El Vaivén de Rafael Cid

El súbito regreso al poder del partido socialista sin una oferta programática que implique un claro compromiso de rectificación con anteriores estrategias de refuerzo del neoliberalismo desde el flanco izquierdo, implica una amnesia colectiva respecto a lo que supuso su responsabilidad en la gestión y arraigo del “austericidio”. En esa deriva está arrastrando a las fuerzas políticas que desde los movimientos sociales escalaron el umbral de las instituciones bajo la divisa regeneradora de representar una alternativa rupturista, solidaria, progresista y de avanzada al seguidismo del statu quo vigente. Eso es lo que significan esos nuevos Pactos de La Moncloa atrapalotodo suscritos entre Iglesias y Sánchez (por orden de actuación) al margen de los agentes sociales: volver a empezar. Abanderar el Régimen del 2018, reflotar la Segunda Transición, y que el próximo año electoral de 2019 se repita la hoja de ruta iniciada cuarenta años atrás. Cuando otro pacto entre el PSOE y el PCE dio el poder municipal a las izquierdas como prólogo a la paulatina fagocitación del segundo por el primero en sus principales activos.

“La causa en las cosas corresponde a la razón en las verdades”

(G.W. Leibniz)

Trazar un balance, aunque sea somero, acerca de un gobierno que apenas lleva unos meses en el ejercicio de sus funciones, implica de entrada adentrarse en el brumoso inframundo de las premoniciones. Máxime si, como es el caso, el gabinete objeto de vivisección ha llegado al poder por la carambola política de una exitosa moción de censura arcoiris de múltiples intereses cruzados. El equipo de Pedro Sánchez y sus 84 diputados está lejos de ser una jeringoza a la portuguesa de grupos ideológicamente afines. Más bien parece una macedonia de formaciones distintas y distantes conjuramentadas al desideratum de echar al Partido Popular (PP) de las instituciones, aunque luego cumplimenten holgadamente sus presupuestos. Esa es su virtud seminal y seguramente también su lastre, hasta que el cisma les alcance.

La imagen de un Pablo Iglesias y su grupo gritando en trance “¡sí se puede!” tras aprobarse la votación en el Congreso auguraba un maridaje institucional abdicando de cualquier posibilidad, por mínima que fuera, de refutación del sistema. Como ha evidenciado la versallesca puesta en escena del Pacto sobre los Presupuestos entre PSOE y Podemos, en el espíritu de aquel otro consenso de izquierdas que inauguró IU en la Junta de Andalucía. Un acuerdo meritorio en sus aspectos niveladores, dentro de la ortodoxia neoliberal, pero también trufado de retórica para escalar su impacto propagandístico hasta las decisivas elecciones de mayo del 2019 (la medida estrella del SMI a 900 euros afecta al 3% de los asalariados; el gobierno no tiene competencias para subir el impuesto de patrimonio como recoge el texto; ampliar la lista de paraísos fiscales es potestad de la UE; la actualización de las pensiones con el IPC ya había sido aprobada por el Pacto de Toledo; y se deja a un estudio sien die la propuesta estrella del impuesto a la banca). Por no hablar de los guiños al Decreto Dignidad de Matteo Salvini, tan celebrado por algunos de los padres pensadores de Unidos Podemos (Anguita y Monereo), como lo referido al apercibimiento sobre la adicción a los juegos de azar por cuestiones de moralidad pública.

El asalto a los cielos puede esperar, antes habrá que pasar una temporada en el infierno. Nada que no se pueda soportar tras el botafumeiro de esos nuevos “Pactos de La Moncloa” versión cameo Iglesias-Sánchez. Como entonces se pondera sus presuntos beneficios con el aumento del SMI en cabeza para sombrear lo que se cede en el nuevo contrato social (reversión de las dos reformas laborales y de pensiones; aforamientos, IBI iglesia e inmatriculaciones; sentencias franquismo; control democrático de la Corona; stop concertinas, devoluciones en caliente y CIEs; etc.)

