El Vaivén de Rafael Cid

La historia económica de España confirma que cuando el Estado puede ser devorado por la deuda pública, la oligarquía dominante maneja los hilos de los gobiernos para forzar una salida de emergencia echando mano de políticas desamortizadoras que encubren saqueos sociales y nuevas acumulaciones de capital. Ocurrió en el siglo XIX, con las grandes desamortizaciones (la de 1798 fue unilateralmente dirigida contra los jesuitas) lideradas por Juan Álvarez de Mendizabal en 1836 y Pascual Madoz en 1855, y está próximo a repetirse ahora como estrategia del Poder para que la crisis de los de arriba la paguen los de abajo. Como siempre. Pasan los siglos pero no el ADN del Estado. Un Estado-nación que teóricamente encarna lo público pero que cuando la coyuntura viene de malas se convierte en el ogro filantrópico de la sociedad para salvar a la clase dominante. El Estado son ellos. Ayer, hoy y mañana, si se sigue confundiendo los bienes públicos con los bienes comunes. Lo público estatal es una franquicia del sistema y lo común, por el contrario, lo anti-sistema y la fuente de la que mana la democracia económica y el autogobierno.

La fama milagrera (taumaturgica) que acompaña al Estado del siglo XXI no se corresponde ya con la realidad. Vive de las rentas. El recorrido del Estado liberal al neoliberal como fase civilizatoria más avanzada, tras dejar atrás al régimen feudal, está agotado. La expansión industrial y las innovaciones tecnológicas que, lejos del determinismo marxista, exigían su correlato modernizador en la “superestructura” institucional, imponen un modelo de Estado de “puertas giratorias” para salvar los muebles hasta que la crisis desflore en esa prevista etapa superior de explotación llamada globalización. El porvenir una vez más inalcanzable, por venir.

De ahí que la crisis actual se caracterice por una enorme confusión en cuanto al rol y función de ese Estado campeador. Las clases bajas, a través de sus oráculos ideológicos de la izquierda nominal, se aferran al residual prestigio social del Estado clamando por más Estado y más regulación como tabla de convicción. Por contra, las clases hegemónicas, conocedoras de los mecanismo que modulan el artefacto estatal, no dudan en aparcar la doctrina del laisser faire para correr a ponerse bajo palio del Estado, en lo que constituye una fase más decisiva y perniciosa del tradicional proteccionismo mercantil. La mano invisible, como la providencia divina, asume la deriva poliédrica de la política al uso (puertas giratorias) convirtiendo la “marca Estado” en una simple bandera de conveniencia, aunque cierta izquierda autoritaria y atávica crea que enarbola un as de oros.

Hechos son amores. La característica esencial de la coyuntura recesiva actual, aunque no enteramente inédita, tiene un perfil que por osado e impune la hace paradigmática: su saber hacer (know how) consiste en socializar las pérdidas y privatizar las ganancias. Desde la legalidad del Estado y con la espontánea legitimidad que la confianza de las clases desposeídas le otorgan. Como bien dice el constitucionalismo crítico que unos pocos y dignos académicos sostienen contra corriente, como el catedrático Carlos del Cabo Martín, hoy “asistimos a la privatización de lo público, pero además, se hace público lo privado, identificando privado con interés general, y transfiriendo fondos públicos para rescatar intereses privados”.

Todo ello en un totum revolutum que en nada ayuda a la necesaria transparencia política. Sin diferencias notables a diestra y siniestra, se privatizan entidades semipúblicas como las Cajas de Ahorro, sector que representaba casi el 50% del mercado financiero, y se crea un Fondo de Reconversión Ordenada Bancaria (FROB) sostenido con fondos públicos desde la izquierda en el poder, y desde la derecha sucesoria se asume otro salvavidas con garantía del Estado para la gran banca de cerca de 60.000 millones de euros, mientras unos y otros, en armonioso tándem, aplican políticas eufemísticamente denominadas de austeridad para imputar la crisis a sus víctimas.

El ejemplo más cínico y esperpéntico de este consenso antisocial perpetrado al alimón por los partidos dinásticos dominantes está en la privatización de Cajamadrid por el gobierno del PSOE con ayuda de dinero público cuando se presumía que entrara en ganancias y la consecuente reversión a entidad pública de su sucesora Bankia en el momento en que implosionó el fiasco bajo el ejecutivo del PP. Todo con el aval del Estado, desde el Estado y para el Estado…que son ellos. No por casualidad, tanto la derecha como la izquierda institucional llevan en su código de barras apellidos simulacro. Uno importa en su divisa la O de Obrero y su revés en la trama la P de Popular. Atributos más que suficientes para ostentar la representación de un Estado que por antonomasia, incluida la izquierda más fundamentalista, es considerado como un tótem social.

