El Vaivén de Rafael Cid

“La objetividad del mundo institucional, por masiva que pueda parecer al individuo,

es una objetividad de producción y construcción humanas”

(Berger y Luckmann. La construcción social de la realidad)

El pasado Primero de Mayo no fue una Fiesta del Trabajo cualquiera. Los sindicatos mayoritarios salieron a la calle tras la pancarta “Tiempo de Ganar”. Comisiones Obreras (CCOO) y la Unión General de Trabajadores (UGT) reivindicaban bajo ese lema conceptos como “igualdad, mejor empleo, mayores salarios y pensiones dignas”. Todo ello con una decidida apuesta en favor del feminismo insurgente, visibilizado en los pañuelos violetas que llevaban al cuello los principales dirigentes de ambas centrales. Y sin embargo, dime de qué presumes y te dirá de qué careces. Vayamos por partes:

Igualdad. Estaba presente por todo lo alto en las proclamas y los discursos contra la discriminación de la mujer y el patriarcado aireados durante la marcha. Una divisa lógica y meritoria tratándose de organizaciones que poseen una notable capacidad de influencia social. Lo que ocurre es que, más allá de que las respectivas ejecutivas de CCOO y UGT tengan una composición paritaria, en el plano de los hechos ese ascendente mengua. Como ocurrió el 8 de Marzo, cuando la coordinadora que preparaba el Día Internacional de la Mujer Trabajadora solicitó el apoyo sindical para declarar una huelga de 24 horas. Petición únicamente atendida por los sindicatos minoritarios, siendo la Confederación General del Trabajo (CGT) la encargada de oficializar dicha demanda ante la administración. CCOO y UGT se contentaron con sumarse a la convocatoria con un simbólico paro de 2 horas, igual que hicieron con el “paro de país” tras el bizarro “a por ellos” poli-mili en la Cataluña del derecho a decidir. Más tarde, al trascender el extraordinario éxito de la protesta femenina, que llegó a abrir los telediarios de medio mundo, muchos sindicalistas sintieron que habían perdido una excelente oportunidad de mimetizarse con el potencial sufragista del 50,94% de la población y el 46,39 % de los ocupados. Por eso, las concentraciones del Día del Trabajo abundaron en innumerables adornos violetas pero escaso acompañamiento feminista, más allá de las afiliadas y liberadas más motivadas del bisindicalismo dinástico hegemónico. Obras son amores: el 8M, orgullosamente autogestionado por mujeres, contó con 50 veces más asistentes que los fastos del Primero de Madrid en Madrid de CCOO y UGT.

Mejor empleo, mejores salarios. El Primero de Mayo conmemora la brutal represión desatada por las autoridades de Estados Unidos contra los obreros anarquistas que en 1886 protagonizaron una huelga para forzar a que se aprobara la jornada laboral de 8 horas. Desde entonces, a lo largo de los 132 años que median, ese cómputo apenas ha variado a pesar de que la productividad laboral no ha dejado de aumentar exponencialmente año tras año. De ahí que solo haya dos maneras ciertas para lograr el objetivo de incrementar la oferta de trabajo y así evitar la creciente e injusta dualización social: regulando desde la cúspide del capital o luchando desde la base sindical. Lo primero supondría que empresarios y gobiernos favorecieran otro New Deal para salir de la crisis mediante el modelo Keynes de pleno empleo a través de una generalizada inversión pública (“Ensayos de persuasión”). Cosa descartada en la actualidad desde el momento en que el neoliberalismo es la doctrina económica triunfante sobre las ruinas teóricas de aquel keynesianismo crepuscular.

