¿Madrid – Barcelona, eje del cambio?

Carlos Montouto

Después de la confirmación de la condena de ALFON por el Tribunal Supremo, se comprueba una sospechosa correlación entre el caso del 4-F que organizó gran revuelo mediático en Barcelona con el documental “Ciutat Morta” y lo sucedido con Alfon en Vallekas.

En ambos casos los procesos estuvieron plagados de irregularidades policiales y las condenas (incluso en el caso de Barcelona aumentada en el TS) basadas exclusivamente en el testimonio policial de las respectivas detenciones, desoyendo cualquier otra prueba que desmintiera o contradijera aquel, algunas de ellas, muy contundentes. Echen un repaso al resumen del Juicio de Alfon celebrado en Noviembre de 2014.

Más allá de la carga ideológica franquista de buena parte de las actuaciones policiales en materia de investigación político-social, lo peor es la sensación de que la mal llamada democracia española, salvo unos primeros años de actuación decidida del Tribunal Constitucional a finales de los 70 y los primeros 80, ha estado siempre tutelada, cuando no directamente secuestrada por una interpretación judicial del orden público anudada directamente con el tardo-franquismo por el cual la calle es mía y cualquiera que la desafíe es un enemigo del Estado, y como tal debe ser tratado.

Dicho de otro modo, la eficacia represiva del Estado solo se garantiza adjudicando a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado el mantra de veracidad e impunidad. Por eso, las condenas del TEDH o las minoritarias Sentencias internas que sientan la doctrina de que en materia penal, la versión policial no tiene mayor valor probatorio que la del acusado, incluida la legendaria Sentencia de Manuela Carmena como jueza de la Audiencia Provincial de Madrid en 2010 que así lo afirmaba, son directamente inaplicadas por el Supremo y por la gran mayoría de los jueces penales españoles, aunque luego les cueste la reprimenda general del TEDH como en el caso de la doctrina del caso Parot o en el caso de la condena a Otegui por injurias al Rey, tan reciente.

En este orden de cosas, donde los conceptos tan antidemocráticos y pre-constitucionales están tan anclados en las estructuras de mando policiales, y lo que es peor en la carrera fiscal y judicial, miren si no la resurrección de la Brigada Político-Social al estilo del TOP de tan infausto recuerdo, con esos informes de investigación policial sobre personas concretas sin ningún encargo ni control judicial que se han desvelado en el caso Alfon, con las actuales herramientas legales y estructurales con las que contamos no puede garantizarse en modo alguno el derecho a la presunción de inocencia y el derecho a un juicio justo y con todas las garantías en España, cuando se trata de activismo político, por mucho que el artículo 24 de la Constitución, diga lo que diga.

Por eso mismo, CABE EMPEZAR A EXIGIR DESDE YA A LOS PARTIDOS QUE PRETENDAN UN GOBIERNO DE UNIDAD POPULAR QUE PUEDA SURGIR DE LAS ELECCIONES DE NOVIEMBRE, dos actuaciones inmediatas e irrenunciables, que debieran ser prioridad absoluta en materia de regeneración democrática y protección de los derechos humanos:

1.- Una profunda reforma legal tanto de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, como del Código Penal (y su lamentable castigo preventivo en función de quien seas “por si acaso haces algo un día” a través de las Medidas de Seguridad indefinidas de Gallardón) y de los Protocolos e Instrucciones de Actuación de las FyCSE; que cierre la puerta a las interpretaciones franquistas del orden público, el uso del espacio público con sus intereses en conflicto y el derecho a la protesta, que se vienen observando entre policías, jueces y fiscales, imponiendo graves sanciones por incumplimiento y dotación de medios a organismos independientes de control para evitar el corporativismo habitual en estos poderes del Estado, con eliminación automática de ficheros y bases de datos policiales elaboradas sin encargo ni control judicial. Solo les falta ya reinstaurar la Ley de Vagos y Maleantes y sus correspondientes antecedentes policiales con arreglo a la misma.

2.- Una profunda limpieza (no me gusta llamarle “purga”, pero no habrá más remedio) en la cúpula del Ministerio del Interior, de la Fiscalía General del Estado, de la Abogacía del Estado, y por supuesto de la Judicatura, que exigja además responsabilidades penales personales y directas a los artífices de esta barbarie, por muy don importantes que sean, para acabar de una vez con la adscripción política disfrazada de experiencia y meritocracia, sobre todo en materia de juicios penales o administrativos que afecten a derechos fundamentales, especialmente a los de expresión, reunión y manifestación.

Claro que esto será una tarea titánica que exigirá tener mucha autodeterminación en el Gobierno de Unidad Popular que salga de las urnas (suponiendo el relevo del PP y que tal Gobierno Unitario se llegue a consolidar) y un apoyo permanente y muy numeroso en las calles de toda clase de ciudadanía y movimientos sociales, que está por verse. En todo proceso de transformación, la acción revolucionaria de Gobierno siempre se ha visto obstaculizada, cuando no derrotada, justamente por el uso político de los Tribunales por parte de quienes controlan los verdaderos poderes del Estado, y aquí no va a ser la excepción. Todo lo contrario. En definitiva tenemos que reclamar a Podemos, principalmente, que no mire a otro lado, y ponga en uno de sus primeros lugares de su hoja de ruta, que haga lo que Felipe González y Alfonso Guerra prometieron hacer y no hicieron cuando llegaron al poder en 1982: reformar la Administración del Estado franquista de arriba a abajo. En su lugar fue la Administración franquista, especialmente sus cloacas de Interior, la que los reformó a ellos (GAL, Ley Corcuera, Roldán, etc.).

De otro modo, seguiremos condenados eternamente a ser rehenes de nuestro pasado más tenebroso y cruel, al que casi todos, empezando por la mal llamada izquierda, preferimos no mirar, como si fuera a desaparecer.

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