Pero volvamos al capítulo de las desamortizaciones. Distintas y distantes, casi siempre las desamortizaciones han tenido buena prensa de parte de historiadores y juntaletras. Prueba de que el dominio cultural es una condición necesaria, aunque no suficiente, para el control social. La primera desamortización de 1836, la de Mendizabal, fue de carácter eminentemente eclesial. O sea, sacó al mercado en su gran mayoría bienes raíces de la Iglesia. Eso que se conoce como “manos muertas” para remarcar su carácter de improductivos, ociosos, situados al margen de la sociedad y por tanto privador de recursos imprescindibles para su justo mantenimiento. Esta desamortización que, según la letra de la orden ministerial que la publicitaba, pretendía dinamizar la economía de los sectores sociales más desfavorecidos, terminó “colocada” en manos de las clases altas, que lógicamente eran las que por su nivel de renta podían pujar con éxito en tamaña subasta. En buena parte, esa desamortización (y la siguiente) dibujó el mapa de la actual España latifundista. El Estado no hace prisioneros.

La segunda desamortización, la de 1855 de Madoz (entre una y otra Marx y Engels habían publicado el Manifiesto Comunista postulando que “la emancipación de los trabajadores sólo puede ser obra de los trabajadores mismos”) operó como un cañón giratorio. Disparó en todas las direcciones. No sólo continuo desamortizando los bienes del rancio catolicismo patrio, sino que con ese espantapájaros lanzó sus garras sobre los bienes comunes que desde siglos constituían patrimonio exclusivo y excluyente de villas, aldeas y parroquias en territorio rural. Con ello el Estado-nación (liberal entonces, neoliberal hoy) marcaba la primacía del mercado y del individuo posesivo y monadista frente al interés general de la comunidad. Bumerán legal que, de paso, asestaba una puñalada por la espalda a los seculares hábitos de gestión democrática (añadir “directa” es un pleonasmo; la democracia es por definición directa o no es) con que los lugareños atendían la autogestión de lo procomun. La democracia representativa (“lo llaman democracia y no lo es”) se hacia así hueco en la historia política de España.

Viene todo lo anterior a cuento de las desamortizaciones a que estamos asistiendo en estos momentos con la impunidad que proporciona haber sido fecundadas desde el púlpito estatal y bajo el paraguas ensordecedor de la catarsis provocada en la sociedad por los dramáticos ajustes y recortes económicos. Desde que el 12 de mayo de 2010 el jefe del gobierno socialista José Luis Rodríguez Zapatero encomendó el país a la “intervención” de los mercados y la troika, se ha producido una gran desamortización y se preparan otras bajo el impulso de la derecha ahora en el Poder, con la empatia cómplice de los agentes sociales (partidos y sindicatos sobre todo) que en principio deberían velar por el interés general.

La primera desamortización de esta crisis fue la extirpación de las Cajas de Ahorro del panorama financiero español por el PSOE, un hecho que ha merecido el calificativo de “El mayor desmán financiero de nuestra historia” por el catedrático de Política Económica Antón Costa. Un partido que lleva en sus siglas las términos “socialista” y “obrero” entregó a la banca privada la única herramienta crediticia que tenía como misión la ayuda al ciudadano más humilde y la promoción de regiones deprimidas, gracias a no repartir dividendos y dedicar un considerable ratio de sus ganancias a obras sociales. Esa desamortización antisocial se realizó a la luz del día, sin encontrar oposición en las instituciones, con el beneplácito consorte de los medios de comunicación y la indiferencia de la opinión pública (casi siempre mero calco de la opinión publicada). Eso antes de lanzar una campaña estigmatizadora sobre las presuntas maldades de unas Cajas ineficaces y corruptas que abonó el rechazo social necesario para su impune liquidación. Lo que los mercenarios del poder ocultaron era que años atrás partidos y sindicatos habían infiltrado las direcciones de esas entidades forzando inversiones de riesgo para que estos “representantes públicos” pudieran esgrimirlas como éxitos personales en las elecciones.

Y en este 2012 el Partido Popular, sobre los raíles ya puestos por el PSOE, vuelve a las andadas de las “desamortizaciones por nuestro bien”. Dos leyes que afectan al medio natural y cuyas últimas redacciones tienen sólo 3 años de diferencia, están en el punto de mira de la derecha como medio de aprovechar la crisis para “hacer patria” entre los de su clase y de paso “hacer caja” para sufragar la deuda soberana acumulada al prohijar la deuda privada-empresarial con la ayuda del Estado. Nos referimos al anteproyecto de la Ley de Costas que modificará la existente de 1985, y la todavía en el cajón del ministerio de Administraciones Públicas, pero igualmente ecocida, modificación de la Ley de Bases de Régimen Local de 1988.