En el polo opuesto, a los sindicatos les quedan a su vez sendas salidas: estar a rebufo de las migajas que buenamente ofrezca la patronal a través de la concertación o buscar alternativas realmente emancipadoras al margen de los intereses de la contraparte empresarial. Esto último obliga a actuar sobre la jornada laboral reduciéndola significativamente para el reparto del bien escaso “empleo”. Posición teorizada por estudiosos como Braverman (“La degradación del trabajo en el siglo XX”), Sennet (“La corrosión del carácter”), Gorz (“Adiós al proletariado”), Bauman (“Trabajo, consumismo y nuevos pobres”), Goffman (“Estigma. La identidad deteriorada”) o Rifkin (“El fin del trabajo”), entre otros. Pero ese arsenal ideológico-instrumental ha desaparecido de los programas y las perspectivas de las centrales mayoritarias. CCOO y UGT ni lo mientan, confirmando su ADN de sindicatos de renuncia e integración en el sistema, para socializarnos en el espíritu del capitalismo que insta a someterse en el trágala trabajo forzado-desempleo forzoso. Con ello, el terreno de lucha capital-trabajo queda reducido a escaramuzas meramente cuantitativas, mejores condiciones laborales, salarios, y tal. O sea, medicar los síntomas de la enfermedad con placebos, sin atacar las causas. Sobre lo primero, tras desechar actuar sobre el acortamiento del tiempo de trabajo, y por tanto habilitando la existencia de un ejército de reserva que entrega todo el margen de maniobra al empleador, queda esperar poco. El foco está en los salarios, el elemento más estrictamente mercantil del sistema. Pero operando dentro de ciertos límites, dado que aquí la oferta crea la demanda. Con ello asoma la corrupción de un modelo de relaciones laborales que no puede evitar el bumerán contradictorio en el propio seno del aparato sindical, como ya descubriera Robert Michels en su famosa “ley de hierro de las oligarquías”. Hoy en día esa variante conservadora y burocrática, que tiende a preservar el statu quo, se manifiesta en hechos como el affaire de “las tarjetas blacks”, que reunía a dirigentes políticos, empresariales y sindicales en un mismo latrocinio (avalar desde sus cargos directivos las políticas del fraude de las preferentes y las hipotecas basura de Cajamadrid-Bankia), o en la vergonzosa circunstancia de que CCOO y UGT retribuyen a sus propios asalariados un punto por debajo de lo que ellos mismos plantean a la patronal (2% y 3%).

Pensiones dignas. Dejemos aparte escrutar el contenido de cuándo la percepción alcanza el nivel de “digna”, que seguramente dependerá de las necesidades a atender. De lo que quedan pocas dudas es de la incongruencia de esa petición viniendo de donde viene. Hemos visto a abanderados de CCOO y UGT tratando de fagocitar con su presencia las concentraciones de pensionistas exigiendo su actualización con el Índice del Coste de la Vida (IPC). No obstante, la lógica reclamación del colectivo de las clases pasivas no puede ser una excusa para olvidar los otros recortes que hizo en 2011 el ejecutivo socialista de Rodríguez Zapatero tras su pacto con la patronal y los “sindicatos representativos”. Dicho Acuerdo Social y Económico, de 2 de febrero, alargaba la edad de jubilación a los 67 años, pasaba de 35 a 38,5 los años de cotización para cobrar el 100% y de 15 a 25 su periodo de cómputo, entre otras acciones severamente correctoras. En suma, medidas generalistas que en la práctica prolongarán el tiempo trabajo de los veteranos a costa de taponar a la juventud que intenta acceder a un empleo. Mientras que, por otro lado, se promueve el cese en carreras profesionales, como la de medicina, donde la experiencia es un grado y una garantía de saber hacer. Una especie de maremágnum generacional auspiciado por el sindicalismo de renuncia, con daños colaterales para la ocupación femenina. Como indica David Frayne <<la reducción de la jornada, unida a una distribución más equitativa del trabajo, podría aumentar la tasa de participación de las mujeres en el mercado laboral, y dejar a los hombres más tiempo para participar en la vida laboral>> (“El rechazo del trabajo”).

De ahí que resulte escandaloso el oportunismo de los dirigentes del PSOE y de CCOO y UGT al atizar esas protestas dirigidas unilateralmente contra la derecha del PP en el poder, como si ellos fueran almas cándidas. Conviene recordar que, según muchos expertos, el acuerdo tripartito antes citado supone a medio plazo el mayor hachazo dado nunca al sistema público de pensiones. En este sentido, algunos estiman que el 75% de los recortes en las futuras pensiones traerán causa de esa fechoría fundacional. Y para más inri, resulta que tanto CCOO como UGT, como grandes conglomerados mercantiles que son, ofrecen a sus afiliados “planes de pensiones asociadas” en su cartera de servicios. Con el BBVA en el caso de CCOO (http://servicios.ccoo.es/servicios/Inicio:216–Plan_de_Pensiones_Asociado), y con Inversis, propiedad de la Banca March, en el caso de UGT (https://www.atlantis-seguros.es/general/productos/planes-de-pensiones.aspx). Además y para completar el dislate, buena parte de los integrantes de la ejecutiva federal de PSOE, que junto con sus correas de transmisión sindical pugnan por liderar las golosas manifestaciones de los pensionistas, también tienen planes de pensiones privados. Llueve sobre mojado, pero estos sindicatos no pueden evitar que la inundación amenace sus estructuras. Aunque crean que su condición de franquiciados del poder (“institucionales”, “representativos” y “mayoritarios”) les inmuniza de la disidencia y la controversia. De momento, cuál no será su descrédito y creciente irrelevancia que Mariano Rajoy se ha permitido pactar una subida coyuntural de las pensiones con arreglo al IPC con un partido político “regional”, el PNV, en vez de hacerlo con “los agentes sociales”, aplazando incluso la entrada en vigor del factor de sostenibilidad.

