Escalada intimidatoria de sindicatos y entornos policiales en toda España

Periodistas, sindicalistas y activistas denuncian amenazas oficiales y oficiosas vinculadas con sindicatos policiales

Carlos Monty

Una recién constituida, en la ciudad de Valencia, “Asamblea Ciudadana contra el Racismo” que, por primera vez incluía más de 60 movimientos sociales de todo tipo en el entorno de la inmigración y la exclusión social, convocaba este domingo 24 de Septiembre una concentración pacífica de repulsa en el centro de la ciudad contra el Racismo Institucional. ¿El detonante?: la falta de reacción y depuración de responsabilidades en un Ayuntamiento gobernado por el tripartito de “izquierdas” compuesto por Compromís, Valencia en Comú y PSOE, frente a las duras acusaciones de agresión policial, vejaciones y humillaciones racistas y machistas por parte de un operativo de la Policía Local de Valencia contra la ciudadana camerunesa María Nieves Nfina Ondo, esposa del vicepresidente Cédrik Komol del “Centro Cultural y de Ocio Camerunés” de la ciudad, a la que llamaron supuestamente “puta”, “gorda”, “negra de mierda” y amenazaron con quitarle a su hijo y deportarla.

El vídeo de la detención grabado por un vecino puede consultarse en esta edición de el diario Público: http://www.publico.es/sociedad/racismo-policia-valencia-me-amenazaron-quitarme-mi-hijo-llamandome-gorda-puta-negra-mierda.html

La noticia saltó a los medios el pasado mes de Agosto, y la Red Española de Inmigración y Ayuda al Refugiado presentó denuncia formal ante la Fiscalía de delitos de Odio por delitos de amenazas, odio y detención ilegal, basada en los vídeos y grabaciones del suceso que revelaban la utilización de las llamadas “porras extensibles” de metal con las que presuntamente Mª Nieves Nfina fue golpeada en el pecho, pese a que el PSOE había reclamado cuando se encontraba en la oposición municipal la eliminación de estos bárbaros instrumentos, y la desproporción de un operativo nocturno con una docena de dotaciones de policía local y dos nacionales para un aparente mero trámite administrativo de licencias tras el cierre de actividades de la conocida como “Casa de Camerún” valenciana donde se produjeron los hechos.

A la irregularidad aparente de la actuación policial se añadían las acusaciones no contrastadas de los vecinos sobre turbias connivencias entre un extorsionador inmobiliario de la zona y ciertos policías locales, que podrían estar detrás de tan desmesurada actuación.

Pese a todo ello, tras muchas reuniones y disensiones incluso entre el propio equipo de gobierno municipal, el alcalde Joan Ribó y su Concejala de Seguridad Ciudadana, Anaïs Menguzzato (PSPV), considerada entre su propio funcionariado como el núcleo duro municipal de los intereses policiales más rancios, la investigación interna fue oficialmente zanjada sin asumir ninguna responsabilidad política ni policial por aquellos hechos, y además con la afirmación de que el Protocolo de actuación policial fue adecuada y proporcionadamente aplicado, lo que motivó la indignación del pasado domingo y el slogan de la convocatoria contra el Racismo Institucional.

Foto: Gary Eteo Loka

Hasta aquí, el episodio no difiere mucho de otras denuncias de brutalidad policial y de cierre de filas de sus responsables políticos con las versiones policiales, siempre en ventaja probatoria frente a los ciudadanos ante los tribunales, generalmente poco dados a investigaciones profundas en cuestiones de orden público.

Lo que desata todas las alarmas es que lejos de conformarse con estos cierres políticos de expediente en su favor, garantizando así la impunidad de los “malos policías”, se viene observando desde hace un tiempo cómo sindicatos policiales y sus entornos han pasado ferozmente al contraataque frente a quienes investigan o denuncian sus presuntos abusos, tanto por la vía legal de denuncias judiciales como de manera anónima a través de redes sociales, incluso con amenazas de muerte. Y eso sí es relativamente novedoso en España, pero nada nuevo en otros territorios.

Hace 5 años, dos defensoras de derechos humanos de Guatemala explicaban en el Colegio de Abogados de Valencia, cómo la estrategia de la extrema derecha vinculada a los intereses empresariales y militares en Centro América frente a los defensores de derechos humanos contra el extractivismo feroz que se impone por la fuerza en aquellos territorios, pasaba por una doble amenaza constante: la reiteración de amenazas anónimas de muerte (a veces cumplidas como en el triste caso de Berta Cáceres y tantos otros activistas medioambientales) y al mismo tiempo en otros casos las detenciones arbitrarias bajo falsas y gravísimas acusaciones para abrir procesos judiciales que nunca llegaban a concluir en juicio. Una de las activistas, aún con dos balas en su cuerpo producto de la represión paramilitar, explicaba que la apertura de procesos judiciales indefinidos y sin conclusión era una estrategia con la connivencia judicial para mantener permanentemente intimidadas a las activistas que lo sufrían, de forma que condicionara su actuación en el futuro.

España no es Guatemala, pero desde la tristemente célebre Ley de Seguridad Ciudadana que, aunque finalmente suavizada en las sanciones, respondía sobre todo a las presiones policiales para reprimir con mayor cobertura legal el levantamiento general de la ciudadanía desde el 15-M y el movimiento de las Mareas, y en particular desde que el referéndum catalán ha tensado la cuerda de la desobediencia civil este verano, las respuestas del entorno policial se han vuelto cada vez más y más intimidatorias para la ciudadanía.

