El Vaivén de Rafael Cid

“La resistencia es fundamental en la vida democrática”
(Tzvetan Todorov)

En las últimas cuarenta y ocho horas las autoridades han ejecutado dos operativos policiales de gran impacto mediático. La Operación Neptuno, para detener a los responsables de la muerte del aficionado del Deportivo, y la Operación Pandora, encaminada a desarticular el “terrorismo anarquista”. Un somero análisis de los dos “golpes”, realizados cuando aún estaba fresca la tinta del pacto social entre el gobierno, patronal y CCOO-UGT, muestra aspectos que desdicen del Estado de Derecho y nos acercan a la cruda realidad de un Estado Policial. Veamos.

1. La sincronización de las dos operaciones, con la extraordinaria movilización de efectivos humanos y recursos que ello representa, permite sospechar que el plan del ministro que concedió la medalla policial a la virgen María del Amor fue diseñado para justificar la “ley mordaza” antes de ser definitivamente validada por el Senado, y de paso escarmentar a ese 82% de los españoles que según una encuesta de Metroscopia rechaza la contrarreforma.

2. Las dos intervenciones tuvieron un tratamiento mediático de distinto rasero. Hubo un derroche de imágenes para mostrar a la opinión pública la detención de los miembros del movimiento libertario, y un deliberado solapamiento visual en el caso de los ultras del Frente Atlético presuntamente implicados con el homicidio del hincha coruñés.

3. La cobertura informativa, además, fue inversamente proporcional a la gravedad de los hechos que se imputan. En el asunto del “terrorismo anarquista”, los cargos no incluyen atentados contra personas. Por el contrario, en el atestado sobre los grupos neonazis se indaga la muerte violenta de una persona. Con el agravante de que en relación con este crimen han sido detenidos un miembro de la Guardia Civil y un integrante de la Unidad Militar de Emergencias (UME).

4. Interior y la Audiencia Nacional instaron esta última acción (autorizada por Javier Gómez Bermúdez, tres veces condecorado por la Policía; el juez que reveló los datos confidenciales del 11-M utilizados por su esposa en el libro La soledad del juzgador) con alarma social al ofrecer cortes de video de los antidisturbios entrando en las casas okupas y ateneos por el método de la patada en la puerta. Sin embargo, a pesar de su mayor trascendencia delictiva, no consta testimonios sobre irrupciones semejantes en las viviendas o cuarteles donde se refugiaban los componentes de la trama de extrema derecha de inspiración paramilitar.

5. Solo la detención de activistas libertarios provocó movilizaciones de solidaridad en sectores de la población que se manifestaron por las calles de Madrid y Barcelona pocas horas después de conocerse los asaltos policiales. Lo que demuestra, por un lado, el arraigo social de los detenidos y, por otro, que la “ley mordaza” encubre una “ley antianarquista” de amplio espectro. Seguramente ante la evidencia de que son especialmente estos colectivos antiautoritarios los que no se resignan a canalizar la resistencia exclusivamente en el marco electoral. Como acaba de demostrar la reciente vuelta a las calles del movimiento 22M.

6. Hasta el momento de escribir estas líneas no se tiene noticia de que ningún partido de izquierda con representación en el Congreso, de los que evidenciaron su rechazo a la “ley mordaza” posando en sus escaños con pañuelos tapando la boca, haya hecho público su rechazo por la acción represiva de Interior y la Audiencia Nacional contra colectivos de la sociedad civil autogestionarios y centros sociales que siguen el ejemplo de dinamización ciudadana de Can Vies.

La criminalización de la resistencia y de la protesta social es una signo más de la violencia estatal, que sumado a la institucional inoculada por la crisis y el posterior austericidio impuesto por los gobiernos de izquierda y derecha, remite a un fin de ciclo de un sistema-régimen en deriva autocrática, como indican sumarialmente las propias encuestas oficiales. España es el país de la Unión Europea con más presos y policías por habitante y a la vez es donde se registra menor tasa de delincuencia. Para un Estado terminal, “fabricar” terroristas a los que aplicar el código penal del enemigo, para consumo del traumatizado electorado, entraña un problema de supervivencia y demuestra su negacionismo democrático.