Colorín colorado. Como si fuera un acto de exorcismo, los sectores aludidos suelen alardear de que el PP es el gobierno más corrupto de Europa. Puedes ser, aunque no olvidemos cuando se decía la mismo del PSOE: financiación ilegal a través de Filesa, Malesa y Time Export; saqueo de los Fondos Reservados en Interior; butrón de la Guardia Civil con Luis Roldán al frente (¿Benemérita?); terrorismo de Estado de los Gal; trama financiara de Ibercorp; pillada del gobernador del Banco de España Mariano Rubio, etc., todo con epicentro en Ferraz. Pero lo que no se concibe es el distanciamiento con que el sindicalismo de renuncia proyecta esa panorámica. Porque los hechos sitúan a estas centrales como parte del problema y cada vez menos del lado de la solución. Se han enajenado a los parados, a los jóvenes precarios, a las mujeres, a los pensionistas, a los autónomos (por supuesto), y ni siquiera entienden que son por ellos por quién doblan las campanas cuando el feminismo y los pensionistas se organizan y luchan por su cuenta. En abierto desafío al paternalismo con que CCOO y UGT actúan en sus ámbitos de referencia. Con una circunstancia reveladora: tanto las mujeres como los jubilados han dinamizado sus respectivas marchas y concentraciones sobre la base del principio de solidaridad, cosa que desde los preconstitucionales Pactos de La Moncloa estos sindicatos censuran y rechazan como parte de su compromiso con “las reglas del juego”. Solidaridad, tema clave, imprescindible para la real fraternidad social, que ha vuelto con el 15M, el 8M, las mareas, la lucha contra las preferentes o el apoyo contra los desahucios. Y que fue diana para que un fenómeno tan limitado en el tiempo como Mayo del 68 alcanzara la repercusión que tuvo: obreros y estudiantes juntos tras desbordar a las cúpulas políticas y sindicales. Desde entonces “están prohibidas” las huelgas de solidaridad gracias al sometimiento del sindicalismo de renuncia, franquiciado y patriarcal

Además, para que haya corrupción con dinero público se precisan dos actores: el corruptor y el corrompido. Y corrupción es tanto lo que practican las organizaciones políticas cuando llegan al poder, concediendo subvenciones y contratas a empresarios a cambio de dopar al partido de turno, como la de unos aparatos sindicales que dicen luchar por el empleo pero al mismo tiempo cobran de la patronal por intervenir en los destructivos ERE. El caso andaluz, donde de nuevo concurren en la noria cleptómana gobierno, patronal y sindicatos, no es la excepción de la regla sino su colofón más apestoso. Porque el regado de subvenciones a través de expedientes de regulación de plantillas y cursos de formación, amén de un negocio para los implicados, se utiliza para crear una democracia clientelar en la región con más paro endémico de todo el continente. Ni los partidos ni los sindicatos son representativos. Cara A y cara B del mismo tinglado. Ni pueden financiar sus cuantiosas estructuras únicamente a través de las subvenciones públicas que reciben por el tráfico electoral, y mucho menos con las menguadas cuotas de sus afiliados. Lo que sorprende es que, con esos corrosivos antecedentes, al bisindicalismo la ciudadanía aún no le haya pasado factura como a sus colegas del bipartidismo dinástico hegemónico. Formaciones que sobreviven en almoneda y con un rival emergente por la derecha, el Ciudadanos del Albert Rivera antiguo cotizante a UGT, y otro por la sedicente izquierda, el Podemos de Pablo Iglesias y asociados, a punto de arrebatarle el cetro. Hace poco, la 2 de TVE pasó una película documental sobre la cooperativa Numax, uno de los ensayos de autogestión obrera que se dieron en Cataluña a principios de la Transición, donde una de las trabajadoras comparaba desde la actualidad lo que diferencia ambas etapas. Argumentaba así: “Antes, durante la dictadura, no había libertad de expresión, no se podía opinar. Ahora, en la democracia todos podemos decir lo que queramos, pero nadie te escucha”.

(Nota. Este artículo, fue publicado en el número de Junio de Rojo y Negro, fue escrito antes de presentarse la moción de censura que ha llevado a Pedro Sánchez a La Moncloa. Y antes también de que CCOO y UGT, que hicieron sendas huelgas generales contra las reformas laborales del PSOE y del PP, pactaran con el nuevo gobierno “no derogar” esas medidas antisociales).