De manera insólita para una ciudad relativamente pacífica, y más con un gobierno municipal supuestamente de izquierdas como Valencia, al mismo tiempo que la Concentración antirracista se llevaba a cabo con presencia de policías infiltrados de paisano grabando los discursos y tomando nota sin disimulo alguno (para que se notara su presencia desafiante), todos los sindicatos policiales del consistorio (incluyendo CCOO y UGT) daban a conocer un comunicado conjunto en el que se quejaban a la Delegación de Gobierno (PP) por haber autorizado la concentración, y exigían a la corporación local iniciativas judiciales contra los convocantes por “fomentar el odio contra la Policía”.

Del mismo modo, algunos organizadores se quejaban de haber recibido amenazas anónimas directas por vía de redes sociales, en una cuasi repetición de lo que aquellas activistas guatemaltecas habían contado 5 años antes.

Y eso pese a que solo unos días antes, el portavoz de la Asamblea convocante, el veterano militante antirracista Papa Balla Ndong había aclarado en la valenciana Radio Klara: “No se trata de que este racismo institucional está dentro de todas las fuerzas y cuerpos de seguridad. No. No decimos esto. Es como la Islamofobia, no podemos generalizar. Son una serie de elementos que están dentro, que no favorecen la convivencia ni la cohesión social” en un mensaje idéntico al discurso reciente de un activista de Black Lives Matter en un mítin de seguidores de Donald Trump en USA hace una semana. No son todos, no se denuncia a todos, por lo que el comunicado sindical carece de fundamento y retrata su corporativismo encubridor.

Nuestra foto-reportera y compañera en El Salto y otros medios, Eva Máñez, que fue testigo presencial por su vecindad con el lugar de los hechos de la detención de Mª Nieves Nfina, también fue objeto de estas amenazas nada veladas en su momento, conspirando con una supuesta encerrona política contra la Policía Local, por el mero hecho de encontrarse en el lugar (en el vídeo difundido de la detención se ve como los efectivos policiales se encaran con los vecinos de forma intimidatoria para que no graben). La clásica estrategia de silenciar testigos.

Pero el caso valenciano no es el único. La semana pasada el Sindicato de Portuarios de CNT en Barcelona, con cierto humor, denunciaba las continuas amenazas de muerte que estaban recibiendo desde que hicieron público su negativa a abastecer a los barcos atracados en el Puerto de Barcelona con refuerzos policiales a bordo.

La escalada de intimidación policial a través de los sindicatos policiales y sus entornos bajo el anonimato que facilitan las redes sociales, parece un patrón que se repite casi sistemáticamente frente a activistas y periodistas desde que comenzó el verano en toda España, hasta el punto de que en Twitter se ha creado un haghstag bajo el descriptivo nombre de #DefenderAQuienDefiende.

La activista de derechos humanos en Ceuta, Helena Maleno ha tenido que sufrir toda una campaña de intimidación, amenazas y desacreditación pública por parte de la Guardia Civil y su entorno, por su actividad de denuncia constante por los abusos policiales en frontera a través de su ONG “Caminando sin Fronteras”, al punto que ha tenido que pedir la protección de organizaciones internacionales

El Observatorio para la Protección de los Defensores de Derechos Humanos se hizo eco de las amenazas de las asociaciones de la Guardia Civil y su entorno en Ceuta y Melilla para recordar que no era un hecho aislado, sino que la estrategia respondía a un patrón sistemático contra los activistas y organizaciones que se atreven a denunciar públicamente las presuntas irregularidades policiales, en la Frontera con resultados además de muerte y graves lesiones

Casi en paralelo a finales de Agosto trascendieron las gravísimas amenazas de muerte combinadas con advertencias de querellas del SUP-Navarra contra la periodista de ctxt.com y Las Mañanas de Cuatro TV, Cristina Fallarás, a cuenta de una pretendida defensa del entorno etarra, por criticar en público actos vandálicos con pintadas filo-fascistas en un monumento a asesinados republicanos.

Hasta ahora esta escalada de matonismo filo-nazi instalada entre ciertos sectores de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado o sus entornos familiares, ideológicos o corporativos no ha merecido la atención de los grandes medios de comunicación del Estado y menos aún la depuración de responsabilidades por sus autoridades políticas. Como todo en nuestra vida política, los asuntos se han judicializado indefinidamente, mientras se incuba como natural que la crítica social a determinadas actuaciones policiales pueda ser criminalizada como delito de odio contra la Policía.

Y a ello se unen incluso autoridades políticas de Gobiernos Municipales del Cambio y Sindicatos supuestamente progresistas, como acabamos de ver en Valencia, o como se nos representa habitualmente al SUP (Sindicato Unificado de Policía), no ya en un silencio cómplice con los abusos y amenazas, sino prestando cobertura oficial a esta línea de intimidación a la ciudadanía.

Una deriva tan peligrosa que no puede permanecer sin exigencia de responsabilidades políticas y personales, ni un minuto más, empezando por la izquierda española que en sus gobiernos la ampara y consiente, porque cómo insiste Papa Balla: “Dejar pasar el Racismo Institucional significa consentir el Racismo Social del que éste se alimenta, porque son dos partes proporcionales de una misma manzana, y la ciudadanía no puede permitírselo”.

NOTA.- Este artículo, reeditado, abreviado y con distinto título fue publicado el 25-9-2017 en El Salto – Diario como artículo de opinión y puede consultarse aquí: https://www.elsaltodiario.com/opinion/cuando-la-policia-es-el-trol-en-internet

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