Quizá sea precisamente en esos pilares que han insuflado vida al acuerdo donde haya que situar el primer interrogante desde una perspectiva de izquierda no aliniada ni alienada. ¿Es posible esperar un cambio a mejor de un ejecutivo sujeto al apoyo parlamentario de siglas tan dispares como el confesional PNV, el nacionalista PdCAT; el republicano ERC; el secesionista Bildu o el populista Unidos Podemos? Las hipotecas con que arranca en su despegue no parecen ser las más apropiadas para poner en cuestión el actual statu quo en una perspectiva progresista, solidaria, emancipadora y libertaria. Más simula un matrimonio de conveniencia urgido por las circunstancias del prematuro parto, que cada consorte metaboliza según sus propias convicciones y deseos.

De ahí que resulte chocante el cheque en blanco con que el nuevo gobierno socialista ha sido acogido por la otra izquierda opositora. Solo porque ha desalojado del poder a los conservadores de Génova 13 en segundas nupcias, porque en la primera Podemos lo impidió al rechazar sumar junto a PSOE y Ciudadanos. Aquello de a caballo regalado no se le mira el diente. Con lo que se ha producido una especie de “borrado de huellas” o certificado de buena esperanza ex ante desde aquel no lejano “PSOE, PP, la misma mierda es” que acompañó a las movilizaciones populares contra el saqueo de la crisis económica endosada a los trabajadores. No olvidemos que el bucle refractario se inicia precisamente durante la etapa de Rodríguez Zapatero, y más concretamente en su segunda legislatura involucionista. Es entonces cuando se aprueba el paquete de medidas antisociales que habrán de servir de hoja de ruta al austericidio, con un ex secretario general del PSOE (1997-2000), Joaquín Almunia, al mando de los “hombres de negro” de Bruselas en su condición de vicepresidente y comisario de Competencia de la Comisión Europea (2010-2014). La obediencia debida en versión eurocrática.

Lo que el cambio se llevó

Por cifrar las más lesivas de estas decisiones sobrevenidas, tenemos la contrarreforma estructural de las pensiones; su equivalente en el terreno laboral; y la madre de todas las batallas que supuso el golpe antidemocrático de la modificación exprés del artículo 135 de la Constitución Española para satisfacer la avidez de los mercados financieros internacionales. Estas tres gravosas disposiciones, con enorme impacto sobre la vida de los trabajadores y el conjunto de la ciudadanía menos acomodada, se han perpetuado con “el efecto Sánchez”. Ni la izquierda institucional, ni la alternativa, ni los sindicatos mayoritarios han exigido su derogación como condición sine qua nom para mantener al gobierno. Y como quien calla otorga, el resultado para toda la población ha sido eso que con una imagen de resonancias cuarteleras llamamos “desmovilización ciudadana”. Su desarme como sociedad civil o si se quiere como comunidad moral. Incluso, crecido por esa onerosa indulgencia, el Ejecutivo está sugiriendo ahora que para las pensiones compute toda la vida laboral.

Semejante borrado del disco duro de la memoria más reciente no solo tiene consecuencias políticas y sociales sino que también repercute en el plano ético. Hace que la acción y la inacción de gobierno se subordine en buena medida al performativo de “la herencia recibida”. En nuestro caso concreto, lo que hicieron y lo que deshicieron Mariano Rajoy y sus ministros. Un soniquete escapista que actúa como la tinta de calamar, llevando sus antecedentes al limbo de los justos. De esta forma es posible que los llamados sindicatos más representativos, ergo oficiales, bramen contra la desregulación laboral del PP a coro con el PSOE en el poder mientras solapan que quien madrugó esa ofensiva fue Zapatero. Y que como lógica respuesta los ahora compañeros de viaje del sanchismo protagonizaron entonces sendas huelgas generales.

Más chocante si cabe es ver ahora a CCOO y UGT agitando las protestas de los jubilados que justamente reclaman la actualización de sus prestaciones según el coste de la cesta de la compra (IPC), esquivando toda responsabilidad por haber “consensuado” anteriormente la reforma estructural de las pensiones con Moncloa y la patronal. Ese totum revolutum que incluye la cara B del “efecto Sánchez” permite que sean celebrados como auténticos avances lo que no son más que antiguallas. Como el nombramiento de Octavio Granado en la secretaria de Estado de la Seguridad Social, cabeza visible del frente pro IPC, cuando fue él quien desde idéntico cargo tuteló la contrarreforma de las pensiones de 2011 e incluso justificó su congelación coyuntural “pactada con los agentes sociales”. Conviene recordar, para más abundamiento, que según un estudio de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF), en el capítulo de pensiones, a medio y largo plazo, la actuación más dañina para las clases pasivas es la entonces promulgada. Este informe señala que ya en 2015 supuso una merca de 48,5 euros por mes. Pero el descalabro no tiene quien lo denuncie porque “el efecto Sánchez” incluye una dote de amnesia.