El anteproyecto de la Ley de Costas con su modificación del Dominio Público Marítimo Terrestre (DPMT) se hace, ¡faltaría más!, para racionalizar el medio natural y adaptarlo a los tiempos que corren. O sea, por “nuestro propio bien”. Pero las previsibles consecuencias lo denuncian. La mano invisible se quita la careta para amnistiar a los privilegiados que poseen villas y casoplones invadiendo el DPMT, con una gotas de beneficencia de propina tolerando chiringuitos y dejando al arbitrio del caciquismo político permisos en zonas y lindes de difusa demarcación. El resultado es que después del boom del ladrillo, con sus desastres consiguientes en el litoral y la corrupción generada en las avarientas corporaciones locales, los mismos que cebaron la bomba de destrucción masiva del cemento vuelven a la carga con más de lo mismo pero con sordina.

Y para los postres, la tercera desamortización. Un obús contra la línea de flotación del abnegado mundo rural. La propuesta de reforma de la Ley de Bases de Régimen Local, con la indecente excusa de reducir el número de políticos por razones de austeridad, busca eliminar del mapa municipal a todas las entidades locales que tengan menos de 200 habitantes, reagrupando sus activos y atribuciones en las antidemocráticas y franquistas Diputaciones. Una medida que como la de Madoz en su día puede suponer lisa y llanamente el expolio de los bienes comunes afectos a esos entes confiscados de facto por la voracidad de unas Diputaciones penetradas por la casta política, como antes las Cajas de Ahorros.

La dimensión del atropello es de aúpa y persigue una enmienda a la totalidad de la sociedad civil precisamente cuando mucha gente en el país está descubriendo los beneficios de la acción directa en las movilizaciones del 15-M y el 25-S, al tiempo que dicen adiós al mito estéril de la “democracia representativa”. Porque además de dejar en la indigencia (para solaz de la beneficencia eclesial) a importantes contingentes de la población más vulnerable, al quitarle los frutos de sus bosques y montes comunales, labradios, ganadería, silvicultura, leña, resina y otros recursos comunes, intenta segar de raíz la “cizaña” de democracia auténtica que significa el Concejo Abierto, la asamblea deliberativa, representativa y ejecutiva de paisanos y paisanas para gestionar directamente (autogestionar) el procomun que generaciones anteriores legaron con su sacrificio y determinación.

La suerte está echada. Con esta perspectiva legal (desregulación reguladora desde un Estado-nación que ha cedido soberanía clave a instancias supranacionales) seguramente cobra una dimensión inédita esa otra mano invisible que mece los incendios en el ignoto medio rural. Pero eso no parece conmover a quienes ostentan la condición constitucional de ser los canales esenciales de la representación política. Máxime cuando ante las demandas de autodeterminación de las comunidades históricas, los guardianes del statu quo están cerrando filas en torno a su amenazante artículo 8:“Las Fuerzas Armadas, constituidas por el Ejército de Tierra, la Armada y el Ejército del Aire, tienen como misión garantizar la soberanía e independencia de España, defender su integridad territorial y el ordenamiento constitucional” .

Todos ellos, juntos y revueltos. La derecha de toda la vida, impasible el ademán,y la izquierda beata del consenso y la “modélica transición”. El socialismo de cátedra que renegó estatutariamnete del derecho de autodeterminación y el comunismo carrillista que aceptó impúdicamente la Monarquía del 18 de Julio y denostó la República. No hay ética sin estética. Con esas espaldas bien guardadas, el Rey y “generalísimo” de las Fuerzas Armadas se ha atrevido a alertar a tontas y a locas sobre los peligros de “perseguir quimeras”, y a su vera el expresidente socialista Felipe González acaba de tronar abriendo campaña en Euskadi con un “no habrá independencia en ningún territorio español, en ninguno”. Le faltó decir “por encima de mi cabeza”.Tal profusión de fe centralista ha sido refrendada incluso, por la Conferencia Episcopal, para que nadie falte en el podio del nacionalicatolismo. Y con razón, al fin y al cabo el Estado amigo socializa sus gastos, cofinancia sus centros educativos, sufraga sus nóminas y la exime de pagar impuestos.

La España eterna, que siente sus privilegios en peligro por primera vez desde transición por una ola democrática que no entiende de escalafones ni de galones. Y sobre todo, lo que resulta más subversivo y esperanzador, porque la irrupción de una generación sin miedo que “lleva un mundo nuevo en su corazón que crece cada instante” ha puesto fecha de caducidad a su farsa. Una nueva famélica legión, versión ni-ni, que con su contumaz indignación revela que a menudo la etiqueta de lo público es el pasamontañas que usa el Estado para suplantar legalmente a lo común, individual, social y colectivo. Porque como dijo Carlos Solchaga, el que fuera ministro de Hacienda de Mister X, “el dinero público no es de nadie”.