La Veranda de Rafa Rius

Dos mil años de ominoso oscurantismo basado en el control social ejercido por la Iglesia Católica en las sociedades cristianizadas no se solucionan en cuatro días por la pretendida mala conciencia de un papa que dice mucho más de lo que hace. La versión actual de los crímenes de la Iglesia, dentro de su negra historia repleta de dolor y sangre es la ocultada pederastia de muchos de sus clérigos. Mientras que el Código Penal castiga los abusos a menores con años de cárcel, los tribunales eclesiásticos aplican el Código Canónico, que solo prevé penas de privación del oficio de párroco durante un tiempo determinado y, en casos muy graves, la expulsión del estado clerical. La Conferencia Episcopal de Alemania ha investigado los hechos y trasladado sus conclusiones al Papa: 3.677 casos de pederastia en los últimos 70 años. A las autoridades eclesiásticas españolas no se les ha ocurrido ni por asomo, pedir información a sus 70 diócesis para elaborar un trabajo similar.

En Estados Unidos, Irlanda, Chile y Alemania se han iniciado procesos para romper el silencio sobre la pederastia. En España, que tiene 23.000 parroquias y 18.000 sacerdotes, las condenas judiciales por pederastia afectan a menos del 0,2% de los religiosos afectados. En media docena de las sentencias conocidas, los hechos probados explican cómo las víctimas denunciaron primero los abusos a la Iglesia y, sólo ante la falta de respuesta, decidieron acudir a los tribunales.

Pues bien, una vez más, Spain is different. Una vez más, un Estado como España, baluarte mundial de la Iglesia de Roma, no ha defraudado las expectativas. La cúpula eclesiástica se niega a facilitar datos de los procesos que ha conocido o instruido. Solo tres de 70 diócesis obligan al obispo en sus protocolos a informar a la Fiscalía. La Iglesia española silenció durante décadas la mayoría de los casos de abusos sexuales a menores que conoció o juzgó en sus tribunales eclesiásticos. No comunicó estos hechos a la Fiscalía para abrir un proceso judicial ni ha hecho públicas las condenas impuestas a los sacerdotes pederastas, salvo contadas, y en algún caso forzadas, excepciones. En una reciente “investigación” interna se ha preguntado a las distintas diócesis por los casos de abusos infantiles detectados en sus territorios y ¡Oh sorpresa!, no había apenas. Desde 2010, se han registrado dos casos donde las diócesis —Ciudad Real y Segorbe-Castellón— han comunicado a la Fiscalía las denuncias recibidas por abusos dentro de la Iglesia. El resto: no sabe no contesta.

La última “humorada” es que la Conferencia Episcopal ha creado una comisión para revisar los protocolos de prevención de abusos a menores… y ha puesto al frente al obispo de Astorga, acusado de encubridor. En su último caso instruido, castigó al cura José Manuel Ramos Gordón, que había abusado de cuatro menores… a un año sin sacerdocio (¡Ohhh!)

Cuando se demanda un Estado laico –que no aconfesional- no hablamos tanto de igualdad de trato de las diferentes religiones sino de un Estado que no conceda ningún tipo de prerrogativas a ningún tipo de religión, en el caso de España, obviamente a la Católica.

El Estado Español soporta un Jefe del Estado al que cada fin de año le tenemos que sufrir la gran mentira de que “todos los españoles somos iguales ante la ley”. Al parecer, como en tantos otros casos, si eres cura, no.

De momento, con la colaboración de todos los políticos con poder y mientras no le pongamos remedio, una execrable nube de silencio culpable, sigue cubriendo con su sucio manto a los curas pedófilos.