Infortunios de la virtud

Evidentemente este “reiniciar” no funciona porque de pronto se haya instalado en la sociedad una suerte de masoquismo. Viene trufado de gestos y actuaciones que permiten un principio de esperanza de mínimos aunque sea a costa de abandonar toda esperanza de máximos. Y aquí entran en escena medidas reales y necesarias como la devolución de la sanidad universal, que había sido congelada por el anterior gobierno del PP en lo referido a los migrantes; mejoras en la perspectiva de género con la masiva incorporación de mujeres al frente de los ministerios (también son mayoría en las ejecutivas de CCOO y UGT y boicotearon el 8-M); y otras como la exhumación de la momia de Franco del Valle de los Caídos, que quedará en mero placebo si no tiene continuidad en la anulación de las sentencias de la dictadura, hoy casadas en el corpus jurídico de la democracia. Todo ello envuelto en una orla de supremacismo moral que destila la mística de los seres providenciales que se sitúan más allá del bien y del mal porque, a modo del ejército de salvación, su destino manifiesto es “representar a la gente”. Y eso requiere, según los códigos al uso de la injerencia humanitaria, el beneficio de un laissez faire-laissez passez político.

Esta doctrina de la discriminación positiva por tratarse de “uno de los nuestros” (presunción de inocencia para los de casa y de culpabilidad para los contrarios) se ha puesto de manifiesto en varios asuntos de calado vario. Citaremos el de la dimisión in extremis de la ministra de sanidad Carmen Montón por mentir a sabiendas sobre su master (“No todos somos iguales”) con bienaventuranza incluida en su despedida (“Los españoles y las españolas tienen un magnífico presidente”) o el cálido acogimiento a la ministra de Justicia Dolores Delgado por sus colegas feministas tras conocerse que siendo fiscal de la Audiencia Nacional había calificado de “éxito seguro” que la mafia policial montara un puticlub para extorsionar a políticos y empresarios. Pelillos a la mar porque hablamos del “gobierno de la ciudadanía” que la caverna quiere tumbar porque no se resigna a estar en la oposición, a decir de los sanchistas más motivados. ¿Qué hubiera ocurrido si en la “era Rajoy” el titular de Exteriores dijera que las bombas vendidas a Arabia Saudí para la guerra del Yemen “no producen daños colaterales porque son de una precisión extraordinaria”; que la ministra portavoz argumentara que “no se van a equivocar matando yemeníes”; o que el propio presidente terciara justificando la venta del arsenal con un “lo mejor sería que no se utilizaran”?

La misma matraca homeostática de la transición. Aquel displicente “no sé de qué te quejas, estábamos peor con Franco”. Aunque en lo esencial derecha e izquierda institucional están siempre acuerdo. Lo han demostrado al impedir, junto con Ciudadanos, que hubiera comisiones de investigación acerca de los innombrables chanchullos del rey emérito, Juan Carlos I, y sobre los oscuros servicios prestado al Estado por el comisario Villarejo. Inviolabilidades y fueros están a la orden del día, y no solo para los ungidos constitucionalmente. Cambian los gobiernos pero el régimen perdura con los retoques adecuados. Hay un movimiento de traslación con posiciones variables y otro de rotación equidistante, aunque la órbita en torno al astro rey sigue siendo la misma. Una estabilidad que el bipartidismo logra utilizando la muleta ideológica del eje izquierda-derecha para que el sistema supere los test de fuerza que encuentre en el camino. Cuando reina el PSOE, por ejemplo, se pone el énfasis de las tarjetas black en la condena al ex vicepresidente del gobierno con el PP Rodrigo Rato, difuminando las responsabilidades del resto de los mangantes. Entre otros, un cofundador de Izquierda Unida (Juan Antonio Moral Santín, número dos de Caja Madrid-Bankia y presidente de Telemadrid con el socialista Joaquín Leguina en la CAM); líderes de Comisiones Obreras (Rodolfo Benito y Francisco Baquero) y UGT José Ricardo Martínez); de la patronal (Díaz Ferrán); del PSOE (Ramón espinar y Virgilio Zapatero); y hasta el antiguo jefe de la Casa Real (Rafael Spottorno). Por el contrario, cuando toma el relevo el PP, el foco se dirige al monumental fraude los EREs y el affaire Catalunya Caixa que ha sentado en el banquillo al también vicepresidente, Narcís Serra, en este caso del gobierno socialista.

