medidas adecuadas y respetuosas con el medio para detener esa muerte anunciada. Salvo alguna iniciativa local, sin muchos apoyos, nada se ha avanzado para ayudar a los pequeños agricultores, ganaderos o apicultores, cuyas explotaciones no pueden competir con la agroindustria que impone cultivos y precios. Tampoco se ha revertido la tendencia a dejar sin bancos, sin comercios, sin médicos, sin escuela y hasta sin tren o autobús a esas aisladas poblaciones rurales que se ven condenadas a una muerte inexorable.
Parece como si, salvo las grandes ciudades y la costa, todo el territorio peninsular hubiera sido declarado inservible; precisamente cuando los expertos insisten con más contundencia en su llamamiento a recuperar bosques y cultivos extensivos para intentar frenar el cambio climático que amenaza especialmente al sur de Europa.
Sin embargo las mayores tajadas de las subvenciones se las siguen llevando las grandes empresas agrícolas y ganaderas, mientras las pequeñas explotaciones se ven abandonadas a su mala suerte frente a los bajos precios que imponen los especuladores. La gente joven está abandonando el cultivo de la tierra y el pastoreo de cabras y ovejas; muy pronto lo harán los mayores, que son los únicos que aguantan a pesar de trabajar a pérdidas.
Pero no es solo que los pueblos de interior ven cerrar la escuela, el centro de salud, la caja de ahorros, la estación del tren y hasta el bar, que hacía las veces de tienda y local social, es que ahora las multinacionales y los políticos han entendido que, tras el vaciado de vida y tradiciones, esos campos se pueden ocupar con sus destructivos negocios. Y así, tras la invasión de las macrogranjas de pollos, cerdos y cualquier otro animal susceptible de producir carne de forma industrial, están llegando los grandes proyectos de centrales eólicas y fotovoltaicas.
Prácticamente no hay comunidad autónoma que se libre de esta invasión aunque, como siempre, las más pobres y olvidadas se llevan la peor parte: Castilla y León, Castilla-La Mancha, Aragón, Galicia, etc. En el caso de la Comunidad Valenciana son las comarcas del interior las preferidas para este suculento negocio de la energía supuestamente verde; las de la costa bastante tienen ya con los polígonos industriales y logísticos y con el turismo de masas.
El pasado mes de julio el gobierno de la Generalitat aprobaba 23 nuevos parques fotovoltaicos y eliminaba una serie de leyes y decretos que suponían trabas legales para la tramitación de los correspondientes permisos. De esta forma se desatascarán otros 340 proyectos que siguen pendientes.
Son varias las comarcas amenazadas con estos parques y muchos los pueblos que verán alterada su fisonomía. Uno de los casos más graves es el de la Ribera Alta, donde los municipios de Turís, Alborache y Montserrat pueden ver eliminados gran parte de sus cultivos tradicionales y la superficie de monte. Cuatro parques de 48´9 MWp, (que en realidad es uno de 200.000 MWp troceado en cuatro para facilitar su aprobación) que ocuparán una superficie de 468 Ha, sin contar las correspondientes vías de acceso y las líneas de alta tensión.
No muy lejos, aunque mayoritariamente en territorio aragonés, un nuevo parque eólico de 71.500 Ha en El Maestrazgo amenaza esa comarca y las limítrofes valencianas, puesto que se van a talar dos millones de árboles y la linea de alta tensión de 173 Km las atravesará con el correspondiente riesgo para la población y la fauna.
Los ecologistas y vecinos que nos oponemos a este desafuero no lo hacemos porque no estemos a favor de las energías renovables. Queremos energías como la solar o la eólica, pero no a costa del sacrificio de nuestros montes y pueblos.
Ya hay estudios que apuestan por proyectos más pequeños y más respetuosos con el medio. Se trataría de aprovechar terrazas y tejados de bloques de viviendas, colegios, polideportivos, polígonos industriales, centros comerciales, aparcamientos, etc. dejando el campo para agricultura y bosques. Si otros países ya lo están haciendo, en España también se pueden aprovechar el viento y el sol sin atentar contra el mundo rural.