Rafael Cuesta. València laica
La Consellería de Educación ha anunciado que el próximo curso, de forma experimental, se darán clases de religión islámica en los centros de enseñanza pública. Ello ha provocado reacciones de entusiasmo tanto en medios musulmanes como católicos. Se presenta dicho anuncio como una consecuencia lógica de la existencia de libertad religiosa, un paso importante hacia la «normalización» e incluso como el ejercicio de un «derecho constitucional». Pero quienes ostentan los más altos cargos de la consellería saben que no van por ahí las cosas.
Seguro que lo saben. Aunque sólo sea porque, sin duda, conocen la campaña que Europa-Valencia Laica lleva años desarrollando: Por una escuela pública laica//Religión fuera de las escuela. En ella se ha explicado incansablemente que la presencia de la religión en la escuela es una aberración pedagógica y democrática.
Aberración pedagógica porque el sistema educativo es el ámbito de aprendizaje de contenidos de las distintas áreas del conocimiento y de los valores compartidos por toda la ciudadanía en una sociedad democrática. Son, por tanto, contenidos sujetos siempre al análisis y revisión racionales que irán formando el espíritu crítico del alumnado. Sin embargo, si las religiones están en la escuela, damos cabida en ella a creencias no contrastadas, a supersticiones y dogmas, muchos de ellos absurdos, que nunca pueden ser cuestionados, al adoctrinamiento, a la fe, que siempre es particular y no al saber que es el objetivo de la escolarización.
Aberración democrática porque la escuela pública es de todos y para todos. Es un espacio común de convivencia al que concurre todo el alumnado en condiciones de igualdad. Aquellos padres y madres que deseen transmitir a su prole sus propias creencias, pueden hacerlo en sus respectivos lugares de culto. Pretender hacerlo en la escuela es invadir un espacio de todos para un interés particular. Si, además, ha de pagarse con recursos de todos, el principio democrático de igualdad queda hecho añicos. Y no sólo eso: si las religiones están en la escuela, se discrimina al alumnado por sus creencias, se atenta contra la libertad de conciencia de quienes no son creyentes y de las personas en formación a las que se somete a adoctrinamiento. Incluso algunas religiones enseñan contenidos contrarios a principios constitucionales como la igualdad de mujeres y varones.
En definitiva, señor Marzà, no podemos dar pie a que se presente como un derecho o como «normalización» lo que es un descarado privilegio. La solución no puede ser nunca aumentar los credos beneficiarios del privilegio, sino acabar con él. Si no lo hacemos así, serviremos de coartada a quienes siempre se han aprovechado de él: «No es un privilegio, es un derecho que también disfrutan otros». Ya es hora de poner fin a esta anomalía democrática.
No hay ningún artículo en la Constitución que justifique la presencia de la religión en la escuela. Tan solo los Acuerdos con la Santa Sede parecen obligar a dicha presencia. Por ello, es inaplazable la denuncia de dichos acuerdos. Hemos de avanzar hacia una sociedad en la que toda persona goce de libertad de conciencia, pueda abrazar el credo que considere oportuno y las instituciones públicas, especialmente la escuela, sean absolutamente neutrales. Es decir, es una obligación democrática caminar hacia un Estado Laico.