Clientelismo y cortoplacismo

La clave de este interminable vaivén que deja todo como estaba (el lampedusiano cambiar algo para que lo esencial permanezca) podría estar en la naturaleza conformista de la sociedad española, sin ideología proactiva que la defina, aunque como mascarón de proa oficie de rojeras. Solo así se entendería que tras décadas de dictadura en las primeras elecciones democráticas se eligiera a un gobierno presidido por Adolfo Suarez, el antiguo secretario general del Movimiento, el partido único franquista. Y que más tarde el péndulo del sufragio favoreciera a la sedicente izquierda del PSOE con casi el doble número de años en el poder que la derecha. Posiblemente la claudicación de todas las izquierdas en la transición ante los poderes fácticos, por aquel cuento de la “correlación de debilidades”, provocó una clientelización ideológica que solo ha comenzado a cuartearse con el 15M. Un misterio envuelto en un enigma que ostenta como trofeo el hecho de que Andalucía, la comunidad más poblada del país, constituya la aldea gala del Partido Socialista Obrero Español a pesar de su desastroso balance (es uno de los territorios con mayor paro de toda la Unión Europea y Bruselas acaba de rebajarla al grupo de las regiones en desarrollo, las más pobres, después de haber recibido 102.000 millones de euros en fondos de cohesión desde la entrada de España en la CEE en 1986).

Las buenas intenciones (presunciones) que acompañan al “efecto Sánchez” no pueden obviar el hecho constatado por la experiencia de que si las nuevas generaciones viven peor que sus padres algo tendrá que ver con lo gestionado por los diferentes gobiernos habidos en estos cuarenta años. Responsabilidad a repartir por cuotas entre los 21 años de mandato del PSOE, los 15 del PP y los 4 de UCD. Sin olvidar el inevitable influjo externo, donde destacan las dos reformas globales del “nuevo espíritu del capitalismo” etiquetadas como “terceras vías”. La primera de 1999, con la derogación de la Ley Glass-Steagall, por el demócrata Bill Clinton (“La economía, estúpido, la economía”), que volvía a permitir la concurrencia de la banca comercial y la de inversión, y fue considerada como la incubadora de la crisis financiera del 2008. Y la segunda de 2003, la Agenda 2010 del socialdemócrata alemán Gerhard Schöeder, que inauguró el modelo laboral de contratos precarios (minijobs) con disminución de las contribuciones a la seguridad social y las indemnizaciones por desempleo. Ambas fueron innovadas por el social-liberalismo.

Ni siquiera en lo referido al procés la política de mano tendida a la Generalitat introduce variables de auténtico calado, sino que trae causa del oportunismo cortoplacista a que viene obligado Pedro Sánchez para asegurarse los disputados votos del catalanismo rampante. Así, ha pasado de apoyar sin titubeos al gobierno del PP en la aplicación del artículo 155 de la Constitución, que suponía en la práctica instaurar el estado de excepción, a acusar a Mariano Rajoy de ser el responsable de la división en aquella sociedad por “judicializar el conflicto”. Argumento bumerán si tenemos en cuenta que, solo dos semanas antes de ganar la moción de censura, el secretario general del PSOE se declaraba firme partidario de modificar la normativa de manera que el delito de rebelión no necesitara vincularse a la violencia. Para adaptarlo al siglo XXI “porque hay que defender el bien jurídico que es la Constitución de los responsables políticos que utilizando sus cargos la violan”, explicó Sánchez el pasado 16 de mayo en el espacio “Los Desayunos de TVE”. Una iniciativa profundamente retrógrada y reaccionaria que ni el partido ultranacionalista Vox se había atrevido a proponer. Semejante “judicialización” supondría exhumar en su literalidad la tipificación sobre la rebelión prevista en los artículos 214-217 del código penal franquista de 23/12/1944.

El “efecto Sánchez”, contemplado desde una izquierda sin complejos, es la canción del olvido .Bálsamo, renuncia y resignación.